La mayoría de los gobiernos autonómicos tanto de PP, como de PSOE y Coalición Canaria ha expresado este jueves reticencias a una quita de la deuda con el Estado, una idea que defienden hace tiempo la Comunidad Valenciana y Baleares y que ha relanzado el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta.
Sólo Madrid ha expresado este jueves su rotundo 'no' a cualquier posibilidad de condonar deuda, a lo que Aragón ha añadido que es una "idiotez", porque no cree el Estado lo acepte; del otro lado, también sólo Baleares y la Generalitat Valenciana han defendido sin pegas que esta medida es necesaria. En medio se han situado la mayoría de responsables autonómicos, que exigen condiciones para algo así empezando por que la negociación y la decisión sea conjunta.
La deuda del conjunto autonómico con el Estado asciende a 157.087 millones, según los últimos datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press, el 55 por ciento de su deuda total (285.907 millones). Se debe fundamentalmente a los fondos de financiación como el FLA y el Pago a Proveedores, puestos en marcha por Hacienda dados los problemas de las autonomías para lograr dinero en los mercados.
Encabeza la lista en cifras totales Cataluña (52.499 millones), seguida por la Comunidad Valenciana (35.405), Andalucía (24.030), Castilla-La Mancha (10.132), Murcia (6.671), Baleares (6.225), Canarias (4.958), Galicia (4.566), Aragón (2.827), Cantabria (2.070), Castilla y León (2.053), Extremadura (2.031), Madrid (1.919), Asturias (1.428) y La Rioja (273 millones de euros).
Montoro, abierto a negociar
La posibilidad de que el Estado perdone una parte de esta deuda no es nueva; el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitía ya en marzo que estaba "abierto" a estudiar sugerencias sobre este asunto, que luego incluyeron en su informe los expertos que han opinado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
Una parte de ellos cree que para que las CCAA regresen al mercado y dejen de pedir dinero al Estado se necesita una reducción de la deuda, por lo que proponen quitas aunque teniendo en cuenta qué parte de estos compromisos financieros proceden de una insuficiente financiación y qué parte de haber gastado de más.
Este es precisamente el argumento esgrimido por alguna comunidad este jueves. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina: es necesario distinguir qué parte de esa deuda se debe a decisiones de gasto de los gobiernos autonómicos, que no se debería condonar. Sí se puede hablar de la parte que se deba a la infrafinanciación, ha explicado.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido que cualquier debate se realice entre todas las comunidades y ha avisado que no se pueden comparar situaciones distintas: unas comunidades, como la suya, acudieron al FLA hace dos años y otras llevan cinco. "Son realidades diferentes", ha admitido.
El asturiano Javier Fernández exigió ya el miércoles que nadie lleve ventaja en este asunto y se negocie de forma multilateral, el mismo mensaje que se lanza desde Andalucía.
Madrid se niega
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha negado a esta posibilidad porque sería un castigo para las que se han esforzado para no endeudarse, ha dicho. Castilla y León y Canarias son igualmente críticas con esta vía, aunque no la descartan si se asegura que no se discriminará a nadie.
La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha avisado que la quita tendría que ser para todas las autonomías y no premiar a quien "ha gastado sin tener" e incumpliendo sistemáticamente los objetivos de estabilidad.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha hecho hincapié en que no se produzca un trato privilegiado porque su comunidad es la que tiene menor deuda per cápita "a costa del sacrificio de los ciudadanos de Canarias de ser riguroso con la gestión", ha puntualizado.
A este grupo de comunidades críticas puede sumarse la opinión de la Xunta de Galicia, que en varias ocasiones ha dejado claro que no acepta una quita de las comunidades que acudieron al FLA porque sería discriminatorio con las autonomías que cumplieron con los objetivos de estabilidad.
Valencia y Baleares, a favor
La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha recordado este jueves que hace tiempo que su comunidad viene pidiendo una quita, porque cree que la deuda es un "golpe" a las autonomías que debilita el Estado del Bienestar.
Para este gobierno, las comunidades están ahogadas por el Gobierno, que las mantiene mal financiadas y controladas por los fondos como el FLA. "Busca debilitar de paso el Estado del Bienestar, que es el segundo objetivo que se persigue con la infrafinanciación y la deuda", ha añadido Oltra.
También Baleares se ha mostrado a favor de una condonación por parte del Estado, en su caso porque cree que "una injusticia que una comunidad aportadora como es Baleares, tenga una deuda tan elevada derivada, en parte importante, por esta deficiencia de recursos".
