La industria azulejera mira con preocupación los pasos que ha emprendido el Gobierno en un proceso de transición energética, que les afecta especialmente debido al notable peso de la electricidad y el gas en su estructura de costes. El sector, que facturó el pasado año casi 3.600 millones de euros y genera más de 40.000 empleos (de forma directa e indirecta), solicita la creación de un estatuto de consumidores intensivos de gas, al modo del que el Ejecutivo prepara para los de electricidad, aunque no es suficiente. El Plan Nacional de Energía y Clima (PIEC) condena prácticamente a la desaparición a la cogeneración, la tecnología empleada por la industria para abastecerse de energía.
"El modelo español no se ha agotado pero sólo aguantará siempre y cuando no se aprieten determinados botones”, señala Vicente Nomdedeu, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), una patronal consciente de que uno esos botones es el de la transición energética que ha diseñado el Gobierno. "Nosotros estamos a favor, mucho más que otros que dicen apoyarla, pero si se quiere hacer en cuatro días nos perjudicará".
El PIEC pone en peligro la viabilidad de las 28 plantas de cogeneración de las que actualmente se abastece la industria, ya que prevé una reducción de la potencia instalada. Estas centrales propician un ahorro energético del entorno del 20% para las compañías del sector. "Si tenemos que prescindir de ellas, los costes adicionales serán de 50 millones al año", a lo que habría que añadir el cierre de las instalaciones.
Con todo, Nomdedeu admite que no es el factor que más penaliza al sector. En materia de peajes, Ascer calcula que las fábricas españolas pagan un 45% más que sus competidores europeos. "La energía supone un 13% de nuestros costes, especialmente el gas. Si a esto añadimos una subida de impuestos a las empresas, definitivamente no podemos competir con otros fabricantes que, como nosotros, salen al exterior para vender la mayor parte de su producción".
Incertidumbre en las exportaciones
Las exportaciones suponen algo más del 75% de la facturación de la industria azulejera española, que es la tercera que más aporta al superávit comercial. Las perspectivas para el año en curso no son positivas debido a la existencia de varios factores, entre los que se encuentran el proteccionismo, la incertidumbre por brexit, la ralentización del crecimiento global, la competencia creciente de otros países productores (cerca del 90% de la producción mundial de azulejo ya no está en Europa y la emergencia de los materiales sustitutivos para el revestimiento interno y externo de las casas, como los plásticos, las maderas y las alfombras.
En 2018, la facturación subió cerca de un 3%, una cifra sensiblemente inferior a lo previsto debido al fuerte retroceso experimentado por las exportaciones en la segunda mitad del año. "Hasta junio las previsiones apuntaban a un crecimiento de dos dígitos pero todo se vino abajo".
En el primer trimestre de 2019 las exportaciones están creciendo pero a ritmos muy sostenidos. Nomdedeu admite que las fábricas redujeron su producción hasta un 10% en los primeros meses del año, aunque después el recorte se redujo hasta el 6% gracias a un repunte de las ventas que hizo que los stocks se quedaran cortos para atender la demanda.
Hacia un cambio de modelo
Una de las reivindicaciones principales que Ascer le hace al Gobierno es la reindustrialización del país. "El peso de la industria en España es de apenas el 12% del PIB, frente al 20% de la media europea. La industria es la que genera empleos estables y de calidad".
Si los obstáculos detectados persisten o van a más, el modelo funcionará hasta finales de 2020 o comienzos de 2021, como mucho. Hasta ahí le llevará la propia inercia de una industria que tiene en el horizonte, aunque lejano, el desafío de un cambio en el sistema de producción.
"El gas va a terminar desapareciendo y ahora mismo no podríamos producir sin gas. Aún queda tiempo para eso pero ya tenemos claro que algunas medidas, como incrementar el precio de los derechos de emisión de CO2, no son la solución. Sólo provocarán el cierre de todo un sector”.
