No hay dieta que valga. Pese a los recortes y las alzas tributarias, el Estado central acumuló hasta agosto un 4,7 por ciento del PIB de déficit, por encima del 4,5 establecido como meta para todo el año. Así que el equipo de Montoro prepara una especie de travesía del desierto para todas las Administraciones de aquí a finales de año.
Hacienda ha ordenado que se detengan todos los desembolsos que no sean estrictamente imprescindibles y que se acaben las transferencias a los distintos órganos del aparato estatal.
Hasta julio, el Estado central había estado anticipando el dinero a los ayuntamientos, autonomías y Seguridad Social. A partir de ahora y hasta que acabe el ejercicio, si la Seguridad Social precisa dinero, tendrá que extraerlo del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones. Si alguna Comunidad requiere recursos, habrá de solicitarlos al Fondo de Liquidez Autonómico bajo condiciones severas. Si los Ministerios quieren gastar, se toparán con que Montoro ha impuesto un decreto de no disponibilidad de créditos por valor de 600 millones en total.
La dieta de Montoro para el Estado central consiste en cerrar el grifo y crear la sequía más absoluta, de modo que el déficit se reduzca por pura inanición. Con el apoyo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el titular de Hacienda “se ha echado al monte”, aseguran fuentes conocedoras de lo que sucede en el Ministerio sito en la calle Alcalá.
El mismo secretario de Estado de la Seguridad Social ya declara que no es un problema que haya que usar el Fondo de Reserva. “El problema sería que no lo pudiésemos emplear”, afirma Tomás Burgos. Sin el efecto de los adelantos, la SS registraría un superávit de 1.280 millones, un 73 por ciento menos que el año pasado, cuando se obtuvo un 0,06 de déficit.
Montoro espera además recaudar unos 2.300 millones más gracias a la subida del IVA en este año, ahorrarse unos 1.000 millones con la supresión de la paga extra a los funcionarios y recuperar ingresos de Sociedades al haberse acabado el impacto del anticipo de este impuesto que aprobó el PSOE en el Gobierno.
Sin embargo, incluso con las medidas los expertos consultados cifran el déficit en el mejor de los casos en el entorno del 7 por ciento para el conjunto de las AAPP, lejos del 6,3 por ciento del PIB exigido por Bruselas.
Para colmo, los analistas apuntan que tradicionalmente suele haber un repunte de las facturas en los últimos meses del año. Y precisamente eso es lo que Montoro y su equipo intentan evitar. Cabe la posibilidad de que incluso trasladen algunas facturas al año que viene.
La actual secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ya recurrió el año pasado, cuando era consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia, a cerrar una parte de los presupuestos tres meses antes y remitir el cobro de algunos proveedores y por tanto ese déficit al siguiente ejercicio.
La recaudación no se recupera y lastra cualquier esfuerzo de ajuste. Los impuestos directos descienden un 2,5 por ciento hasta agosto, mientras que los indirectos se desploman un 7,2 por ciento. Durante los ocho primeros meses del 2012, el Estado central gastó unos 106.000 millones y sólo ingresó unos 66.000 millones. El capítulo de los intereses de la deuda asciende ya a los 20.000 millones hasta agosto y representan un 16 por ciento más que en el 2011. La partida de personal se mantiene en los 17.000 millones para ese periodo.
Los gastos corrientes disminuyen un 25 por ciento hasta los 1.700 millones. Las transferencias corrientes suben un 22 por ciento para situarse en los 60.000 millones. La inversión se rebaja un 31 por ciento y ronda los 2.900 millones. Las transferencias de capital retroceden un 58 por ciento y se quedan en los 2.500 millones.
Por otra parte, Hacienda ha dispuesto que el Estado pague a partir de 2013 todas las partidas que le correspondían pero que siempre costeaba la Seguridad Social. Una de las más importantes es la de complementos a mínimos de las pensiones, un dinero con el que se eleva aquellas jubilaciones que son muy bajas y no alcanzan un cierto poder adquisitivo.
Semejante desembolso pertenece a la cobertura del Estado de Bienestar, supone una decisión política y por tanto debería ser abonado de manera íntegra por el Estado. Sin embargo, se estaban usando para sufragarlos fondos de la hucha de las pensiones financiados por las cotizaciones de los trabajadores. Esta decisión implica que por fin se separan las dos cajas para evitar abusos de los políticos con los ahorros de los pensionitas, tal y como acordó el PP en 2001 con CCOO y CEOE.
Para cumplir con esta aspiración, el Gobierno tendría que entregar anualmente a la Seguridad Social unos 15.000 millones al año por este concepto. Sin embargo, en la actualidad sólo paga unos 9.000 millones, de modo que esta iniciativa también significa que Montoro se verá obligado a 'rascar' unos 6.000 millones más para sus presupuestos de 2013.
