Ignacio Ruiz-Jarabo (Madrid, 1956), inspector de Hacienda y técnico-auditor del Estado, fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 y presidente de le SEPI (2001-2004). Ese último año dio el salto al sector privado y fundó en 2011 su propio despacho. Acaba de jubilarse y publica Impuestos o libertad. La hernia fiscal que estrangula a los españoles (Gaveta Ediciones), mientras mantiene una intensa colaboración con los medios. Defensor de los impuestos bajos, combina esta faceta con su alma de inspector de Hacienda y auditor del Estado, que le hace muy consciente de la importancia de los impuestos y del control del gasto. Firme defensor de que el nivel adecuado de presión fiscal que cada uno defiende lo pone la ideología, pide a los defensores de los impuestos altos o fiscofílicos en el término que ha acuñado en este libro, que defiendan sus argumentos, que cree legítimos, con rigor intelectual.
Pregunta (P). ¿Está realmente jubilado? ¿El libro es una manera de mantenerse activo, junto con sus tribunas?
Respuesta (R). Estoy jubilado a todos los efectos: tenía una sociedad, la he disuelto; tenía un despacho, lo he cerrado. Ya no tengo clientes, pero sí sigo realizando trabajo intelectual en colaborando con medios de comunicación. Estar jubilado no quiere decir que haya una paralización de la reflexión.
P. Impuestos o libertad. La hernia fiscal que estrangula a los españoles se titula su libro. Acaba de salir a las librerías una edición actualizada del libro de Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España. Los dos son inspectores de Hacienda y los dos han trabajado en la Agencia Tributaria. ¿A qué obedecen sus enfoques diferentes?
R. Son eslóganes diferentes pero complementarios: Francisco ha escogido un eslogan oficial, hace ya más de 30 años ese fue el eslogan que asumió el propio Ministerio y, siendo cierto, no podemos negar que es así, salvo lo que dijo la Abogacía del Estado en el proceso de Urdangarin y Cristina de Borbón, es cierto también que los impuestos en su propia esencia son una reducción de la libertad.
P. En la introducción explica que la disyuntiva parafrasea la del lema electoral de Díaz Ayuso hace un año: 'Socialismo o libertad'. El libro lo prologa la propia Díaz Ayuso. ¿Homenaje, coincidencia plena?
R. Es admiración, un ejercicio de admiración hacia la claridad con la que plantea los temas. El impuesto es una obligación y como toda obligación, suprime la libertad, la libertad de decidir el destino de una parte del dinero que hemos generado. No hay duda de que a más impuestos, menos libertad, y viceversa, es una emulación de la antítesis que planteó en las elecciones, lo mejor cuando te diriges a un público es expresar ideas claras y de forma que no haya dudas, me gustó mucho el eslogan Socialismo o libertad o Comunismo o libertad, que fueron dos.
El título de mi libro viene de mi admiración por Díaz Ayuso. Los impuestos, en su propia esencia son una reducción de la libertad"
P. Usted dice en la introducción que no plantea la desaparición de los impuestos, que "un nivel mínimo de fiscalidad debe existir como requisito imprescindible para dar cobertura financiera a las necesidades colectivas; resulta tan imprescindible como las normas que regulan la circulación". ¿Cuál es ese nivel mínimo?
R. El nivel mínimo depende de la ideología de cada cual.
P. ¿Es una cuestión ideológica?
R. Por supuesto. Les digo a los amigos y conocidos de izquierdas, que están a favor de seguir aumentando, les hago la siguiente reflexión: entiendo que para ellos Felipe González es una referencia, y en ninguno de sus años la presión fiscal superó el 33%. Les preguntó qué necesidades básicas dejó desatendidas, cuando ahora está en el 38% y se quiere subir un 41%. ¿Tantas cosas dejó desatendidas Felipe González para que haya subido 5-6 puntos y ahora quieran subirlo otros tres puntos más? Siendo un tema ideológico, no es la cobertura de necesidades básicas absolutamente imprescindibles la que puede justificarlo.
P. De la Torre dice que ni se puede bajar impuestos sin fin y sin que afecte a la recaudación o incluso la incremente, como defiende los creyentes en la curva de Laffer, ni subir sin efectos. ¿No hay algún límite más técnico o científico?
