El Gobierno anunció la semana pasada una reforma de la Ley Concursal y ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentó en el Congreso con unas previsiones absolutamente eufóricas. La medida favorecerá la creación de 200.000 empleos y harán crecer un punto y medio el PIB en tres años. Con anterioridad, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que hay 6.500 empresas susceptibles de ser afectadas por esta novedad.
Con los planes del Gobierno, los bancos que capitalicen la deuda de empresas concursadas, no deberán provisionar más, ya que les computará como deuda ‘buena’. Todavía falta una circular por parte del Banco de España, pero se da por hecho que no habrá problemas. De lo contrario, el Ejecutivo no habría salido con tanto ruido a comunicar.
Refinanciaciones encalladas
El asunto no es nimio, ya que en los últimos meses se podía constatar que las refinanciaciones de empresas en situación complicada no salían adelante. Ya han caído La Seda, Service Point y otros casos como Pescanova, Codere, Amper, Eroski… parecen eternamente encallados.
Prácticamente todos estos concursos tienen un denominador común: una deuda no sostenible pero sobre la que, aplicando las correspondientes quitas y e inyectando capital, la empresa concursada puede tener viabilidad. El problema es que las refinanciaciones no estaban saliendo en los últimos tiempos. Los bancos se negaban a tener que provisionar el 25% del nuevo crédito. “Ni un duro más, después de haber privisionado tanto en 2012”, era la consigna, algo perfectamente detectado en el Ejecutivo.
Ahora, se pretende que la refinanciación ligada a un plan de viabilidad no acaree más provisiones a los bancos. Así, las entidades financieras facilitarán lo que desea el Gobierno: que no se liquiden más compañías.
Porque lo cierto es que los resultados de la Ley Concursal de 2003, que intentaba que con la figura del concurso de acreedores se evitara que la suspensión de pagos significara indefectiblemente la liquidación, “han sido un desastre”, apunta Javier Castrodeza, socio del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira. “Más del 90% de las sociedades concursadas en los últimos tiempos han ido a liquidación”.
La nueva medida intenta potenciar los acuerdos de refinanciación, elevando la protección del acreedor, que tendrá la capacidad de plantear planes de viabilidad y si el consejo no lo acepta, podrán exigírsele responsabilidades.
Dudas a largo plazo
Es decir, se plantea un nuevo escenario. Anteriormente, tenían más protección deudores y accionistas y ahora se le otorgan más a los acreedores. “La medida puede ser positiva a corto plazo, pero existen dudas sobre su efectividad a medio y largo, por el impacto que pueda tener en la concesión de créditos a empresas”, indica Juan Ignacio Fernández Aguado, socio concursal del despacho CMS Albiñana Suárez de Lezo.
El experto llama la atención sobre el documento emitido por la agencia Fitch esta semana, que alertaba de que la reforma “puede proporcionar incentivos para que las empresas muy apalancadas persigan planes de reestructuración que no serían posibles”. Fitch considera además que estas nuevas normas añadirán incertidumbres sobre la expectativa de recuperación de los préstamos a empresas: "Los prestamistas pueden aumentar los precios de los nuevos créditos por el mayor grado de incertidumbre que enfrentarían si los acreedores minoritarios son forzados a aceptar una reestructuración o un plan de refinanciación que han votado en contra”.
Es decir, puede tener un efecto beneficioso con determinadas compañías que actualmente estén en concurso o a punto de entrar, pero a su vez, el endurecimiento de las condiciones del crédito a la empresa puede tener un efecto dañino en el tejido empresarial. De nuevo, el eterno efecto ‘patada hacia adelante’ del que tanto se oye hablar cuando de refinanciaciones se trata.
¿Y los buitres?
Otro apartado relevante es que se abre una pequeña ventana de entrada a los fondos buitre que puedan adquirir deuda de las compañías en el mercado secundario. Si logran el juego de mayorías necesario, a pesar de no tener derecho a voto, pueden instar un plan de viabilidad al consejo.
Esta nueva medida no gusta a determinadas compañías en situación concursal y el ejemplo más claro de esta situación puede ser Codere. “Se está incrementando la actividad compradora de activos concursados por parte de fondos especulativos en los últimos meses. Habrá que ver si esta medida tiene algún efecto en esta operativa”, indica Fernández Aguado.
Hasta ahora, la legislación española difería de la anglosajona: el tenedor de deuda no podía capitalizar automáticamente su posición, convirtiéndose en dueño. Ahora, la posibilidad de imponer un plan de viabilidad abre una nueva vía a los fondos. Con ella, Anchorage podría haberse maniobrado más en La Seda y quién sabe si habría evitado su liquidación.
La medida del Gobierno demuestra que tiene pulso de mercado, aunque habrá que ver cómo se resuelven los actuales concursos y, sobre todo, si se encarece aún más el crédito a la pyme.
