Las petroleras tendrán que pagar el 1,2% de sus ingresos anuales al Estado desde el próximo 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024. El Congreso aprobó el impuesto retirando del castigo a los ingresos regulados y aquellos que llegan fuera de España, tal y como pedían las grandes eléctricas afectadas por el impuesto. Esta semana, el Senado tenía la opción de incorporar a esta medida alguna de las peticiones del otro bando del sector energético. Pero su petición no se ha cumplido, algo que se considera entre las petroleras un ejercicio de alta traición liderado por Pedro Sánchez y Teresa Ribera. 

Repsol, Cepsa y BP lideran este grupo de empresas traicionadas. Las tres compañías con negocio de refino en España, que controlan la mitad de la red de gasolineras, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en adaptarse cuanto antes a la economía descarbonizada que se quiere lograr en 2030. Un reto complejo, ya que su cuenta de resultados está sustentada por el gas y el petróleo.

Por eso, frente al castigo del Gobierno a lo que considera "beneficios extraordinarios" por los altos precios de los hidrocarburos, las empresas buscaban una mejores condiciones para transformarse en verdes. Porque el sector asume desde hace meses que el 'impuestazo' iba a salir y presionaba para que hubiese dos grandes cambios en forma de enmiendas. Por un lado, retirar su negocio químico por no ser energético y, por otro, que el gravamen se acompañase de estímulos fiscales para poder acometer esta transformación. 

Esa petición no le sonaba mal al propio Pedro Sánchez. Las empresas le tendían la mano para anunciar, con la respectiva foto, proyectos 'verdes' en la eterna campaña electoral que se avecina entre 2023 y 2024, si el Ejecutivo les ofrece mejores condiciones para sus inversiones. En plena tramitación del gravamen temporal a las energéticas, el presidente del Gobierno abría la puerta a valorar este cambio. Sánchez se convertía en la opción del sector para convencer a Teresa Ribera de poder aliviar este castigo tal y como había hecho con las eléctricas. 

Una negociación que han visto "imposible" con la ministra este años. Las grandes compañías petroleras españolas se califica la relación con Ribera "inexistente" o "poco productiva". Repsol, Cepsa o BP veían un gesto de buena voluntad que el Gobierno aplaudiese su negocio de refino en su plan invernal para afrontar la crisis energética este invierno. "Se puede considerar único en Europa", describe el Plan + Seguridad Energética.

Estos piropos lanzados en octubre por el plan firmado por el equipo de Ribera y la confianza que les transmitía en privado Sánchez hizo que se pusieran manos a la obra con las enmiendas. Su trabajo, con mayor optimismo que en verano, se centró en convencer al resto de formaciones políticas para que sus enmiendas pudieran abrir la puerta tanto a las ayudas a sus inversiones verdes como a retirar sus negocios en España no energéticos. Y sus explicaciones solo sedujeron a dos partidos. 

PNV y PdeCat lo intentaron

Para sorpresa de las empresas, las propuestas no se recibieron con buen talante por los partidos que lideran la oposición. Sus estrategias para afrontar el impuesto ha sido "precipitadas" en algunos casos y, como describen desde las empresas, "nulas" en otros. El nacionalismo a la izquierda del Gobierno, como ERC o Bildu, consideraba suave el hachazo de Sánchez y Ribera a estas empresas, por lo tanto, no era el objetivo.

Su foco para liderar las enmiendas se colocó sobre el PNV y PDeCAT, dos ‘socios’ puntuales del Gobierno que tiene sensibilidad por el negocio del ‘oil&gas’ por lo que representa para sus regiones. 

Petronor, filial de Repsol, es junto a Iberdrola la compañía que más aporta a la base recaudatoria en el País Vasco. La refinería de Petronor en Bilbao es un pulmón industrial de Vizcaya, algo similar a lo que ocurre con la refinería de Repsol en Tarragona. Un asunto que no hace falta que el CEO de la petrolera, Josu Jon Imaz, transmita a sus antiguos colegas del PNV ni que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, haga lo propio con el PDeCAT. 

"Sensibilidad" por el negocio

Como reconocen desde el sector, esa "sensibilidad" por el negocio que también lideran Cepsa y BP fue fácil de explicar a ambas formaciones. Y tanto PDeCAT como, sobre todo, PNV presentaron un listado de enmiendas en el Senado que buscaban adaptar el impuesto a las exigencias del sector petrolero, tal y como había sucedido semanas antes con las eléctricas. 

"El importe de la prestación se minorará en el 20% del importe de las inversiones en activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y a la descarbonización", recoge el texto presentado en el Senado por el PNV. "Se propone excluir del gravamen a las sociedades del grupo cuya actividad principal no sea energética. En concreto, a aquellas cuya actividad energética no supere el 50% de la cifra de negocio", añadía en otra enmienda.  

Dos enmiendas que levantaban el optimismo del sector este miércoles. "La esperanza es lo último que se pierde", comentaba un directivo del sector esta semana. El sector buscaba cerrar un año de “gran beligerancia” en lo regulatorio con alguna buena noticia.  

Pero no. No hubo respaldo en el Senado y el impuestazo salía tal y como había llegado desde el Congreso, sin ninguna enmienda aprobada, al igual que los Presupuestos de 2023. El Gobierno no ha querido arriesgarse a que la proposición de ley tuviera que volver al Congreso y no diera tiempo a que esté aprobada y en vigor antes del 31 de diciembre. Esto es clave para que esté vigente este año el impuesto a grandes fortunas y pueda exigirse ya el próximo abril, y proporciona cierto blindaje al Estado de cara a los pleitos contra los impuestos a banca y energéticas.

Repsol deberá asumir cerca de 1.000 millones al año por esta ley. Cepsa y BP afrontarán algo más de la mitad. Pero el malestar no es con la cuantía sino con el Gobierno, que ha despreciado sus propuestas de dar oxígeno a sus inversiones. "Es traición o alta traición y condiciona nuestras actuales inversiones en España", sentencian desde las petroleras.

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