La última misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en España ha concluido con un informe nada favorable. Las perspectivas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) han mejorado hasta el 1,9% este año (frente al 1,5% que auguró en enero) y el 2,1% en 2025 (tal y como preveía hace tres meses). Sin embargo, los técnicos alertan de la debilidad de la inversión y el consumo en España y de las vulnerabilidades fiscales que debe atajar el Gobierno.

"La prolongación de la fragmentación política interna podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación de las cuentas fiscales, lo que eventualmente podría terminar empeorando la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, sobre todo si las condiciones financieras se endurecieran", apunta.

En términos generales, el FMI destaca la "gran resiliencia" de la economía española y el mercado laboral, además de la "drástica" disminución de la inflación. No obstante, acto seguido alerta de que "la debilidad de la inversión privada persiste, y el consumo solo recientemente ha logrado recuperar los niveles de fines de 2019, lo cual es indicativo de una demanda interna contenida, en términos generales, desde la pandemia".

Dos asuntos que el FMI confía en que se resuelvan este año. "Un aumento moderado del ingreso real y una normalización paulatina de la tasa de ahorro de los hogares deberían apuntalar el crecimiento del consumo, en tanto que los desembolsos de las transferencias no reembolsables de los fondos Next Generation EU y la relajación de las condiciones financieras deberían producir cierto repunte de la inversión privada", señala.

En cuanto a la inflación, el organismo internacional menciona que la retirada de las medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética y alimentaria producirá subidas puntuales de precios, como ya está ocurriendo, pero posteriormente la inflación debería retomar la tendencia a la baja, acercándose a la meta del BCE (2%) a mediados de 2025.

Sin embargo, más allá del escenario macroeconómico en el corto plazo, el FMI evalúa las actuaciones del Gobierno contra los 'grandes' males de la economía española: la temporalidad en el empleo, el envejecimiento poblacional y el elevado endeudamiento público.

El FMI cuestiona la eficacia de la reforma de pensiones tal y como está planteada y asegura que "en el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones". También tiene objeciones sobre el impacto de la reforma laboral en las transiciones del empleo al desempleo, con la figura del fijo discontinuo como protagonista, la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

FMI: "Se necesitarán más medidas en pensiones"

El Fondo Monetario Internacional menciona en su informe los ajustes fiscales que debe acometer España no sólo del lado de los ingresos, sino también del gasto. "En el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", dice.

En su opinión, la cláusula de salvaguarda instituida en 2023 "es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios", pero en caso de ser activada, "deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales, que incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo".

Sugiere que se considere la reducción de las tasas de reemplazo, que son significativamente superiores a las de países comparables, mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa.

Otra opción consistiría en seguir subiendo la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante acciones de espectro más amplio, como la reforma del subsidio por desempleo para trabajadores de 52 años o más, el refuerzo de las PAE y la introducción de un crédito fiscal por trabajo para los trabajadores de bajos ingresos. 

La reforma laboral y los fijos discontinuos

También expone su visión sobre la reforma laboral de 2021. El FMI reconoce que "logró bajar la tasa de temporalidad en más de 10 puntos porcentuales, al nivel promedio de la UE", pero añade que "se necesitan políticas adicionales para alcanzar una mayor estabilidad del empleo en sentido amplio".

"La reforma redujo la dualidad en el mercado laboral, pero su impacto general sobre las transiciones del empleo al desempleo es menos claro. De cara al futuro, relajar la legislación de protección del empleo -entre otras cosas, reduciendo la incertidumbre en torno a los costes de despido- le daría más incentivos a los empleadores para crear contratos permanentes indefinidos".

Asimismo, cree que "incrementar las cotizaciones para la prestación por desempleo por parte de empleadores con mayor rotación de personal podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad bajo los contratos fijos discontinuos, que a su vez deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso utilizando información estadística adicional. Finalmente, también recomienda restringir el uso de contratos temporales en el sector público.

