España no hace estudios oficiales sobre fraude. Esto es un hecho. Pero puede que la situación cambie a partir de ahora. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) está estudiando con la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) la posibilidad de colaborar para realizar el primero informe periódico sobre el fraude fiscal en España.
Así consta en la documentación que ha elaborado IHE de cara al XXVI Congreso que celebra este año en Gijón (Asturias), donde la organización constata el "alto grado de calidad" de los trabajos de la fundación dirigida por Ángel de la Fuente, especialmente en el área de Hacienda Pública y distribución de la renta.
"No existe en España un informe de referencia sobre el fraude fiscal o el tax gap, más allá de algunas aportaciones académicas aisladas y los consabidos informes internacionales que no siempre consideran adecuadamente las especificidades de cada país", sostienen los inspectores, que creen que la publicación de informaciones periódicas puede contribuir a un mejor conocimiento del fraude fiscal, su magnitud, tipología y causas.
Los inspectores creen que es una forma de mejorar la concienciación de los ciudadanos y erradicar el fraude
Si se llegara a publicar esta información, se ayudaría a la sociedad, a los prescriptores de opinión y a las autoridades en la tarea de concienciación de los ciudadanos y entidades sobre la importancia cumplir las obligaciones tributarias y erradicar el fraude fiscal. Éste es el motivo que ha llevado a los inspectores a estudiar esta posibilidad junto a Fedea.
Según los inspectores, las estimaciones sobre la economía sumergida y el fraude fiscal son una realidad, aunque la administración española no quiera hacer estos informes. Y su uso es cada vez más frecuente entre las administraciones tributarias y las instituciones de la UE. De hecho, algunos países como EE.UU. publican sus propios estudios.
El Gobierno siempre dice que las estimaciones de economía sumergida son inexactas
En España, aparece alguna información en los informes de recaudación tributaria, pero no existe ninguna estimación oficial del fraude o la economía sumergida. Una de las razones es que se suele cuestionar la exactitud, fiabilidad y utilidad de estos informes para la aplicación del sistema tributario. De hecho, el Gobierno ha usado varias veces este argumento. Además, hay un gran riesgo de utilización política y mediática poco rigurosa.
En cambio, los inspectores creen que, a pesar de las limitaciones que evidentemente tienen estos estudios, pueden aportar información valiosa para las Administraciones tributarias y los grupos de interés (políticos, económicos, sociales) si son diseñados y desarrollados adecuadamente.
Uno de los informes que se suelen citar a menudo al hablar de economía sumergida es el Schneider. La propia Comisión Europea ha recurrido a él en varias ocasiones. Según este estudio, el nivel de economía sumergida en España roza el 20% y supera ligeramente la media europea.
