El Gobierno barajó entre las medidas del pasado julio una nueva subida del IRPF. Sin embargo, al final se decantó por otros ajustes tras el alza que impuso en enero. Ahora que España negocia con Bruselas el llamado rescate suave, fuentes del Ejecutivo reconocen que el cumplimiento de las metas de déficit será esencial para demostrar la seriedad del país y así obtener unas condiciones menos severas.
Las cuentas públicas de julio se darán a conocer el 31 de agosto. Gastos como el paro o las pensiones suben por encima de lo presupuestado. Y otro tanto sucede con los ingresos, que caen por debajo de lo esperado. Si los datos fiscales se desvían mucho pese al recortazo, Hacienda entonces tendrá que volver a estudiar ajustes, y esta vez la subida del IRPF podrá estar sobre la mesa junto a retoques a las pensiones o los peajes, entre otras.
Pese a que los organismos internacionales desaconsejan las alzas del IRPF debido a que desincentivan el trabajo, el Gobierno considera que este impuesto tiene más capacidad recaudatoria, pues las nóminas no pueden escaparse.
En cambio, si pusieran en práctica nuevos repuntes del IVA tal y como les pide el FMI, éstos tendrían menos efecto sobre los ingresos, ya que provocarían una mayor huida hacia la economía B. No en vano, la recaudación se ha desplomado hasta aproximadamente el 35 por ciento del PIB, unos niveles inferiores a los de Grecia y muy por debajo de la media europea.
El Ejecutivo está también examinando ajustes en las pensiones, precisamente algo que le exige la UE. En lo que va de año, el gasto de esta partida ha subido en torno al cuatro por ciento y los ingresos de la Seguridad han bajado otro cuatro. Mariano Rajoy puede verse obligado a congelar la actualización de las prestaciones y adelantar las reformas del sistema. Introducirán criterios de sostenibilidad que tengan en cuenta el número de beneficiarios y la coyuntura; ampliarán el número de años computados y adelantarán la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación.
Otra medida en cartera es la generalización de los peajes, los cuales podrían emplearse para financiar a unas comunidades autónomas que desde que se inició la crisis han perdido unos 40.000 millones de ingresos tributarios relacionados con la construcción.
