El coronavirus ha asolado a la economía española y, además de provocar una caída del consumo y la inversión, que van a deprimir el PIB y el empleo, va a mermar la recaudación del Estado, que se ha visto obligado a sacar la artillería del gasto público para intentar afrontar el envite en la economía.
El aumento del gasto del Gobierno disparará el déficit público este año, que ya cerró 2019 en el nivel del 2,64% del PIB, cerca de la línea roja del 3% que marca Bruselas y una décima y media por encima del nivel de 2018. Aunque Bruselas ha suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no mirará el déficit público de los estados de la Unión Europea este año, se da por descontado que el déficit público de España se disparará.
Los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han analizado en un informe el impacto de cada una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y calculan que en conjunto elevarán el déficit público como mínimo hasta el 6,1% del PIB en 2020, lo que supondría un agujero de 44.000 millones de euros.
Si a esto se añade la caída de la recaudación que sufrirá el Estado vía impuestos (por el aumento del paro y la caída del consumo y la actividad empresarial), el déficit podría llegar al 10% de PIB, como prevén los economistas de Goldman Sachs.
Medidas de gasto
Partida a partida, en este think tank estiman que la ayuda de 430 euros que el Gobierno ha activado para los trabajadores temporales que se han quedado sin trabajo y no tienen derecho a paro supondrá un desembolso total de 1.623 millones de euros, mientras que las compensaciones salariales para aquellos trabajadores a los que se les reduzca la jornada por la situación de cuarentena implicará un gasto de 3.183 millones de euros. Estas dos medidas sociales sumarán dos décimas al déficit.
Las exenciones en el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social tendrán un coste de 10.000 millones, repartidos a razón de 5.000 millones por el pago de prestaciones que corresponderían a empresas por hacer Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), y otros 5.000 millones por la exención de cuotas que lleva aparejada la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos (que ya han solicitado 500.000 trabajadores por cuenta propia desde el día en que se declaró el estado de alarma).
A estos gastos hay que sumar 3.800 millones para el sistema sanitario, 300 millones para prestaciones básicas, un coste de 14.000 millones en aplazamientos tributarios y 200 millones del Plan Acelera de la entidad pública Red.es.
Finalmente, Fedea computa el programa estrella del Gobierno: la línea de avales por valor de 100.000 millones de euros para los préstamos que lancen los bancos respaldados por el ICO.
Más déficit pero menos caída de PIB
Este conjunto de medidas abultarán considerablemente el déficit pero harán que el impacto económico de la epidemia sea menos doloroso, con la premisa, eso sí, de que el estado de alarma no se prolongue más allá del 12 de abril, algo que puede resultar poco probable.
"A cambio de un coste elevado en términos de aumento del déficit público (de unos 3,5 puntos porcentuales del PIB con respecto al escenario sin pandemia) se reduce en algo menos de la mitad la caída del consumo privado en 2020 respecto al escenario sin medidas, se detiene la caída anual de la inversión (por la fuerte recuperación a partir del tercer trimestre), y se reduce a menos de la mitad la disminución del PIB en el segundo trimestre, facilitando el rebote de la economía en la segunda mitad del año y la recuperación en V de la producción", apuntan.
Suponiendo que el domingo 12 de abril se recuperara la actividad, Fedea cree que el déficit quedaría en un 6,1% del PIB (resultado de sumar 3,5 puntos al nivel actual de 2,64%) y el PIB caería sólo un 0,6% gracias a las medidas fiscales (ya que sin ellas la caída sería del 4,5%).
Qué ocurre si se prolonga el estado de alarma
Sin embargo, si el escenario fuera más pesimista (si el estado de alarma se prolonga más en el tiempo y se tarda más tiempo en recuperar la actividad), Fedea cree que el PIB caería un 7,9% sin estas medidas y un 4,5% con ellas.
Más allá de los dos escenarios, los economistas insisten en que "los efectos de estas políticas serán mayores cuanto mejor se diseñen las medidas a adoptar y más rápida y eficazmente se lleven a cabo, evitando un uso poco eficiente de los recursos públicos".
"Y, por supuesto, cuanto menores sean los costes futuros de financiación de los abultados aumentos de deuda pública a los que van a dar lugar. Por eso es tan importante la acción coordinada y la puesta en común de políticas europeas que faciliten la financiación de las medidas de gasto público en el presente y eviten cualquier tensionamiento de los mercados de deuda pública en el futuro", concluyen.
