Las reglas fiscales volverán en 2025 y el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea ya el próximo mes de septiembre la hoja de ruta que seguirá durante los próximos cuatro años para reducir el déficit y la deuda pública. Sin embargo, España planea extender ese plan a siete años, con ajustes anuales más moderados, teniendo las reformas e inversiones vinculadas a los fondos europeos como excusa.

Los fondos europeos Next Generation EU, que se idearon para apoyar a los países en la recuperación de la pandemia, acabarán en 2026. Los últimos desembolsos se producirán antes de que finalice ese año, y para ello deberán estar cumplidos todos los objetivos (reformas e inversiones) pactados en el conocido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, ya "se está discutiendo en Europa es el siguiente paso", reconocía el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno, Manuel de la Rocha, la semana pasada en un evento sobre fondos europeos. "Transformar los fondos estructurales, los fondos de cohesión, en algo más parecido a los NGEU, donde haya reformas e inversión", comentó.

De la Rocha reconoció, acto seguido, que "esto se vincula a las nuevas reglas fiscales". "A partir del año que viene todos los países tienen q ir reduciendo su déficit en unos plazos que son de cuatro años, pero que se pueden alagar siete y diez años en función de si haces inversiones y reformas que te permiten aumentar tu crecimiento potencial. Y en esa maraña de discusiones nosotros vamos a empujar para que haya unos nuevos fondos Next Generation que estén para quedarse y vayan mas allá", comentó.

Las nuevas reglas fiscales

Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025. El Ejecutivo debería garantizar ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero se podrían reducir al 0,4% y extender hasta el 2031 si se justifica que hay reformas e inversiones en marcha que apoyan el crecimiento y la sostenibilidad.

España lleva 16 años incumpliendo las reglas fiscales tradicionales, que marcan un tope del 3% en el déficit público y del 60% en la deuda. La última vez fue en 2007, cuando el país registró un superávit del 1,9% y una deuda del 35,8% del PIB. Distintas instituciones están alertando de que la 'barra libre' que ha existido durante cuatro años acabará pronto y los gobiernos deben prepararse para la consolidación fiscal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha exigido al Gobierno que defina "una estrategia que reduzca la deuda de forma sostenida”, actualmente ubicada en el 107,7%, pues "el crecimiento no parece suficiente". Son 9,5 puntos más que en 2019, cuando la ratio ya se situaba en el 98,2%. En volumen, la deuda no ha parado de crecer, con 71.000 millones más en el último año. Se sitúa ya en los 1,573 billones.

También BBVA Research, servicio de estudios de la entidad bancaria, ha advertido de que "la distancia entre los datos actuales y los objetivos es tan grande que los esfuerzos tendrán que prolongarse cuando menos un quinquenio, e incluso más". Asimismo, Fedea y el Consejo General de Economistas de España (CGE) han reclamado un plan de consolidación fiscal “urgente”.

El riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Lo dice la propia Comisión Europea en su último informe sobre Sostenibilidad Fiscal, un nuevo varapalo para el Gobierno que se suma al de la OCDE. Bruselas, que recibirá la hoja de ruta del Gobierno en septiembre, anticipa así la necesidad de llevar a cabo fuertes ajustes a partir de 2025.

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