Más de 4 millones de trabajadores tienen 55 años o más. Este grupo de personas próximas a la jubilación representan el 20% de todos los que en el último trimestre de 2022 estaban ocupados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo periodo de 2012, justo diez años antes, el número de trabajadores con 55 años o más se limitaba a los 2,4 millones, suponiendo un 14% de todos los ocupados.
El envejecimiento de los trabajadores se localiza fundamentalmente en el sector público: cerca de un 30% de los 3,5 millones de funcionarios tienen 55 años o más. Es un millón de trabajadores que se acerca a la jubilación en el sector público y que se suma a los 2,2 millones de asalariados del sector privado (un 16% del total) y un millón de autónomos (un 30% de los 3,3 millones que hay en España).
Además, de todos los ocupados con 55 años o más, 1,6 millones tiene estudios superiores, un 38% del total. El número iguala ya al de aquellos que, en la misma franja de edad, tienen estudios de nivel bajo. Sin embargo, en 2012, apenas 700.000 trabajadores con 55 años o más tenían estudios superiores, cerca de un 29% del total.
Por tanto, la jubilación de estos trabajadores supone dos problemas: el fuerte incremento del gasto en pensiones en los próximos años, a lo que se pretendía dar solución con una reforma recién culminada por el Ejecutivo, que sigue sin hacer sostenible el sistema, según argumentan los economistas de Fedea y BBVA Research; y las vacantes que dejarán tras su salida, casi un 40% de ellas en puestos cualificados más difíciles de cubrir.
El envejecimiento de la población (la media de edad de los españoles supera ya los 45 años) y la pirámide invertida también juegan en contra de esta situación. Mientras el número de nacimientos se ha desplomado un 20% desde 2016 y los jóvenes en edad de trabajar (de entre 16 y 26 años) han caído en un 10% en diez años, el número de pensionistas no deja de crecer, habiendo ya más de 9 millones de personas beneficiarias de 10 millones de pensiones contributivas.
Además, los trabajadores que se jubilan lo hacen con pensiones cada vez más altas porque han cotizado por salarios más elevados y porque se benefician de las revalorizaciones recientes en relación con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un momento de elevada inflación. A esto se suma que la tasa de reemplazo de España (en qué grado el sistema de pensiones sustituye el salario que tenía la persona cuando aún era trabajador) es elevada, próxima al 80%, respecto a la media de la OCDE (62%).
En enero de este año la pensión media de estos nuevos jubilados en el Régimen General alcanzó los 1.765 euros, siendo ésta una pensión un 8,3% más alta que la de los que se jubilaron en enero del año pasado (1.523 euros). Esto hace que la pensión media de los nuevos jubilados se aproxime ya al salario medio en España, que se situaba en los 1.789 euros en 2021, el último dato publicado por el INE.
Además, todos los jubilados, sin excepción, vieron crecer sus nóminas en enero un 8,5% (conforme al IPC). Esto, de media, supuso un aumento de más de 100 euros, la subida más alta de la historia en términos absolutos. La pensión media mensual por jubilación se disparó de los 1.260 euros en los que se localizaba en diciembre de 2022 a los 1.368 euros, 108 euros más. Si se amplía el periodo a un año, subió 122 euros desde enero de 2022.
Puesto que no hubo diferencias por tramos de cuantía, la pensión máxima superó por primera vez en la historia los 3.000 euros mensuales y de los 9,07 millones de personas que tienen una pensión contributiva en España, más de medio millón de pensionistas (unos 507.500 pensionistas a 1 de enero de 2023) cobran más de esa cuantía. Estos factores, junto al incremento constante de pensiones y pensionistas, aumentan progresivamente la factura y amenazan con desbordar el presupuesto.
La reforma de pensiones
La nómina de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social fue de 11.922 millones en febrero, un 10,8% superior a la de hace un año. En términos absolutos, son 1.166 millones más que en el mismo mes de 2022, lo que se traduce en un sobrecoste anual superior a los 16.000 millones, como ya se había avanzado. Tres cuartas partes de la nómina que paga la Seguridad Social al mes va a pensiones de jubilación (en febrero, un 73%, unos 8.700 millones).
La Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que ha alcanzado ya (por primera vez) los 100.000 millones de euros. Esa deuda ha subido cerca de un 10% en cuestión de un año, según los datos publicados por el Banco de España (BdE). Tal y como recuerda el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario.
El Gobierno ha aprobado esta semana la reforma que promete hacer sostenible ese sistema público de pensiones, que en 2047 tendrá que sostener, previsiblemente, a 15 millones de personas. El Ministerio de Inclusión estima que recaudará 130.000 millones de euros en 2047 con la subida de cotizaciones en el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de los que unos 100.000 recaerán sobra las empresas.
Annett
“Cerca de un 30% de los 3,5 millones de funcionarios tiene 55 años o más”, y esta es la clave del porqué ningún estamento político acometerá jamás un plan futuro de sostenimiento de las pensiones más allá de complementarlas con los Presupuestos Generales y toda vez complementados éstos con subidas de impuestos, habidos y por haber, IRPF, IVA. ¿Es España hoy una dictadura de funcionarios del Estado? Rotundamente Sí.