2023 fue un año 'negro' para la industria española, marcado por los despidos y los cierres. La producción se contrajo un 0,8% fundamentalmente por el freno económico de Europa. Y la caída se produjo tras dos años de crecimientos, pero no lo suficientemente intensos como para haber recuperado totalmente los niveles prepandemia. El valor agregado bruto de la industria (producción eliminando las duplicidades de los insumos) también se situó a cierre de año un 1% por debajo.
Esta evolución choca con la de los servicios, donde la actividad económica había aumentado ya un 6% respecto al nivel prepandemia (el dato resulta de comparar el dato de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre de 2023 con al mismo periodo de 2019). Por contra, la construcción seguía a cierre del pasado año un 10,6% por debajo y la agricultura, ganadería y pesca, un 16%. Sin embargo, la industria tiene un peso mayor en el PIB y, por tanto, lastra más el crecimiento que los otros dos sectores.
La pérdida de impulso de la industria preocupa especialmente en las regiones con mayor actividad industrial. De media, en 2023 la producción cayó un 3,6% en Navarra, un 2,1% en País Vasco y un 0,5% en Cataluña. También en la Comunidad Valenciana, donde se concentra una parte importante de la producción industrial nacional, se redujo un 3,7%. Andalucía, con una contribución próxima al 12% en el agregado nacional, experimentó una caída del 4%.
Sin embargo, sorprende la resistencia de la Comunidad de Madrid, otra de las regiones con más peso en la producción industrial del país. A diferencia de las anteriores, en la capital la actividad de este sector creció un 2,9% en 2023 y encadenó así tres años de incrementos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). También Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Aragón evolucionaron positivamente.
El mal desempeño del último año ha alejado de los niveles prepandemia a las principales regiones industriales. Navarra se situó en 2023 un 2,6% por debajo de 2019; País Vasco, un 4,1%; Cataluña, un 1,7%; Andalucía, un 7,4%; y Comunidad Valenciana, un 0,7%. Madrid, sin embargo, está ya un 6,9% por encima. Es decir, el año pasado produjo casi un 7% más de media que antes de la crisis sanitaria. En términos agregados, la industria en España está un 1,2% por debajo del nivel que tenía en 2019.
A nivel nacional la producción de bienes de consumo (donde tiene un peso importante el sector automovilístico o el textil) cayó un 0,5% en 2023 pero está ya un 3% por encima de 2019. Por el contrario, la producción de bienes de equipo (como maquinaria) creció un 4,5% en 2023 pero se mantiene aún un 4% por debajo del nivel precovid. Sin embargo, el peor comportamiento está en los bienes intermedios (insumos utilizados para producir un producto final), con una caída del 2,8% en el último año y aún a 3,4 puntos de 2019, y en los productos energéticos (con una caída del 4,3%).
En Madrid la producción aumentó en 2023 en todos los tipos de productos salvo en los bienes intermedios y fue superior en todos los casos al nivel de producción que registró en 2019. "Los ingenieros encuestados de la Comunidad de Madrid son los más positivos en sus respuestas (68%), ya que creen que la situación de la industria en su región es buena y muy buena", reza el barómetro industrial publicado el pasado jueves por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
Por contra, en Navarra se localizan las respuestas más pesimistas sobre la industria en España. En la CCAA destaca el retroceso de los bienes de consumo duraderos (se produjo un 14% menos que en 2019), los bienes intermedios (un 8,3% menos) y los bienes energéticos (-2,7%). La situación de la región, altamente dependiente de la industria al tener un peso en su PIB superior al 25%, preocupa especialmente tras anunciar recortes varias empresas, entre ellas Siemens Gamesa, Volkswagen y ArcelorMittal.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, Navarra cerró el 2023 con 7.800 trabajadores menos en la industria que un año antes. Es una caída del empleo de casi el 10%. En Cataluña se perdieron 5.500 empleos y en la Comunidad Valenciana, 12.600. En Madrid, sin embargo, aumentó un 4,7%, en 14.000 personas. No obstante, en términos generales, la caída en la producción industrial en 2023 no se tradujo en una destrucción de puestos de trabajo a nivel nacional y el año se cerró con 28.000 empleados más en España.
Los fondos europeos
En todo caso, sorprende que nuestra economía registre esta evolución en la inversión en un contexto de fuerte inyección de fondos europeos. España es el país que más dinero recibirá a fondo perdido, cerca de 80.000 millones de los que ya ha captado unos 38.000 millones. Sin embargo, tal y como destacó este lunes el Consejo General de Economistas (CGE) el impacto es aún muy limitado, del 0,7%-0,8% frente al 2%-2,5% inicialmente previsto.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un enorme reto para España no sólo por la cantidad de fondos europeos que las administraciones públicas deben ejecutar en tiempo y forma (hasta 163.000 millones), sino por los compromisos que el Gobierno adquirió con Bruselas a cambio de ese dinero. El Plan consta de 595 objetivos en forma de reformas e inversiones, de los que aún quedan por cumplir 474.
La cuestión es que los fondos no están fluyendo tan rápido como se preveía en un inicio. De la primera parte del Plan, los cerca de 70.000 millones a fondo perdido que finalmente se han ampliado a 80.000 millones por la lenta recuperación del PIB en España, la Comisión calcula que habrían llegado a la economía unos 20.000 millones (0,2% del PIB en 2021, 0,4% del PIB en 2022 y 1% del PIB en 2023).
El problema no es sólo que el dinero se convoque o licite, sino que la resolución sea efectiva y finalmente se asigne a un beneficiario final. No es hasta ese último paso, según Llorente y Cuenca (LLYC), cuando se puede hablar de ejecución real e impacto en la economía, incluso aunque no se haya realizado el pago final al destinatario, pues una vez se resuelve una convocatoria ya se puede arrancar el proyecto.
La consultora calcula que a cierre de 2023 se habían comprometido 66.296 millones de euros, casi el 95% del Plan original. Sin embargo, esto sólo significa que el Estado (que gestiona más del 60% del dinero) y las CCAA (a las que transfiere casi el 40% de los fondos) tienen la voluntad de asignar los recursos, pero no que lo hayan conseguido. Según sus estimaciones, se habrían adjudicado alrededor 32.500 millones.
A la carga burocrática y la falta de personal en las administraciones públicas, se suma la falta de beneficiarios (bien porque no se presentan, por ejemplo, por la obligación de cofinanciar los proyectos o por el incremento de costes que ha acarreado la inflación; bien porque no cumplen los requisitos). En la Administración General del Estado se han resuelto convocatorias y licitaciones por 30.552 millones pero finalmente se han adjudicado a beneficiarios finales 24.000 millones. Es decir, un 20% ha quedado desierto.
Además, una parte importante de los fondos (casi la mitad) los gestionan las CCAA. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valencia son las regiones con mayor volumen de dinero (aunque no en términos per cápita). En este caso, la consultora no valora el desempeño individualmente "por las limitaciones de datos", aunque advierte de que "hay indicios de un ritmo desigual en programas tan importantes como los de Rehabilitación Energética, Autoconsumo o Movilidad Eléctrica".
Urenga
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