Se cumple un año de la toma de control de Indra por parte del Gobierno. Lo hizo a través de los accionistas de referencia: SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Amber Capital (el fondo de inversión que participa mayoritariamente en el Grupo Prisa, con Joseph Oughourlian al frente) y Sapa Placencia.
Fueron momentos turbulentos. Varios consejeros independientes decidieron abandonar el barco justificando su decisión en las presiones para que el consejo se configurase al gusto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Indra es una compañía público-privada estratégica, que participa en los recuentos electorales de distintos países -entre ellos España- y con una considerable división de Defensa.
Precisamente ha sido la guerra de Ucrania parte del impulso en bolsa que ha cosechado la compañía en los últimos doce meses. Si hace 365 días el valor de su acción era de 9,13 euros por título, hoy cotiza a 11,52%.
El pasado 6 de abril su valor alcanzó el máximo histórico en los últimos cinco años, situándose en los 12,69 euros.
Precisamente el año en el que el Gobierno se hacía con el control de Indra se disparaban los contratos públicos logrados por la compañía. De hecho, han aumentado un 22%, hasta los 533 millones, casi 100 millones más que hace doce meses. Es un dato histórico para la empresa en lo que a contratación pública de tecnología se refiere
El enquistamiento de la guerra de Ucrania seguirá presumiblemente insuflando músculo al negocio militar de la corporación. De hecho, Indra está a punto de que más de la mitad de sus ingresos provengan del mercado internacional. En la actualidad la mitad de la facturación corresponde a España y la otra a mercados extranjeros.
Es una tendencia que reconocía la propia Indra en sus resultados anuales. "El conflicto ha llevado a la sociedad europea a tomar una mayor concienciación sobre la relevancia de la Defensa", apuntaba en el informe anual correspondiente a 2022.
El peso de la parte militar provocó que el pasado mes de mayo el grupo de fabricación militar español Escribano entrara también en el accionariado, con una participación del 3%, por la que desembolsó 65 millones de euros.
Precisamente el año en el que el Gobierno se hacía con el control de Indra se disparaban los contratos públicos logrados por la compañía. De hecho, han aumentado un 22%, hasta los 533 millones, casi 100 millones más que hace doce meses. Es un dato histórico para la empresa en lo que a contratación pública de tecnología se refiere.
Nuevo CEO: la pieza que le faltaba al Gobierno en Indra
Una de las piezas que le faltaba por mover al Gobierno de Pedro Sánchez era la del consejero delegado, Ignacio Mataix. No era del agrado del Ejecutivo. Finalmente se acordó que José Vicente de los Mozos tomara las riendas. Es un perfil muy ligado históricamente al sector del automóvil. A renglón seguido, Amber Capital ampliaba su participación en Indra hasta el 7,2%. Esto permite a Oughourlian pedir un sillón en el consejo de administración.
El dueño del Grupo Prisa quiere allanar el camino para la venta de la compañía, operación que sería de su total agrado se hiciese de forma troceada. Oughourlian cree que la parte de tecnología vale entre 1.500 y 2.000 millones de euros, mientras la división de Defensa rondaría los 1.500 millones de euros.
La última operación en la que se encuentran inmersa Indra es la compra de ITP Aero, multinacional dedicada a la fabricación de motores y turbinas, por una cifra cercana a los 200 millones de euros. Esta adquisición es muy interesante para la empresa, ya que a finales del año pasado Indra firmó el contrato para arrancar la fase 1b del nuevo sistema aéreo de combate conjunto europeo (FCAS).
La inversión para el proyecto supera los 100.000 millones de euros. Se trata de la primera vez que España participa en el mismo, y lo hará junto a Francia y Alemania. En esta fase se invertirán 600 millones de euros. La sede estará en Alcobendas (Madrid) y está previsto que se creen 1.000 nuevos empleos, de los que 400 serán de Indra.
