El Ayuntamiento de Madrid, Ferrovial y ACS son los dueños de Madrid Calle 30, la sociedad que gestiona la concurrida autopista que rodea la capital. El consistorio controla el 80% y Emesa, empresa que se reparten entre ambas constructoras, el 20%. Unos accionistas que llevan desde 2005 con continuos choques. El último de ellos tiene que ver con el pago de la factura de la luz de esta vía de circunvalación que se eleva hasta los 70 millones de euros.
Madrid Calle 30, cuyo presidente es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, envió una carta a Emesa exigiendo el pago de los gastos relacionados con el consumo eléctrico de la M-30 a mediados de septiembre. Pero la sociedad que se reparten al 50% ACS y Ferrovial se niega a pagar.
"Emesa ha rechazado dichas solicitudes con base en asesoramiento legal externo, considerando que existen argumentos razonables para sustentar que Emesa no está obligada a asumir dichos costes", explica Ferrovial en el apartado de procedimientos legales de su última emisión de bonos. La empresa estima en este documento que el coste eléctrico total estimado desde el inicio del proyecto (2005) es de aproximadamente 70 millones de euros.
La empresa que preside Rafael del Pino matiza sobre este cálculo de la factura que Madrid Calle 30 no incluyó ninguna mención a importes en su carta. "Calle 30 ha requerido a Emesa el consumo de electricidad porque así se recoge en el contrato", explican desde el Ayuntamiento de Madrid a Vozpópuli. Ferrovial y ACS no han querido añadir ningún comentario oficial ante la pregunta de este medio.
15 años de choque
Madrid Calle 30 se creó en 2004 bajo la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón. A finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de Emesa hasta el año 2040.
Un sistema que se mantuvo estable con el Gobierno local de Ruiz-Gallardón y el posterior de Ana Botella. Pero con la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía en 2015, el nuevo consistorio abrió una investigación sobre el sistema de gestión de Madrid Calle 30. Su estimación era que ese sistema mixto abría costado a las arcas municipales 554 millones de euros en su primera década y, de seguir así, se elevaría hasta los 2.550 millones de euros en la finalización de la concesión.
Calle 30 ha requerido a Emesa el consumo de electricidad porque así se recoge en el contrato"
En 2016, el Gobierno de Carmena abría seis expedientes contra Emesa por supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales por valor de 22 millones de euros. Un año después, tres de los seis expedientes derivan en sanción. El consejo de administración de Madrid Calle 30, con clara mayoría del Ayuntamiento, impulsaron una sanción de 995.000 euros al dueño del 20% de la sociedad.
Dos años después, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid concluyó que estas sanciones a la empresa de Ferrovial y ACS, interpuestas durante la época de Manuela Carmena como alcaldesa, no tenían recorrido.
La investigación que abrió el equipo de Carmena recomendaba recuperar el control total de la gestión de la M-30 y, entre otras cosas, el pago del suministro eléctrico por parte de Emasa. Ahora es el Gobierno de Almeida quién recuerda a las dos constructoras que deben pagar esta factura.
