El Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales del 23 de julio arrancará con una situación económica algo distinta a la que encontró Pedro Sánchez cuando llegó al poder en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. El resultado del balance varía en función del indicador que se mire y, sobre todo, de cómo se mire.

Para empezar, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 2,5% en estos cinco años. En realidad, es lo que consiguió avanzar en un año. Después, el varapalo de la pandemia y la lenta recuperación posterior han provocado que España esté ahora exactamente igual que en 2019 (en el primer trimestre se situaba aún dos décimas por debajo, una brecha que previsiblemente se habría cerrado este trimestre).

Para contextualizar esta evolución también hay que mirar al exterior. El resto de economías europeas (a excepción de Alemania, que recuperó su nivel de PIB el verano pasado pero ha dado pasos atrás al entrar en recesión, y República Checa) lograron recuperarse con más rapidez y seguir creciendo más allá de los niveles precovid.

En la fotografía de la deuda pública, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco sale favorecido. En marzo, el último dato publicado por el Banco de España, se situó en los 1,535 billones de euros. En junio de 2018 la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas estaba en 1,202 billones, es decir, que se ha elevado ya en 330.000 millones (y creciendo).

Por comparar con el periodo de cinco años precedente, entre junio de 2013 y junio de 2018 la deuda pública creció en unos 188.000 millones. De esta forma, Pedro Sánchez cerrará su legislatura con una deuda acumulada sin precedentes, récord en la serie histórica, que asumirá el próximo Gobierno tras las próximas elecciones generales de diciembre.

En términos relativos, y pese a que el crecimiento del PIB nominal por la inflación 'rema' a su favor, la situación también ha empeorado. Tras cerrar el 2022 en el 113,2%, las proyecciones realizadas por los organismos económicos nacionales e internacionales para este año apuntan a que la ratio de deuda sobre el PIB se situará aún entre el 111% y el 110%, frente al 98,2% en el que cerró el 2019 y el 100,4% de 2018.

De esta forma, España está aún más lejos que antes del tope del 60% de deuda/PIB que marcan las reglas fiscales. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE también establece un límite para el déficit público de los Estados miembros del 3% que España sí cumplía en 2018 (2,6%) y ahora no. Pese a la recaudación récord por la inflación, el 2022 se cerró con un déficit del 4,8% y las previsiones apuntan a que este año lo hará en el 4,1%.

De nuevo, si se compara con el resto de países de la UE, a cierre del pasado año España era el país de la UE que más lejos estaba de recuperar el nivel de deuda/PIB que tenía en 2019 y el cuarto con mayor ratio (113,2%), sólo por detrás de Portugal (113,9%), Italia (144,4%), y Grecia (171,3%), según Eurostat. En el caso del déficit público, España era el quinto país de la UE con mayor nivel.

Medio millón más de nóminas públicas

En España hay cerca de medio millón de personas más con una renta del Estado que hace cinco años, cuando Sánchez llegó al poder. Entre pensionistas, desempleados con prestación y empleados públicos, el número de personas que 'dependen' del Estado asciende a 15,4 millones, frente a las 14,9 millones de personas con las que se cerró el año 2018.

Esta cifra sería aún mayor si se suma también el millón y medio de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno en mayo de 2020.

Poniendo el foco en la factura de las pensiones contributivas, que absorbe más de un 40% del Presupuesto anual, ésta será en 2023 unos 42.000 millones superior a la de 2018. Con el ritmo de crecimiento actual, es esperable que la nómina mensual rompa el techo histórico de los 12.000 millones antes de las generales, frente a los 9.000 millones de 2018.

El incremento en el número de pensionistas, que ya supera las 9 millones de personas, no justifica todo el alza en el gasto. Éste también viene dado por las revalorizaciones que el Gobierno ha llevado a cabo, especialmente la última, al vincular las pensiones con el IPC del 2022, año de inflación récord (8,4%). Esta subida en base a la inflación pasada que marca la nueva reforma de las pensiones aumentará el gasto en unos 13.500 millones este año.

