Las acusaciones personadas en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia esperan que el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la juez Ángela Murillo anuncie su rechazo a la aplicación de la doctrina Botín al caso. El juicio está previsto que se reanude el martes 8 de enero después de que fuera suspendido el pasado 29 de noviembre, tras celebrarse cuatro sesiones.
Representantes de diversas acusaciones con las que ha contactado este diario prevén que la presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal comunique el auto en el que se responda a las cuestiones previas planteadas en las sesiones celebradas a finales de noviembre.
La fiscal defiende la presencia de las acusaciones particulares y populares en el caso Bankia
Entre esas cuestiones previas se encuentra la posibilidad de aplicar la doctrina Botín al caso Bankia. Asociaciones de clientes de banca y de inversores, como Adicae o Aemec, que forman parte de la acusación particular, y la acusación popular -la que encabeza el exlíder de UpyD, Andrés Herzog, junto con el sindicato Confederación Intersindical de Crédito, y la CGT- reclaman condenas no sólo para la antigua cúpula del banco, sino también para exconsejeros, exdirectivos, y el auditor de las cuentas de la entidad, Deloitte, sentando en el banquillo en total a 34 investigados.
La Fiscalía Anticorrupción y el Abogado del Estado sólo han pedido de momento condenas por estafa para Rodrigo Rato, Juan Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, y Francisco Verdú.
Las defensas de buena parte de los acusados han invocado la aplicación de la doctrina Botín al no existir acusación de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado contra ellos.
Dicha doctrina fue establecida en el año 2007 cuando el Tribunal Supremo libró al fallecido Emilio Botín de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito comercializadas por Santander; el alto tribunal consideró que las acusaciones populares no eran suficientes para sentar en el banquillo al expresidente del primer banco español.
Clientes indemnizados
Los abogados de Bankia, y también de su matriz, BFA, han reclamado la expulsión del proceso de los inversores que han recuperado su dinero y que forman parte de las acusaciones particulares. El banco asegura que sólo 205 personas físicas estarían legitimados para formar parte de la acusación, y que en todo caso serían resarcidos con cerca de dos millones de euros.
"La expulsión de las acusaciones particulares y populares dejaría el caso Bankia en nada", advierten representantes de estas acusaciones. "Estamos totalmente legitimados para estar personados y reclamar las condenas, no hemos renunciado a la vía penal", defienden.
Aunque de momento la Fiscalía Anticorrupción ha limitado su acusación a la cúpula de Bankia, en la primera sesión del juicio la fiscal Carmen Laúna anunció que estudia formular una acusación por falsedad contable en relación con las cuentas de 2011 y 2012, lo que posiblemente supondría la ampliación del número de acusados.
Además, la fiscal defendió la presencia de las acusaciones particulares en el caso subrayando la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas de Bankia, ya que puso en riesgo el sistema financiero español, disparó la prima de riesgo, y exigió 23.000 millones de euros de rescate.
