La Comunidad de Madrid tiene previsto doblar el número de vigilantes de seguridad de compañías privadas que trabajan en las oficinas del SEPE de cara a posibles tumultos que se puedan generar en las próximas semanas, ante la avalancha de reclamaciones por los ERTE.
Esta semana ya se han producido altercados en oficinas del SEPE que gestionan los ERTEs, a pesar de que todavía no se está atendiendo a afectados de forma presencial.
En Madrid, cuentan fuentes sindicales, el jueves un ciudadano, sin cita previa, que exigía el cobro de su prestación por desempleo, agredió a un vigilante y hubo que llamar a la Policía; en Logroño otro afectado orinó en la puerta de entrada a la oficina al no poder ser atendido.
El número de prestaciones por desempleo aprobadas el pasado mes de abril ascendía a 3,34 millones, frente a las 511.848 de hace un año
"Hay situaciones dramáticas, decenas de miles de familias que no han cobrado todavía la prestación por desempleo solicitada, y en las oficinas es imposible atender toda la carga de trabajo generada en los últimos meses con la celeridad que requieren", explican fuentes sindicales. "Por esa razón se ha requerido mayor seguridad en las oficinas del SEPE; también porque se pueden formar grandes colas y que sea complicado mantener la distancia por el coronavirus", añaden.
La Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid ha planteado la medida en recientes reuniones con sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo. El director general de empleo de la Comunidad, Ignacio Niño, "con buen criterio ha asumido la reivindicación de los trabajadores", comentan fuentes sindicales.
Las mismas fuentes informan de que se ha previsto abrir las oficinas del SEPE en la Comunidad de Madrid para iniciar la atención presencial a la ciudadanía el próximo 6 de julio.
En Madrid y Barcelona la carga de trabajo de las oficinas del SEPE se ha incrementado más de un 850%
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha confirmado la información a este diario, y se precisa que las medidas de doblar la seguridad privada y de abrir el 6 de julio las oficinas del SEPE en la región han sido ya propuestas, y que deben acordarse con el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Una portavoz del Ministerio de Trabajo indica que la "responsabilidad de las oficinas y de la dotación de seguridad es de las comunidades autónomas".
Las 711 oficinas del SEPE en España han estado cerradas durante el estado de alarma, y ahora cada comunidad autónoma, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, está decidiendo la apertura al público de forma escalonada dependiendo de la fase en la que se encuentren, y de las particularidades de cada región y oficina. Los funcionarios temen que se produzca una avalancha de gente exigiendo el cobro de sus prestaciones.
El sindicato mayoritario en la Administración Pública, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado al Ministerio de Trabajo que la apertura al público de las oficinas del SEPE en España se haga de forma homogénea, no como se está produciendo ahora, y que se lleve a cabo cuando esté ya desatascado el embudo creado por los cientos de miles de solicitudes extraordinarias de prestación de desempleo que se han presentado en los últimos meses por el impacto del coronavirus.
Las oficinas del SEPE atienden ahora mensualmente seis millones de desempleados con una plantilla de 6.000 personas
De acuerdo a datos del CSIF, el número de prestaciones por desempleo aprobadas el pasado mes de abril ascendía a 3,34 millones, frente a las 511.848 de abril de 2019.
"No solo es la gestión de los ERTEs", explican desde el sindicato, "hay otras seis medidas extraordinarias por desempleo aprobadas desde el decreto del estado de alarma, para artistas, para fijos discontinuos, para temporales, empleados del hogar...". "Se ha generado una montaña de trabajo enorme, la carga de trabajo en Madrid o en Barcelona se ha incrementado más de un 850%, en Baleares se ha disparado un 1.300%", indican.
El sindicato asegura que en la actualidad las oficinas del SEPE atienden a más de seis millones de desempleados mensualmente con una plantilla de 6.000 personas que atienden de forma presencial a los afectados.