Antes de cambiar las reglas con la primera parte de la reforma de las pensiones, el Gobierno revalorizó las pensiones con inflaciones previstas, no pasadas: un 1,6% en 2019, un 0,9% en 2020, un 0,9% en 2021, y un 2,5% en 2022. En caso de quedarse corta, se compensaba a principios de año con la famosa 'paguilla'.

Con todo, la deuda de la Seguridad Social ha crecido con fuerza y ha superado ya la barrera de los 100.000 millones. En junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, rondaba los 35.000 millones. Tal y como explica el BdE, se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Estos préstamos se han intensificado en estos años, después de que en junio de 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy se encontrase sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la 'extra' de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros.

El paro, la inflación y el poder adquisitivo

En el plano del empleo, las noticias han sido positivas. El último dato comunicado por el Ministerio de Trabajo sitúa la cifra de parados por debajo de los 3 millones, con una tasa (número de parados en relación a la población activa) en descenso (en marzo se situaba en el 12,8%, frente al 15% que había cuando Sánchez llegó al poder, según Eurostat).

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha desvelado cuántos trabajadores tienen un contrato fijo discontinuo y en las épocas de menos actividad se están quedando sin trabajo y sueldo (incluso pueden cobrar una prestación por desempleo), pero no cuentan como parados.

En todo caso, con los datos sin cribar que proporciona el Gobierno se pueden hacer aproximaciones. Según los cálculos realizados por Fedea y BBVA Research, si se tiene en cuenta a estos trabajadores, en realidad la situación no habría mejorado respecto al nivel prepandemia y la cifra 'real' de parados habría rondado los 3,5 millones en esos momentos de menor actividad.

Además, en el plano internacional, España lleva diez meses liderando la UE en tasa de paro. Hasta la crisis de la covid-19, Grecia ocupaba la primera posición, pero en junio de 2021 España tomó el testigo. No era el país de la UE con más nivel de paro desde el final de la crisis financiera, pero una década después ha regresado al podio.

En el mes de marzo España registró una tasa de paro del 12,8%, mientras que la de Grecia se situó en el 10,9%, según los datos de Eurostat. En el último año, Grecia ha conseguido rebajarla en casi dos puntos (en marzo de 2022 tenía una tasa del 12,7%), mientras que España sólo ha reducido su nivel de desempleo en cuatro décimas (hace un año era del 13,2%).

Otros indicadores 'clave' que tendrá que tener en cuenta el próximo Gobierno son la inflación y el poder adquisitivo. En términos de inflación, España se sitúa ahora en una posición aventajada respecto al resto de la UE, con una inflación que ronda el 4% (frente al 8% de la UE). Sin embargo, preocupa la evolución de la subyacente, con la alimentación y los servicios (especialmente ocio y restauración) resistiéndose a bajar precios.

Además, aunque esta inflación se controle, no se espera que los españoles recuperen el poder adquisitivo perdido en 2022, cuando los salarios subieron mucho menos que la inflación. Una pérdida de poder adquisitivo que Funcas cuantifica en unos 31.000 millones de euros.

Los hogares españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de los países desarrollados. Su renta disponible (los ingresos que le quedan a las familias tras pagar impuestos y cotizaciones sociales) ha bajado un 5,1% respecto a 2019, mientras en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la media ha crecido un 0,8% respecto al nivel precovid.

Estas son sólo algunas de las luces y sombras económicas que quedarán tras el Gobierno de Pedro Sánchez y que el próximo Ejecutivo, sea cual sea, tendrá que asumir. Otras son, por ejemplo, la ejecución de los fondos europeos, que se presentan como el sustento 'clave' del crecimiento económico en los próximos meses ante el frenazo del consumo tras el agotamiento del ahorro extraordinario de la pandemia.

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