En España hay más de 20 millones de viviendas con una certificación energética de E, F y G, lo que supone estar muy por debajo de los estándares que exige Europa, según datos recientes del Observatorio del Alquiler y Sociedad de Tasación. Esto significa que más de un 80% de los propietarios deberán acometer renovaciones energéticas urgentes para cumplir con las nuevas directivas europeas.
El Parlamento Europeo marcó un hito clave el pasado marzo en su compromiso con la sostenibilidad al aprobar la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), que tiene por objeto reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en el sector de la construcción de la UE de aquí a 2030, y hacerlo climáticamente neutro a partir de 2050.
Los Estados miembro tienen ahora dos años para trasponer la directiva a su ordenamiento jurídico. Lo que aún es una incógnita son las medidas que tomará España y cómo legislará este aspecto para cumplir con el exigente reto que impone Europa, pues cada país debe presentar a la Comisión el primer proyecto de plan de renovación de edificios, a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
Los edificios son responsables de en torno al 40% del consumo total de energía de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE procedentes de la energía. Por ello, los edificios son cruciales para alcanzar el objetivo comunitario de lograr la neutralidad climática para 2050.
Desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) indican que, en el caso español, el parque residencial tiene algunas características que lo diferencian de otros parques europeos y que van a suponer desafíos y la fuente de las principales barreras para descarbonizar inmuebles.
20 millones de viviendas ineficientes
Los expertos del sector apuntan que las medidas a adoptar en España a la hora de trasponer la directiva podrían ser de carácter punitivo vía impuestos, así como incentivos fiscales, al igual que sucede en otros sectores, como el de la automoción. Así sucede por ejemplo en Francia, donde se han tomado el asunto con la urgencia que requiere y han adoptado ya estrictas medidas para adaptar su parque de viviendas a la normativa europea.
En concreto, desde 2023, el Estado francés impide la comercialización –tanto en alquiler como en venta– de viviendas que no cuenten con unos certificados de eficiencia energética mínimos, garantizando así el compromiso de los propietarios con la renovación de sus inmuebles.
La vocal de Sostenibilidad, Innovación e Internacional del COAC, Greta Tresserra, señaló que “las singularidades de cada país hacen que el trasvase de experiencias de uno a otro no pueda ser tan directa como podría desearse”, ya que el nivel de exigencia para algunos de los parques puede ser muy alto.
“Acoplar un plan de rehabilitación a largo plazo -disponer de un pasaporte de renovación que lo comprometa- a las restricciones a la eficiencia energética que se vaya imponiendo en el mercado como garantía de la calidad de las viviendas que se ofertan al alquiler o a la venta, ya no es tan exigente y podría ser un buen camino para mejorar la calidad del parque”, explicó Tresserra.
De este modo, “el modelo francés -que sirvió de referencia a la propuesta del borrador de la Directiva- podría tener una versión más aceptable y que sirviese de motor a la rehabilitación”, destacó.
Restricciones e impuestos
España podría seguir el modelo francés y exigir determinados niveles de certificados energéticos para alquilar una vivienda o penalizar mediante la obligatoriedad de fijar alquileres más bajos a aquellos propietarios cuyas viviendas no alcancen la certificación mínima exigida.
Pero más allá de medidas vinculadas al alquiler, otras posibles propuestas a considerar por parte del Gobierno para primeras residencias serían la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que acometan mejoras de la eficiencia energética o el incremento para aquellos que no lo hagan, señalan fuentes del sector.
Al margen de cómo trasponga España la Directiva Europea, lo que es ya una realidad es que la rehabilitación energética de edificios es un sector al alza que generará importantes oportunidades laborales y movilizará prepuestos millonarios. De hecho, para afrontar esta ambiciosa transformación del parque europeo de edificios se movilizarán recursos europeos como los Fondos Next Generation, además de medidas locales, como deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el caso del España.