R. El nivel es ideológico. Si vamos a la rentabilidad, por explicar bien la curva de Laffer, que no siempre se ha entendido, que se la pintó Laffer a Reagan en una servilleta enmarcada en un museo, empieza diciendo que con un impuesto cero, la recaudación es cero, y con el 100%, es cero, y entre esos dos puntos, la curva primero sube, a más tipo, sube la recaudación, alcanza un máximo y empieza a bajar, ese punto es la sobreimposición. Eso permite la discusión técnica sobre cuál es el punto de inflexión. Probablemente depende de cada país, de la estructura del sistema y del gasto. En España, tenemos un ejemplo histórico: cuando en 1998 se produce la reforma del IRPF de Aznar, que bajó un 12% de media el impuesto, la recaudación subió, los españoles tuvimos todos de media una bajada del 12%, es evidente que en aquel momento se daba la sobreimposición. El primer año de la declaración de la Renta con esa reforma, yo era el director general de la AEAT entonces, cogimos todas las nuevas declaraciones y las recalculamos con el impuesto viejo y comparamos: la reducción de recaudación de media fue un 12%, aunque había muchos más declarantes en el nuevo año y habían ganado más, la comparación fue con cada uno del año anterior, ceteribus paribus.
P. Pero esta reforma viene después de que gobernara Felipe González y me ha dicho que no había sobreimposición…
R. Bueno, un 33% no diríamos que es sobreimposición, pero en el IRPF sí estábamos en sobreimposición, en ese impuesto sí hubo el efecto Laffer. Y ese año hubo más empleo por la rebaja y la política económica que favorecía la creación de empleo.
P. ¿Quiénes son los 'fiscofílicos' y cuál es su falacia?
R. Son los que aspiran a una fiscalidad cada vez mayor, los que en términos de Gandhi no saben vivir sin aumentar los impuestos. No lo dijo Mahatma sino Indira. Es legítimo que lo quieran, la fiscalidad responde a razones ideológicas, pero es legítimo. Lo que me gusta menos es que en su defensa utilizan argumentos que no son razonables, como comparar la presión fiscal de España con otros países, nos quieren igualar a la alemana, con una presión fiscal del 41,5%, en la media de la UE. Se olvidan de una cosa: en España, el fraude es del 25% según los estudios, en Alemania no llega al 10%, la presión de los que sí pagamos es mayor que en Alemania. Otra cosa que olvidan es el diferente nivel de renta, la renta media en Alemania es 42.000 euros; en España, 25.000. Si aceptamos, yo lo acepto, que los impuestos deben tener progresividad, el porcentaje que pague el que tiene rentas de 42.000 euros debe ser mayor que el de 25.000. La contradicción de los fiscofílicos es que propugnan progresividad entre españoles, pero propugnan proporcionalidad entre europeos. Esto resta razonabilidad a su propuesta, que es legítima. Reclamo que se basen en datos razonables y no obvien ni el fraude fiscal y el nivel de renta, fundamentales.
La fiscalidad responde a razones ideológicas, lo que es legítimo. Lo que me gusta menos es que en defensa de los impuestos altos utilicen argumentos que no son razonables, como comparar la presión fiscal de España con otros países"
P. El esfuerzo fiscal que hacemos los españoles
R. Claro, pero cuesta seguirlo, es un cociente sobre otro. La progresividad, la proporcionalidad, parece más fácil de entender. Somos el mayor país de la UE con mayor esfuerzo fiscal. Somos los ciudadanos a los que se nos exige más sacrificio fiscal, es el indicador que tiene en cuenta la renta per cápita. Hay estudios que dicen que los tipos impositivos, le llaman presión fiscal efectiva, en España es muy alta, y otros, que es muy baja, pero no me valen, hay que contar exenciones, deducciones, gastos, no me valen ni unos ni otros.
P. Dice que la principal agitadora de fake news sobre la fiscalidad de Madrid es la ministra de Hacienda. Estamos ya casi a mitad del penúltimo año de la legislatura, con una guerra y la crisis que ha generado y varias citas electorales en perspectiva. ¿Va a hacerse la armonización? ¿Se ha pretendido realmente o es una consigna política?
