Un consorcio de empresarios inmobiliarios, entre ellos, el célebre arquitecto de la urbanización de lujo de La Finca en Madrid Joaquín Torres, ha puesto encima de la mesa de las autoridades canarias un proyecto que alistaría una mini ciudad permanente en el entorno golpeado por el volcán de La Palma en menos de un año.
Según apuntan los promotores a Vozpópuli, la iniciativa precisaría de un presupuesto de unos 130 millones de euros y de una fórmula legal para permitir el uso residencial en 415.000 metros cuadrados de suelo ahora con la máxima protección ambiental que un grupo de inversores pondría a disposición de las autoridades.
El proyecto levantaría 543 casas unifamiliares (aisladas, adosadas o en hilera, en parcelas de entre 250 y 500 metros cuadrados) pero también áreas recreativas, centros de salud, un área comercial y deportiva, colegios, plazas, iglesias y un huerto urbano en favor de los afectados por el volcán de La Palma.
Sería, pues, una solución definitiva para los perjudicados por el volcán de La Palma, frente a los cuatro años de espera para un realojo definitivo previstos hasta ahora
Los principales miembros del consorcio son los arquitectos e ingenieros canarios Sergio y Francisco González Jaraba, el arquitecto Henry Garritano (del ayuntamiento de Todoque, el más afectado), la empresa especializada en la construcción de prefabricados de hormigón Glassydur (que utilizaría cenizas del volcán), el empresario canario de la restauración Pablo País Martínez, el arquitecto madrileño Alejandro Conty Vidal y un grupo de inversores que trabajaría de la mano de los anteriores para facilitar la disposición del suelo, ahora sin uso comercial.
Reducir la espera para el realojo definitivo en La Palma
Se trata de terrenos sobre una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados pertenecientes a los impulsores del proyecto Aridane Golf, dentro del que se planificaron un gran campo de golf con cientos de habitaciones de hotel cuatro estrellas que no se llevaron a término tras décadas de negociaciones políticas y procesos judiciales. La sociedad que auna a los propietarios es Volcán Rojo, creada en 1988.
El actual Plan Insular permite "el uso para equipamiento turístico en medio rural, susceptible de albergar actuaciones de interés general", inciden los impulsores de la nueva hipotética operación en La Palma, si bien el Plan Especial que regularía su uso en específico lleva años en fase de tramitación ciudadana.
La nueva operación estaría mediada por una cesión de los propietarios de 415.000 metros cuadrados a las autoridades. Del proyecto final participarían tanto capital público como privado. De usarse toda la superficie, el número de viviendas podría ascender a 1.500.
El Gobierno canario ya ha procedido a comprar cerca de 300 casas vacías en las que realojar a los afectados y ha avanzado en un plan para el desarrollo de otras 200 viviendas prefabricadas a montar sobre entornos cercanos a las zonas afectadas por la lava como solución provisional
Este mismo martes han tenido lugar acercamientos entre los promotores y las autoridades del Cabildo de La Palma, lideradas por Mariano Hernández Zapata (PP). De acuerdo a fuentes cercanas a la iniciativa, el objetivo sería que, una vez culmine la presión del volcán y se resuelvan los obstáculos normativos, se finalice todo el proyecto en menos de un año. Procuraría ser una solución definitiva para los potenciales beneficiados, frente a los cuatro años de espera para un realojo definitivo previstos ahora por el Gobierno canario (PSOE).
Del consorcio participaría también A-Cero, del conocido como el arquitecto de los famosos Joaquín Torres. La empresa, especializada en el desarrollo de vivienda industrializada, sería capaz de montar las viviendas en un plazo de cuatro meses. Buena parte de los materiales se llevarían al lugar desde la Península pero se procuraría sortear gastos de transporte y potenciar la economía de la zona con el montaje in situ de las casas.
Más de 1.000 viviendas perdidas por el volcán
De acuerdo a fuentes del sector inmobiliario, el volcán de La Palma ha echado por tierra más de 1.000 unidades de vivienda residencial.
El Gobierno canario ha procedido a comprar cerca de 300 casas vacías en las que realojar a los afectados. Paralelamente, ha avanzado en un plan para el desarrollo de otras 200 viviendas prefabricadas a montar sobre entornos cercanos a las zonas afectadas por la lava como solución provisional.
El Ejecutivo regional ha comprado ya un primer lote de 30 prefabricadas de madera que se emplazarían sobre el ayuntamiento de El Paso. El coste de estas casas, para un uso temporal, sería de unos 60.000 euros por unidad. A los afectados se les ha trasladado que su vivienda definitiva podría no estar lista antes de cuatro años.
