Mercasa ha sacado a licitación la seguridad de su sede central en Madrid, seis meses después de sufrir un robo "obra de profesionales" en plena investigación de presuntos casos de corrupción que han salpicado a la compañía pública.
La empresa, participada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura, que administra los mercados de abastos -Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla...- licita un contrato de seguridad y vigilancia de la sede social, de la Red de Centros Comerciales y de Olympic Moll, con un presupuesto de un millón de euros y un valor estimado del contrato de 2,29 millones.
El pasado 25 de diciembre la sede de Mercasa, situada en el Paseo de la Habana, en Madrid, sufrió el robo de documentación vinculada al negocio internacional de la compañía española, investigada por presuntos pagos ilegales efectuados en Angola.
El cambio de Gobierno puede provocar cambios en Sepi y en la presidencia de Mercasa
El robo se produjo después de que el 19 de abril de 2017 agentes de la Guardia Civil entraran en el edificio de Mercasa en el marco de dos investigaciones judiciales relacionadas con la Operación Lezo y también con el caso Defex; ese mismo día Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, exdirectvo de Mercasa y de Mercasa Incatema -compañía semipública que tuvo en nómina a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, que recibió millones de euros por su intermediación en la construcción de un mercado de abastos en Luanda (Angola)- fue detenido.
"Fue obra de profesionales que sabían qué estaban buscando, fueron directamente a los despachos donde podían encontrar documentación relacionada con Angola", comentan fuentes cercanas a la empresa; las mismas fuentes indican que los ladrones penetraron en el edificio por una ventana y que consiguieron anular antes las alarmas. "Los días festivos no había seguridad privada y los ladrones aprovecharon el día de Navidad para hacerlo", señalan.
Nuevo Gobierno, ¿nuevo presidente de Mercasa?
Los sucesos ocurridos el pasado año provocaron una profunda reestructuración en Mercasa, todavía no concluida y sobre la que el reciente cambio de Gobierno arroja dudas sobre su desarrollo. Varios de los principales directivos de la empresa han sido imputados y cesados.
La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al frente de la investigación del caso Defex, citó en un auto como investigada, imputada, a Mercasa, aunque también permitió que la empresa se personara como acusación particular.
Las investigaciones en marcha provocaron la dimisión el pasado año de Eduardo Ameijide como presidente de Mercasa. En su lugar, la Sepi aprobó en junio de 2017 el nombramiento de David Martínez Fontano, con experiencia en puestos directivos de compañías privadas de distribución, como nuevo presidente.
La configuración de un nuevo Gobierno tras triunfar la pasada semana la moción de censura presentada por el PSOE podría provocar en las próximas semanas cambios en la presidencia y dirección de Sepi y, después, previsiblemente, en la presidencia de Mercasa.
