El próximo capítulo judicial de la cruzada que encabeza Florentino Pérez contra la UEFA tendrá lugar nada más y nada menos que en Madrid. El juzgado de lo mercantil 17 de la capital de España tendrá que tomar medidas definitivas sobre la petición de la la empresa de iniciativa de Superliga europea de fútbol de protección presente y futura frente a acciones del ente rector de las competiciones europeas tras el flamante fallo prejudicial emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La jueza Sofía Gil deberá tomar una decisión siguiendo los argumentos perfilados por el TJUE, que ha censurado las sanciones de la UEFA cursadas contra los impulsores del nuevo torneo en 2021 por falta entonces de un reglamento de autorización de competiciones de terceros que diera unas garantías mínimas a los clubes interesados en ir por libre. Paralelamente, los jueces europeos no han cerrado la puerta a avalar futuras represalias por parte del ente suizo siempre que estén debidamente regladas con anterioridad y justificadas con el fin de salvaguardar un modelo del fútbol europeo basado en la completa meritocracia.
Por lo pronto, el Tribunal comunitario ha delegado en el madrileño que avance sobre la causa con atención a otras cuestiones de trascendencia continental en el marco del procedimiento seguido a instancia de la Superliga, con sede en Madrid.
Entre esos otros asuntos que se dejan en entredicho aparece la legalidad del sistema de explotación de derechos comerciales de las competiciones europeas que ejerce actualmente la UEFA, en especial, a través de la venta centralizada de los derechos televisivos. Un extremo especialmente importante teniendo en cuenta que a mediados de 2024 entraría en vigor el nuevo ciclo de contratos televisivos del ente suizo, con una promesa de ingresos de 3.807 millones anuales para el centenar de clubes europeos participantes, por los 4.000 millones que la Superliga ya consiguió en 2021 para un torneo continental de 20 equipos.
Argumentos de la UEFA y Bruselas
Según recoge el TJUE, la UEFA, LaLiga española y la Comisión Europea, así como diferentes gobiernos, han defendido que la venta centralizada por parte del ente suizo permite "lograr incrementos de eficiencia" ya que contribuye a "mejorar tanto la producción como la distribución".
Atendiendo al Tribunal comunitario, los defensores de la venta centralizada y exclusiva de derechos comerciales de la UEFA sobre las competiciones que organiza a terceros "principalmente, afirman que dichas normas permiten a estos compradores reales o potenciales tener acceso, en condiciones determinadas y aplicadas de forma coherente en el ámbito internacional o europeo, a derechos incomparablemente más atractivos que los que les podrían ofrecer conjuntamente los clubes participantes en un partido determinado, habida cuenta de que esos derechos disfrutan del renombre de la FIFA o la UEFA y tienen por objeto, si no la totalidad de alguna de las competiciones organizadas por estas entidades, al menos un conjunto coherente de partidos programados en las diferentes fases de esta competición",
"No obstante", incide el TJUE, corresponderá al juzgado madrileño "determinar el alcance de estos incrementos de eficiencia y, en caso de que se demuestre su realidad y su alcance, pronunciarse sobre la cuestión de si tales incrementos de eficiencia permiten compensar los perjuicios causados a la competencia por las normas controvertidas en el litigio principal".
En otras palabras, el TJUE requiere al juzgado madrileño investigar si las presuntas ventajas de la comercialización de derechos por parte de la UEFA compensan el posible abuso de posición dominante con precios más elevados para terceros que podría, según desliza el mismo tribunal comunitario, suponer la venta centralizada y exclusiva por parte del ente suizo. Y más aún, teniendo en cuenta el antecedente de las sanciones cursadas contra los impulsores de la Superliga en 2021 sin contar entonces siquiera con un marco de autorización de competiciones de terceros
Decisión del juzgado de Madrid con espacio para la Superliga
En suma, el Tribunal europeo también ha impulsado al juzgado de Madrid a determinar, "tras haber dado a las partes del litigio principal la oportunidad de satisfacer la carga de la prueba que respectivamente les incumbe", si la venta centralizada de derechos por parte de la UEFA está en sí lo suficientemente justificada desde un punto de vista legal.
"El beneficio que la venta centralizada de los derechos derivados de las competiciones de fútbol de clubes genera para cada categoría de usuarios -incluidos no solamente los clubes profesionales y aficionados y los demás grupos de interés del fútbol, sino también los espectadores y los telespectadores- debe quedar demostrado de forma real y concreta", añaden los jueces europeos, instando al juzgado madrileño a ahondar en esta cuestión requiriendo a las partes informes de naturaleza contable y económica.
