La Ley de Ciberseguridad 5G, que se prevé aprobar este verano, obligará a los operadores a realizar un análisis de gestión de riesgos cada dos años y a las administraciones, al menos cada seis, pero no establecerá a priori vetos a ningún suministrador en concreto, ni tampoco a Huawei.
Se trata de una ley, cuyo anteproyecto sale desde este lunes a audiencia pública, y que busca desarrollar un 5G en España en un entorno de confianza que permita al país situarse en una posición avanzada en esta nueva tecnología, según han informado este lunes fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
En audiencia pública
Este anteproyecto, que estará en audiencia pública hasta el 14 de enero, parte de los trabajos realizados en el seno de la Unión Europea para establecer un criterio conjunto en ciberseguridad y 5G.
