La sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones es desde hace ya muchos años el eje central sobre el que pivotan los Presupuestos Generales del Estado y, por extensión, la política económica de cualquier Gobierno. También es el eje central de las preocupaciones de los organismos económicos internacionales y de las agencias de calificación crediticia. No en vano, pagar las pensiones este año supondrá alrededor del 40% del gasto de todo el presupuesto consolidado de este ejercicio, más de 190.000 millones de euros.
Aunque casi todos los años se retoca de alguna manera la normativa legal del sistema, la principal reforma se llevó a cabo en el año 2011, en plena crisis financiera de los países del sur de Europa, aunque no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2013. Se cumplen, pues, diez años desde su puesta en marcha y es tiempo de sacar conclusiones sobre su efectividad. El entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijo de ella: “es una reforma amplia, como ninguna otra en la historia de España; es una reforma equilibrada y es también una reforma intensa”.
Los puntos más relevantes de esa reforma fueron la elevación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, mediante la aplicación de un periodo transitorio entre 2013 y 2027, para no interferir negativamente en las jubilaciones más inmediatas; la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo del importe de la pensión de 15 a 25 años y la incentivación de la prolongación de la vida laboral.
Diez años después de su puesta en marcha, la reforma ha conseguido retrasar la edad media real de entrada en el sistema público de pensiones a través de la jubilación anticipada en trece meses, desde los 62,1 años en 2014, a los 63,2 del acumulado de los ocho primeros meses del presente año, aunque solo ha logrado posponer la edad de jubilación voluntaria en cinco meses entre esas mismas fechas, desde los 65,6 a los 66 años. En los cinco últimos ejercicios ha pasado de 62,3 años a 63,2 (casi once meses más) en el caso de la jubilación anticipada, y de 65,7 a 66 años, algo menos de cuatro meses, en las ordinarias.
Balance positivo
En lo que sí ha sido más efectiva la reforma de 2011 ha sido en la disuasión del adelantamiento de la jubilación. En 2014, por ejemplo, las altas iniciales de jubilación en la modalidad anticipada ascendieron a 122.772; en 2018, alcanzaron las 142.114 y el pasado año volvieron a las 122.243. En los ocho primeros meses de este año se han producido 67.791 altas, lo que elevaría la previsión para el conjunto del año al entorno de las 102.000 personas. Eso significaría una caída del 16,9% en relación con la cifra de 2014 y del 28,22% si se compara con 2018.
La reforma de 2021, que está plenamente vigente, contempla unos supuestos en los que se puede acceder a la jubilación antes de cumplir los 67 años en 2027. El primero hace referencia a aquellas personas que habiendo cumplido 65 años reúnan al menos 38 años y seis meses cotizados. La otra tiene que ver con dos supuestos de jubilación anticipada con aplicación de un coeficiente reductor del 1,875% o 1,625% por trimestre, según los casos, de la cuantía de la pensión, siempre que se haya cotizado al menos durante 33 años: son la jubilación anticipada voluntaria a partir de 63 años o a partir de 61 años si es por causa no imputable al trabajador en situaciones de crisis empresarial.
En el caso de las jubilaciones ordinarias, el número de altas registradas entre enero y agosto de este año en el sistema, cerca de 121.000, hacen prever un total anual que podría estar alrededor de las 181.500 personas, una cifra que igualaría a la de 2019, sería superior a la del periodo 2014-2017, pero estaría por debajo de las 205.545 altas de 2022 (-11,7%) y también inferior a la de 2021 (192.358). Es también la consecuencia lógica de la aplicación del periodo transitorio, que en 2023 obliga a tener cotizados 36 años y medio.
Profesiones que permiten jubilarse antes
Hay nueve profesiones que permiten acceder a la jubilación anticipada antes los 66 años y medio que se exigen en el presente año. Son aquellas denominadas de “naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre”. Pueden hacerlo incluso a partir de los 52 años, como los mineros, o de 55 años en el caso de los trabajadores del mar. Otras, como el personal de vuelo o los bomberos, artistas...deben esperar a los 59-60 años, además de cumplir con algunas condiciones específicas.
Uno de los factores que más pesa a la hora de decantarse por una jubilación anticipada, esperar a la jubilación ordinaria o prolongar la vida laboral es la cuantía que se va a percibir nada más abandonar el mercado laboral. Normalmente, las jubilaciones anticipadas tienen percepciones más elevadas que las ordinarias. Los que serán sus perceptores tienen carreras muy dilatadas y sueldos más altos que la media nacional.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media de las altas iniciales de jubilación anticipada en los ocho primeros meses de este año ascendió a 1.747 euros mensuales, frente a los 1.295 euros de la jubilación ordinaria. Es un 34,9% más. En el caso del régimen general, la diferencia se reduce algo: 1.793 euros frente a 1.410 (+27,1%).
En el caso de los trabajadores autónomos las cantidades mantienen la relación aunque disminuyen bastante: 1.158 euros frente a 896 (+29,2%). Este descenso en la percepción media explica por qué sólo un 17,1% de las altas iniciales de jubilación de los trabajadores por cuenta propia corresponde a la modalidad anticipada y el 82,9%, a la ordinaria. En el régimen general, los porcentajes son del 39,3% para la primera y del 60,7% para la segunda. En el año 2014, hace casi diez años, un 47,5% de las nuevas altas correspondían a jubilaciones anticipadas y el 52,5%, a jubilaciones ordinarias.