R. Sin duda. La verdad es que no sé responder. Desde luego si hemos de fiarnos de sus declaraciones sí parece que tienen una voluntad firme y decidida y ahora tienen la cobertura de los expertos. Si no pretenden hacerla, no tiene mucho sentido la campaña que han montado, perversa, de acusar a Madrid de ser un paraíso fiscal, que es desconocer lo que es un paraíso fiscal, una boutade: donde no hay impuestos, control ni intercambio de información. Se le acusa de dumping, y hay que saber lo que es: para hacerlo, hay que tener armas fiscales diferentes que aquellos con los que compites. Quienes podrían ser acusados, las forales, sí tienen competencias de las que carecen las otras 15 de régimen común, es más, probablemente lo han hecho en algún momento, hay que acordarse de las vacaciones fiscales del País Vasco. Es más, la ministra de Hacienda ha dicho que Madrid es insolidaria, cuando basta con mirar los datos que tiene encima de su mesa, las contribuciones al fondo de solidaridad. De las tres que aportan, Cataluña, Baleares y Madrid, la que con mucho aporta para el resto de servicios básicos de Cantabria, Extremadura, etc., es Madrid.
El comité de expertos tiene dos objetivos: obligar a Madrid a subir impuestos y aumentar la recaudación, en los verdes, en 15.000 millones, y reducir bonificaciones fiscales.
Quienes hacen 'dumping' fiscal son País Vasco y Navarra y así lo han dicho los tribunales
P. El presidente del comité de expertos declaró en El País: "No puedes pedir autonomía financiera para cargarte impuestos". ¿Es así? En la presentación del 'Libro Blanco', se habló de la solidaridad con otras comunidades, pero preguntados por si sugerían que Madrid no es solidaria, no lo confirmaron
R. Sobre la insolidaridad ya he hablado, y respecto a lo de que no se puede mendigar autonomía financiera para bajar impuestos, digo que Madrid no mendiga autonomía financiera, la tiene reconocida en la Constitución, en el Título VIII y en el capítulo primero y está desarrollado en leyes. No depende de Madrid, la tienen Madrid y todas las comunidades, y al revés, lo que no se puede es quitar a una o a todas la autonomía que les otorga la Constitución. Son varias las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que sin autonomía financiera, no hay autonomía política. El proyecto del Gobierno, que además apoya la comisión de expertos, es un ataque a la autonomía política de las comunidades, a la organización territorial del Estado, al Estado de las autonomías, con la gravedad adicional de que se quiere hacer unilateralmente, sin poner de acuerdo al grueso de los partidos, lo que rompe un consenso básico de nuestra democracia. Todo lo que ha sido desarrollo del Título VIII se ha hecho por consenso.
P. Si no se reforma la Lofca, no se puede hacer
R. Sin reformar la Lofca no se puede. Tienen mayoría para hacerlo, pero romperían los consensos. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) se sacó sin una mayoría grande y curiosamente fue declarada inconstitucional, y había consenso de los dos grandes partidos, no con el resto. Llevar para delante esta reforma es romper el consenso básico de la democracia y quebrar la autonomía financiera y por tanto política, de las comunidades.
Llama la atención que cuando los expertos preguntan a las comunidades sobre la reforma fiscal y reproducen sus respuestas, se olvidan de Baleares. Es un fallo sin más, pero que en un documento oficial con tantas revisiones no reflejen la opinión de una comunidad...
Se puede ser muy rojo y muy de izquierdas pero tonto lo justo y nadie aplica una subida de impuestos en víspera electoral"
P. La consigna política de subir impuestos, ¿a quién realmente se dirige? En la campaña a las elecciones a la Comunidad de Madrid, en competencia con Díaz Ayuso, el Gobierno enterró sus planes de subida de impuestos…
R. Los enterraron en la campaña electoral, pero la campaña empezó 15 días después de que Ángel Gabilondo registrara un proyecto de reforma fiscal en la Asamblea de Madrid que subía todos los impuestos. El elector no se deja engañar y el resultado final fue diáfano. Por qué han dicho que posponen la aplicación de las medidas de los expertos hasta que pasen las turbulencias, en principio por las consecuencias de la guerra. No niego que pueda haber algo de eso, pero creo que bastante más cierto es que estamos al final de la legislatura. Una reforma fiscal abrasiva que se aplicaría en víspera electoral, se puede ser muy rojo y muy de izquierdas pero tonto lo justo y nadie aplica una subida de impuestos en víspera electoral. Aunque su propósito indiscutible, como se reflejó en la Asamblea era subir todos los impuestos, a la hora de ir a los mítines, dijeron que no los iban a subir.
