La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pepito grillo del Gobierno, se creó mediante una ley orgánica el 14 de noviembre de 2013, cuando Cristóbal Montoro ostentaba el rol del ministro de Hacienda, y desde entonces ha desempeñado una función de vigilancia para garantizar que se cumple "la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española", según recoge en sus Estatutos.
En la práctica, se dedica a la publicación de informes, opiniones y estudios de forma periódica y, de forma puntual, hace trabajos por encargo al Gobierno, como el proyecto de revisión del gasto público (Spending Review) que le ocupa ahora. Para ello cuenta con un presupuesto anual de 7,042 millones de euros, de los que 3,9 millones se destinan a pagar al personal y 2,7 millones a gastos de funcionamiento.
Su Comité Directivo se reparte cada año 553.621,99 euros (cifras actualizadas a cierre de 2018) y está formado por José Luis Escrivá, su presidente, remunerado con 139.951,35 euros al año; Cristina Herrero, directora de la división de Análisis Presupuestario, que recibe 139.451,29 euros; Carlos Cuerpo, director de la división de Análisis Económico, 136.524,27 euros, y Diego Pérez Martínez, director de la división Jurídico Institucional y remunerado con 137.695,08 euros.
Cuenta además con 48 funcionarios cuya remuneración conjunta asciende a 1,88 millones de euros al año y que se distribuyen en los siguientes puestos: un gerente, 4 subdirectores, 12 jefes de sección, 18 analistas, 5 vocales, 5 secretarias, una secretaria de presidencia y un puesto de trabajo no definido. De ellos, sólo 16 han sido designados por concurso de méritos y el resto han sido elegidos por libre designación.
4 millones por revisar el gasto público
Además de cumplir con sus tareas habituales, la Airef se ocupa también de los encargos que le hace el Ejecutivo, como la revisión del gasto público (Spending Review) que está llevando a cabo en dos procesos separados: una primera fase que está integrada a su vez por 7 proyectos (de los cuales ya se han hecho públicos 3) y una segunda fase que consta de 4 estudios.
Esta misión le fue encomendada en el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2017, con el Gobierno anterior, que le pidió que revisara cómo se distribuía el gasto público y "detectara posibles mejoras". La Airef presentó acto seguido un plan de acción y le advirtió al Ejecutivo de entonces de que en los informes finales incluiría "recomendaciones concretas (...) con el objeto de complementar los trabajos ya realizados".
El entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente se entiende que el Ministerio de Hacienda, ya que ambos se han separado) es al que se encomendó asumir el coste de 3,8 millones extra.
La primera fase del proyecto le costará al Estado 2,26 millones de euros y consta de 7 proyectos: uno sobre subvenciones públicas (150.000 euros), medicamentos (700.000), políticas públicas de empleo (1,1 millones), becas (80.000), talento y empleabilidad en I+D+i (80.000), competitividad empresarial (80.000) y la empresa pública de Correos (70.000).
Los tres primeros ya han sido presentados y los otros cinco se irán publicando a lo largo de este mes de junio.
En diciembre de 2018, cuando la Airef ya estaba trabajando en estos informes con ayuda del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo le encargó una segunda fase del proyecto para analizar cuatro aspectos: los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los incentivos a la contratación y las infraestructuras del transporte.
Esta segunda fase costará 1,56 millones de euros, según se recoge en el plan de acción. Hacienda tuvo que pagar un 10% a modo de anticipo, tendrá que abonar un 30% en dos semanas (el 28 de junio, cuando la Airef presente un primer avance de cómo va el proyecto), otro 30% en octubre (segundo informe sobre el grado de avance) y el 30% final cuando se entreguen los informes en torno a octubre de 2020.