El SMI y la reducción de jornada

En el informe, el FMI alerta también de los efectos adversos que podría provocar el Gobierno si sigue subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya se ha elevado más de un 50% en los últimos cinco años, desde que Pedro Sánchez es presidente. "El salario mínimo ha alcanzado la meta fijada por el Gobierno de 60% del salario medio, cualquier aumento adicional debería tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales en el empleo poco calificado", recalca.

Cree que el Gobierno debería "guiarse por las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, a la que a su vez se le debería conceder más autonomía y peso institucional". En cuanto a la reducción prevista de la jornada laboral en el sector privado, advierte de que "si no se diseña correctamente, podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo".

Para contener estos efectos adversos, el FMI recomienda que se tenga en cuenta la interacción de la reducción de jornada y el salario mínimo, que vaya acompañada de moderación salarial, que se acomode la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva, y que se ofrezca flexibilidad -por ejemplo, mediante la anualización de la reducción de horas- para maximizar las posibles ganancias en productividad.

Paro del 11% y deuda por encima del 100%

El FMI hace estas evaluaciones en un panorama donde, según dice, el crecimiento del empleo se moderará a medida que se normalicen las afluencias migratorias y la tasa de desempleo disminuirá lentamente hacia el nivel estructural a medio plazo de 11%, aproximadamente.

Al mismo tiempo, la organización financiera internacional cree que la deuda pública se enquistará por encima del 100% si no se toman medidas adicionales. "Las finanzas públicas siguieron mejorando en 2023, aunque a un ritmo más lento, y la deuda sigue siendo elevada, con un nivel por encima del 107% del PIB", recalca. Lo que preocupa al FMI es que "el espacio fiscal es limitado".

"A medio plazo, a medida que el crecimiento se modere, la inflación se normalice y el auge de ingresos fiscales se atenúe, el déficit fiscal y la deuda pública se estabilizarían en torno a 3% y 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de medidas adicionales de consolidación fiscal discrecional", estima el FMI.

Recomienda ajustes fiscales del 0,6% del PIB hasta 2028 pese a la pretensión del Gobierno de suavizarlos

A esto se suman "las fuertes presiones" sobre las finanzas públicas que generará el creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población en la próxima década. En este sentido, el personal técnico recomienda una reducción acumulada del déficit primario estructural de tres puntos porcentuales del PIB en 2024-2028, lograda mediante un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales.

"La consolidación de este orden de magnitud contemplada por las autoridades en 2024 -mediante la imposición de gravámenes temporales sobre ganancias extraordinarias y la retirada paulatina de medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética- es adecuada. Sin embargo, será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural", advierte.

De esta forma, torpedea la intención que tiene el Gobierno de suavizar el impacto de las reglas fiscales, que volverán a estar vigentes en 2025. El Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre la hoja de ruta que seguirá durante los próximos cuatro años para reducir la deuda y el déficit, pero planea extender ese plan a siete años, con ajustes anuales más bajos que el 0,6%, teniendo las reformas e inversiones vinculadas a los fondos europeos como excusa.

Si el Gobierno hace permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, se deberán ajustar para "minimizar sus efectos distorsivos"

"Junto con la retirada programada de las medidas antiinflacionarias restantes, el ajuste fiscal recomendado por el personal técnico podría lograrse suprimiendo las exenciones al IVA, armonizando los tipos de IVA entre productos e incrementando la imposición medioambiental en España a los niveles de sus pares de la UE. El posible impacto en los hogares con rentas más bajas podría abordarse mediante otras políticas focalizadas, como el crédito fiscal por trabajo, la ampliación de las políticas activas de empleo (PAE) y el aumento de la oferta de viviendas asequibles", sugiere el FMI.

Además, sobre los impuestos a la banca y a las energéticas, el organismo señala que en caso de que el Gobierno decidiera convertir los gravámenes temporales en permanentes, "sus bases deberían ajustarse en función de una definición más clara de ganancias extraordinarias para minimizar sus efectos distorsivos, y se podrían rediseñar para la consecución de otros objetivos clave de política".

Por último, el FMI desliza la importancia de reforzar la función de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fsical (AIReF) en la evaluación de los efectos de las políticas fiscales propuestas. Según sus técnicos, esto "podría afianzar la credibilidad del plan" del Gobierno para los próximos años. 

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