El Gobierno prevé recaudar unos 7.000 millones más en 2013 pese a la recesión. Pretende ingresar un 2 por ciento más por IRPF y un 14 por ciento más por IVA. Sin embargo, la economía se adentra en el próximo año a unas tasas de caída próximas al 2 por ciento y eso convertirá la misión de apuntalar los ingresos en algo prácticamente imposible sin mayores medidas.
Sólo una milagrosa recuperación durante el segundo semestre podría compensar el mal comienzo del ejercicio. Pero ésta no parece que pueda producirse. La inversión pública cae un 15 por ciento y la inversión empresarial no va a despegar mientras siga bloqueado el crédito. El consumo interno, lastrado por el desempleo y las subidas de impuestos, se contraerá un 1,4 por ciento según las estimaciones del Gobierno. El tirón de las exportaciones ni tiene el peso suficiente como para arrastrar de todo el país ni parece creíble en un contexto de ralentización en Europa.
El IRPF difícilmente aportará más incluso si la economía se contrae sólo un 0,5 por ciento como augura el Ejecutivo. Y la experiencia demuestra que el IVA puede ingresar más en un primer momento tras la subida. Pero luego el efecto se diluye conforme resta recursos de los hogares y familias.
Al mismo tiempo, se mantiene el gasto en personal del Estado central, unos 27.000 millones. El Gobierno ha congelado sueldos y la reposición de puestos. Pero las pensiones de los funcionarios crecen. También aumentan otros gastos improductivos como los intereses de la deuda en 10.000 millones o las pensiones de la Seguridad Social, que repuntan en un 4 por ciento hasta los 121.000 millones, lo que abarca el 40 por ciento de los desembolsos de la administración central para 2013.
Según fuentes cercanas a Hacienda, los propios técnicos del Ministerio reconocen que las estimaciones se han metido con calzador e incluso “a martillazos”. Cristóbal Montoro ha pedido que las cuentas arrojen exactamente esos datos. De hecho, el propio titular de Hacienda lo admitía implícitamente durante la rueda de prensa al afirmar cuando fue preguntado por las previsiones que éstas eran “una decisión política”. “Nadie se creía nuestras cuentas cuando nos esforzamos por entrar en el euro. Lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer”, remachó el ministro.
Al igual que hacía Zapatero, estos presupuestos de 2013 intentan preservar la estructura de casi el 70 por ciento del gasto del Estado central como pensiones, desempleo, becas, personal e I+D civil, y todo ello a la vez que la deuda se dispara hasta el 90,3 por ciento del PIB en parte por la ayuda a los bancos y las comunidades y en parte porque el Fondo de Reserva ha tenido que vender para abonar jubilaciones 3.000 millones en bonos españoles en los que invertía y que no se apuntaban como deuda, según explicó la secretaria de Estado de Presupuestos. El descontrol sobre la deuda provoca que la carga de intereses aumente alrededor de un 30 por ciento en 2013 y así no es de extrañar que los mercados se muestren reacios a prestar.
¿Camino de Portugal?
Cualquier paso en falso en Europa o cualquier señal de portugalización de España a fuerza de recortes nos devolverá a la incertidumbre en los mercados y el consiguiente retroceso de la economía. Una espiral que nos conduciría a un mayor hundimiento de la recaudación y por tanto la necesidad de más recortes que a su vez lastrarían aún más la actividad.
Todo indica que harán falta más adelante nuevas medidas o incluso otra alza tributaria para cumplir con el compromiso de déficit. Sencillamente, estos presupuestos apuntan a que el Ejecutivo se está reservando el ajuste estructural para el acuerdo de rescate con la Troika.
El Gobierno se muestra incapaz de poner freno al déficit. Éste se ha elevado una vez más para 2011 hasta el 9,4 por ciento, esta vez debido a la inclusión de las inyecciones a la CAM. Y lo mismo ha sucedido con el desfase de 2012, cuya previsión ha sido ahora inflada hasta el 7,4 por ciento para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Como un conejo sacado de la chistera, Montoro anunció que esos 1,1 puntos de más sobre el 6,3 por ciento de objetivo de déficit no serán tenidos en cuenta por Bruselas, pues obedecen a pérdidas puntuales asumidas por el Estado para rescatar a los bancos. Es decir, Europa no contabilizará ese punto adicional de desvío porque se trata de desembolsos en los que sólo se incurrirá una vez y no suponen déficit estructural. Una novedad que hace pensar que el déficit puede moverse de un lado a otro y que la UE es la primera interesada en que España cumpla.
El Gabinete de Rajoy centra el esfuerzo de austeridad sobre los Ministerios, los recorta de media un 8,9 por ciento y deja su gasto en 39.000 millones. Semejante monto lo coloca, por ejemplo, cerca del gasto total de una sola comunidad como Cataluña para 2012, unos 32.000 millones. Y por ello Montoro ha tenido que enfrentarse a los distintos titulares de carteras, lo cual podría explicar que la rebaja haya sido menor que el 12 por ciento previsto de tajo al confeccionar el techo de gasto.
La partida de prestaciones en desempleo disminuye un 6,3 por ciento para rondar los 26.000 millones. Pese al ahorro que representa la reducción del subsidio del 60 al 50 por ciento tras seis meses, el coste del paro no bajará y durante 2012 este capítulo ya se ha desviado por encima de los pronósticos.
Además, el Gobierno abonará todas las rúbricas que sufragaba la Seguridad Social y que no le correspondían, tales como los complementos a mínimos o las pensiones no contributivas. Sin embargo, los 6.000 millones que el Estado brindará a la Seguridad Social con el fin de compensar su déficit no bastarán, pues el gasto se incrementa cada año y en 2012 ya acumula casi 8.000 millones en números rojos. Las dudas sobre estos presupuestos se acumulan.
