Más de 375.000 personas solicitaron a los diferentes ayuntamientos, comunidades y administraciones del Estado el alquiler de una vivienda protegida en 2023, según una pesquisa del Observatorio del Alquiler que integran la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Fundación Alquiler Seguro y la socimi tuTecho, que acaba de estrenarse en la bolsa española con el foco puesto en el sinhogarismo.
El dato que aportan estas entidades ahonda en la presión que existe en el mercado de los alquileres. El parque de pisos con alguna protección pública lleva más de una década estancado en un volumen cercano a las 450.000 viviendas, equivalentes a menos de un 2,5% del total residencial.
Los datos recabados por la Universidad Rey Juan Carlos siguen a los del Banco de España, que ha proyectado un déficit de 600.000 viviendas en general -para compra y alquiler- al cabo de 2025 por el desfase entre la generación de nuevos hogares en el país y la producción de nueva oferta.
30.000 personas sin vivienda
Por otro lado, el mismo estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, apoyado en estadísticas oficiales, llama la atención sobre los alrededor de 30.000 personas que estarían viviendo en la calle en el país, esto es, que no tendrían un techo bajo el que dormir.
En este sentido, la información recopilada a partir de la Encuesta de Personas Sin Hogar, el Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta sobre Integración Social y Necesidades Sociales de Foessa revela que solo el 4% de las personas sin hogar ha solicitado un alquiler social. La mitad de la población sin hogar sería española y la otra, de origen extranjero.
El 80% de los encuestados en situación de sin hogar, han destacado desde la Universidad Rey Juan Carlos, optan por iniciar la solicitud de una ayuda económica en lugar de la de un alquiler aduciendo las mayores dificultades del proceso para acceder a una solución habitacional.
Disparar la inversión o su fomento
En este sentido, un estudio de la consultora Ernst & Young ha cifrado en algo más de 1.000 millones de euros la inversión que precisaría la generación de oferta suficiente para atender a la población sin hogar. Más compleja es la realidad del acceso a la vivienda en general, en el que España está sideralmente por debajo de los niveles medios en Europa.
Homologarse con la media UE en inversión en vivienda protegida requeriría que el Estado duplique/triplique su presupuesto en términos de su peso en el Producto Interior Bruto y/o fomente la inversión privada a la par.
Paralelamente, alcanzar un 20% de vivienda social en 20 años como se ha fijado el Gobierno en la Ley de Vivienda de 2023 requeriría más de 100.000 millones de inversión, de acuerdo a fuentes del sector.
En campaña, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha llegado a prometer que multiplicaría por ocho la inversión anual en vivienda en línea con lo que ha planteado el sector promotor, que sin embargo ve la promesa como improbable. Desde el lado privado se opone además que la creciente regulación del sector del alquiler desde 2019 ha lastrado sensiblemente la inversión.
