La banca española recibirá este viernes una inyección de capital de entre 25.000 a 30.000 millones con la nueva ley sobre los activos fiscales diferidos (DTAs, en inglés). El pacto, cocinado a tres bandas (Bruselas, Gobierno y el sector), supone en la práctica un rescate encubierto de las antiguas cajas y una ayuda para algunos bancos que han logrado salvar gran parte de su estructura de capital con la nueva reglamentación que se aprueba en este Consejo de Ministros. Al menos ocho de los quince grupos financieros que sobreviven al proceso de reestructuración quedarían por debajo del nivel de solvencia mínima del 8% exigida por la reglamentación de Basilea III fully loaded. Es decir, la normativa que mide el capital de mayor calidad de una entidad.
Es cierto que la situación es heterogénea en el grupo de los suspensos. No sólo por la capacidad de generación de capital de cada una de estas entidades sino por el peso que tienen los DTAs en su estructura de capital. Según cálculos de los analistas, en CEISS (fusión de Caja España-Duero) sus DTAs representaban el 150% de su patrimonio neto. En Liberbank también superaban el 100%, mientras que en BMN se mueven en el entorno del 70%. Dos de las entidades rescatadas también contaban con un elevado porcentaje: Bankia (75% de su patrimonio neto) y Novagalicia (60%). En el caso de Catalunya Caixa, el peso ronda el 50%. La nueva reglamentación también concederá el aprobado en solvencia al Santander y Caixabank, que cuentan con un 30% de su capital en estos activos fiscales diferidos. Ambas entidades cuentan con un core Tier 1 del 7,8%, muy cerca del aprobado.
La nueva normativa permitirá a la mayoría (CEISS es la excepción más clara) traspasar de forma inmediata la frontera del mínimo de capital exigido por la reglamentación de Basilea III para dentro de diez años pero. Sin embargo, este ratio está demandado ya por el mercado y por los exámenes de la EBA y el Banco Central Europeo a lo largo del próximo ejercicio. Con esta solución, el Gobierno pretende evitar que sean necesarias nuevas aportaciones externas de capital, tras estos ejercicios de las autoridades europeas. "Se han evitado muchas ampliaciones de capital", aseguran en el sector. En la práctica no hubieran sido tantas porque, salvo los grandes bancos, el resto de entidades no tienen tan fácil el acceso a captar capital de máxima calidad.
CEISS, Liberbank, BMN, Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia, Santander y Caixabank, en diferente grado, se encuentran por debajo del mínimo de solvencia exigido por Basilea III fully loaded
España ha sido el último de los grandes países de la zona del euro en adoptar esta medida. Un pacto en el que Bruselas ha rebajado finalmente las expectativas del sector financiero español. La banca contaba, durante la pasada semana, con salvar poco más de 50.000 millones de los 59.000 millones de activos fiscales diferidos que aparecen en el balance de la banca española. Sus cálculos se basaban en la aprobación de gran parte de estos DTAs, una vez que el lobby dirigido por el Santander había logrado que se computasen los activos fiscales generados por los planes de pensiones.
En la norma que se aprobará este viernes se convertirán en capital los DTAs generados por las llamadas provisiones genéricas, el colchón que las entidades reservan para cubrir futuras pérdidas en su cartera crediticia, por ejemplo, los impagos de hipotecas u otro tipo de préstamos. En el último año, esta partida se ha incrementado exponencialmente por los dos decretos Guindos. También computarán los activos fiscales de las bases imponibles negativas de los ejercicios de 2011 y 2012, así como los ligados a los fondos de pensiones de sus plantillas, que se generan en el momento en el que las entidades apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados hasta que lleguen a la edad de jubilación.
Sin embargo, las últimas negociaciones con Bruselas han aligerado el volumen de DTAs, de cada una de estas tres categorías, que podrán convertirse en capital. Sólo contarán para mejorar la solvencia aquellos activos fiscales ligados a pasivos de capital de la máxima calidad, el conocido como Tier 1. De ahí, que los DTAs pertenecientes al segundo y tercer estrato de calidad de capital no podrán activarse.
Pese a que Bruselas ha reducido las expectativas de la banca española, ésta si ha logrado, sin embargo, salvar los DTAs de los planes de pensiones
Esta complicada explicación contable, que en el algunas entidades se conoce como la 'teoría de las piscinas', es la que ha ajustado la horquilla anunciada por Guindos, el pasado martes, a 25.000-30.000 millones, en el entorno del 14% del patrimonio neto de la banca española.
El volumen de DTA incluidos como capital de máxima calidad en la banca española quintuplica al de cualquier otro país europeo, en parte, por las diferencias normativas entre España y el resto. Por ejemplo, el Banco de España lleva más de 20 años exigiendo la dotación de provisiones genéricas, que no pueden deducirse fiscalmente porque no son pérdidas reales, pero que sí permiten generar activos fiscales diferidos (podrán deducirse y convertirse en un activo real cuando se ejecuten, es decir, cuando tenga que recurrirse a ellas para cubrir impagos reales).
Los bancos pueden ejecutar esos DTA –es decir, convertirlos en un beneficio real- a través del ahorro en impuestos cuando se den determinadas condiciones. Por ejemplo, si un banco obtiene un beneficio antes de impuestos de 200 millones de euros, debería pagar en tributos el 30% de ese beneficio. Es decir, tendría que haber abonado 60 millones de euros en impuestos y anotarse un beneficio neto de 140 millones de euros. Pero si ese banco contará con más de 6.200 millones de activos fiscales diferidos, una parte de ellos pueden reunir las condiciones para ejecutarse, por lo que, no sólo no pagaría esos 60 millones de impuestos a la Hacienda pública, sino que se puede apuntar una deducción fiscal de 150 millones, con lo que su beneficio neto aumentaría hasta los 350 millones de euros.
La nueva norma no sólo permitirá transformar en capital o incrementar beneficios con el menor pago de impuestos sino también poder monetizarlos en caso de que una entidad estuviera en dificultades. El Estado le devolverá esos créditos fiscales con títulos de deuda pública.
