La Sala II del Tribunal Supremo ha determinado que las indemnizaciones civiles que deben pagar los acusados por el caso Banco de Valencia deberán pagarse al FROB y no a CaixaBank, como dictaminó la Audiencia Nacional, considerando que fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria el perjudicado por las irregularidades que se llevaron a cabo en la entidad.
En su fallo, el tribunal ha condenado a tres años y ocho meses de prisión al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra Soria por un delito continuado de administración desleal. Como cooperadores necesarios del mismo delito, ha condenado a un año y medio de prisión al exdirectivo Alfonso Monferrer Duandí y a un año, un mes y quince días a los empresarios Salvador Vila Soria y Juan Bautista Soler Luján.
La Audiencia Nacional había condenado a cuatro años de prisión a Domingo Parra, a seis meses a Monferrer y a cuatro meses a Vila y a Soler.
Más condenas
El Tribunal Supremo ha rebajado la condena del exconsejero delegado al considerar que la Audiencia Nacional no justificó adecuadamente la individualización de la pena, mientras que ha elevado la del resto de acusados por considerar que no son cómplices, sino cooperadores necesarios del delito continuado de administración desleal, como pedía la Fiscalía.
El Tribunal Supremo ha confirmado que Parra y Monferrer deberán pagar una indemnización civil de 168 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, mientras que Soler deberá desembolsar 130 millones y Vila, 119 millones de euros.
Pero, al contrario de lo que determinó la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de abril de 2019, estas indemnizaciones no se pagarán a CaixaBank, que fue la entidad que compró Banco de Valencia por un euro, como determinó, sino al FROB, que fue quien tuvo que rescatar a la entidad. El Supremo estima así el recurso interpuesto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Según explica la sentencia, la causa investigó a directivos del Banco de Valencia y representantes de sociedades mercantiles que convinieron una serie de préstamos y líneas de crédito ruinosas para Banco de Valencia mediante negocios altamente especulativos, de manera que se contrajeron obligaciones fraudulentas para la entidad en cantidad millonaria de euros.
Este abuso de funciones provocó que el banco tuviese que ser rescatado por el FROB con dinero procedente de la Unión Europea y terminase siendo vendido a CaixaBank por la cantidad simbólica de un euro.
