El Ejecutivo pretende incluir en los Presupuestos de 2013 que presentará hoy un aumento en la partida presupuestaria destinada a las pensiones. Esa subida de la partida de pensiones, sin embargo, no vendrá acompañada de un compromiso de compensar a los jubilados por el poder adquisitivo perdido este año, una decisión que el Ejecutivo pretende retrasar hasta noviembre, según han revelado a Vozpópuli fuentes del Gobierno.
En términos prácticos eso significa que los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo este año puesto que la subida en la partida presupuestaria no alcanzará lo que han subido los precios. De hecho, todas las fuentes consultadas descartan que el Gobierno actualice las pensiones incluso en noviembre puesto que –según los cálculos del Gabinete—la inflación prevista rondará entonces el 3%. Compensar a los jubilados por esa desviación del IPC y consolidar esa partida supondría un desembolso de 4.800 millones de euros al año (un 0,5% del PIB, según las cifras que maneja el ministerio de Empleo), una carga que las arcas públicas no pueden soportar si el Gobierno quiere recortar el déficit, admiten esas fuentes.
Mantener el poder adquisitivo de las pensiones supondría 4.800 millones de euros para el Estado
Por ese motivo, el Gobierno ha apostado por una solución de anuncios escalonados. Se elevará primero hoy la partida presupuestaria (que, en teoría, permitiría una revalorización posterior) y se pospondrá la decisión de si se actualizan o no más adelante. Todo indica que no se hará pero las fuentes oficiales consultadas quieren dejar esa puerta abierta cuando afirman que “la revalorización de la partida presupuestaria muestra una intención”.
La périda de poder adquisitivo entre los pensionistas llega 24 horas después de que el Gobierno comunicara a los funcionarios una medida similar. El Gobierno congelará sus salarios durante 2013 lo que en la práctica significa que perderán un poder de compra equivalente a lo que repunten los precios en 2013.
Fátima Báñez y Tomás Burgos chocan con Cristóbal Montoro
Los diagnósticos políticos vuelven a estar enfrentados dentro del Gobierno de Rajoy. Hacienda ha impuesto la solución que se va a anunciar hoy frente a la opinión de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y del Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que apostaban por mejorar de manera sustancial las pensiones.
Hacienda, sin embargo, prefiere guardar la baza de las pensiones ante una eventual negociación con Bruselas sobre un rescate. Además, si el gobierno optara por revalorizar las pensiones con el IPC podría ser un as que jugar antes de las próximas citas electorales en Galicia, Euskadi o Cataluña.
Se penalizarán las prejubilaciones
Además de las partidas presupuestarias, el Gobierno trabaja para impedir las prejubilaciones y llevar la edad efectiva de jubilación de los 63 años actuales a los 65. Para ello, según las fuentes consultadas, el Ejecutivo prevé modificar los llamados “coeficientes reductores” que permiten acceder a la prejubilación.
En la actualidad, el trabajador que se jubila antes de cumplir los 65 años ve como se descuenta un 6,5% de su pensión por cada año en que se adelanta el retiro. Así, quien se jubila a los 64 ve como su pensión pasa del 100% al 93,5% mientras que quien se jubila a los 63 pasa de percibir el 100% de su nómina a un 87%. El Gobierno pretende aumentar esa tasa para penalizar aun más a quienes se prejubilen salvo que aleguen enfermedad o causa justificada. Esa medida será remitida al Pacto de Toledo para que la discuta en el plazo de seis meses.
Cambia el régimen de los planes de pensiones
De igual modo, el Gobierno pretende modificar el régimen de los planes de pensiones privados. La intención del Gobierno es forzar a las entidades que los gestionan a informar al ahorrador de la pensión exacta que percibirá cuando suscriba el producto.
