El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) prorrogó en 2013 un contrato millonario de viajes para mayores a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Orizonia, a pesar de que la empresa turística había sido declarada en concurso de acreedores. La contratación con el grupo en el que participaba Orizonia, que protagonizó en 2013 el mayor concurso de una compañía turística española, bordea la Ley de Contratos del Sector Público.
La prórroga del contrato con dicha UTE, a pesar del concurso de Orizonia, en la que también participaban Globalia y Barceló, refuerza la tesis de que estas compañías podrían haber acudido a la contratación del Imserso sin asociarse, por lo que incurrirían en prácticas contra la competencia.
El Imserso adjudicó en noviembre de 2011 contratos valorados en 350 millones de euros a la UTE en la que participaba Orizonia, a través de Viajes Iberia, junto con Viajes Halcón (Grupo Globalia) y Viajes Barceló (Barceló). Entonces el Imserso estaba dirigido por Purificación Causapié Lopesino, que el pasado año sustituyó a Antonio Miguel Carmona como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. El plazo de ejecución de estos contratos comprendía las temporadas desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2013, ambos inclusive, con posibilidad de ser prorrogados por la misma duración, es decir, para las temporadas 2013/2014 y 2014/2015.
El 4 de abril de 2013 Orizonia fue declarada en concurso de acreedores, antes del inicio de la primera prórroga de los contratos con el Imserso. En enero de 2014 se inició la fase de liquidación del grupo turístico.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el ejercicio 2014 del Imserso y llama la atención en su informe sobre la prórroga de este contrato con la UTE en la que participaba Orizonia. El artículo 207.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) preceptúa que la declaración "de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación dará lugar a la resolución del contrato".
La LCSP, en el apartado 5 del mismo artículo 207 precisa que, en caso de declaración de concurso, mientras no se haya producido la apertura de la liquidación, "la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución".
Sobre esta cuestión el Tribunal de Cuentas recuerda que además la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid concluyó en un informe que la declaración de concurso de una empresa "no es causa automática de resolución del contrato", y que, si resultara conveniente para el interés público, la Administración podría continuar con el contrato. No obstante, el Tribunal advierte que la misma junta de la Comunidad de Madrid señalaba en su informe que "no parece lo más conveniente" prorrogar esos contratos, aunque podría hacerse "siempre que la empresa preste las garantías suficientes a juicio de la Administración".
En el caso de la prórroga a la UTE en la que participaba Orizonia, el Tribunal de Cuentas advierte que el requisito de demostrar mantener las garantías suficientes para cumplir el contrato, "no se ha observado en la formalización de las prórrogas de estos contratos".
César Antón, que sustituyó a Purificación Causapié a principios de 2012 al frente del Imserso, ha alegado que el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, "consideró que las otras dos empresas integrantes de la UTE aportaban la suficiente solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la ejecución del contrato".
La alegación de Antón viene a reforzar la tesis por la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Halcón Viajes y a Viajes Barceló por prácticas anticompetitivas en los concursos de viajes del Imserso. La CNMC comunicó este miércoles la imposición de una multa de 1,21 millones de euros a Halcón Viajes y otra de 619.500 euros a Viajes Barceló porque, dada la capacidad de las compañías turísticas, el uso continuado de una UTE en estos concursos "no ha quedado justificado".
Balnearios en concurso
En su informe, el Tribunal de Cuentas ha verificado también "la existencia de diversos balnearios que, en la fecha de suscripción de las prórrogas de los contratos, se encontraban incursos en un procedimiento concursal".
Como en el caso de la UTE de Barceló, Halcón, y Orizonia, el Tribunal indica que no resulta contraria a derecho la formalización de la prórroga de un contrato con aquellas empresas incursas en un procedimiento concursal, si bien resulta necesario que la empresa preste las garantías suficientes que, a juicio de la Administración, permitan garantizar el cumplimiento de la prestación contratada. "Cabe señalar", añade el Tribunal de Cuentas, "que del análisis de los expedientes de los contratos formalizados con los mencionados balnearios no se deduce que se haya exigido a las mencionadas empresas documentación adicional a la aportada en el momento de la licitación".