P. "Salvo que los haya dado el propio Tomás Díaz Ayuso, es impepinable que sus datos fiscales salen de la Agencia Tributaria. Es evidente que hay una responsabilidad en la Agencia Tributaria, lo que no creo que sea de la institución, de sus responsables, sino que algún funcionario ha incumplido las normas, por amistad o simpatía con quien se lo pidiera o por dinero. Institucionalmente desde arriba no lo creo porque tengo en la mayor estima a su director, Jesús Gascón. Pero hay un fallo interno”, ha declarado. La AEAT no ha dado explicaciones. ¿Le parece sospechoso?
R. La verdad es que esta conducta de la Agencia Tributaria se ha reiterado en otras ocasiones: en el último día de la campaña electoral previa a las municipales en la que Esperanza Aguirre ganó pero no pudo gobernar, se filtraron sus datos fiscales, Tampoco se ha sabido más.
P. Pero desde la Agencia se dijo que se iba a investigar
R. Pero no hemos vuelto a saber. La investigación, se anuncie o no, se tiene que hacer, si no se incumplen las reglas de la AEAT, y estoy convencido de que se ha hecho. Por la razón que fuera, no se nos ha trasladado ni entonces ni ahora el resultado. Me gustaría que se trasladara en casos de tanto impacto mediático, que se conociera. Ahora mismo no descarto que se haya detectado quién ha sido y que un funcionario haya sido sancionado, pero por motivos de política de comunicación no se ha trasladado. También puede no haberse detectado y la tercera opción, no haberse hecho la investigación. No lo sabemos. No comparto esa política informativa de reserva. Al revés, yo, en los casos con impacto mediático, se hicieron investigaciones e hice pública la información del resultado de las mismas, no sé si resulta elegante que lo diga. Investigamos el caso Huguet-Aguiar, los directivos de la AEAT en Cataluña, informamos a la opinión pública del resultado de la investigación a la vez de la denuncia a la Fiscalía. Acabó con la condena de tres o cuatro funcionarios de la Agencia, de algún asesor y del propio José Luis Núñez como empresario. Las investigaciones hay que hacerlas, y el resultado de las mismas en mi opinión sería bueno que se hiciera público. Si corriges y lo dices, gana la confianza en la AEAT, si no corriges o si corriges pero no lo dices, no aumentas la confianza del contribuyente en la institución. No tienes por qué decir el nombre y apellidos del funcionario sancionado.
No comparto la política de no informar sobre la filtración de datos fiscales de Ayuso, afecta a la confianza en Hacienda"
P. Habla de varios casos, como el de Agapito García, muy conocido, y otros menos conocidos
R. Dos de los menos conocidos son tremendos.
P. Esto se ha incrementado, apunta, ¿por qué?
R. El régimen legal básicamente que permite que se den estos casos no ha cambiado, quiero creer que un régimen legal se puede atemperar, quiero creer, aunque no tengo datos, que no siempre ha sido así y estamos en proceso de agravamiento en la dureza de algunas actuaciones. En todo caso, creo que es bueno que se vea cómo puede afectar a la vida, a la hacienda y a la actividad empresarial.
P. Aparte de la crisis, ¿ha podido tener que ver el plan de incentivos que aparece en 2014, que se da por recaudar?
R. No veo ahí grandes cambios, siempre ha sido por recaudar o liquidar, según el área donde trabajes, no pude, no supe cambiarlo. La alternativa es que no se paguen incentivos por el trabajo, lo que sería un desastre. La AEAT nace por un intento de modernizar el funcionamiento del Estado y en toda empresa y organización hay incentivos por el rendimiento, pero cómo defines el rendimiento de un inspector de Hacienda cuya única función es liquidar. Si se hace sobre la liquidación, las cifras, directamente, sería muy criticable, pero tampoco se calcula así, se hace con algoritmos tremendamente complejos. El sistema de incentivos acaba siendo perverso, pero es muy difícil cambiarlo, yo no descubrí cómo sustituirlo. Se paga un incentivo por actuaciones que hoy pueden parecer muy rentables pero que dentro de cuatro años anulen los tribunales, lo que añade perversión. La liquidez durante esos cuatro años ha ido a favor del Estado, lo que nos enlaza con otro tema, la presunción de veracidad de lo que dice la Inspección y la ejecutabilidad del acto administrativo, que es un drama, parte de la hernia fiscal que tenemos. Si a los cuatro años se anulan las actuaciones, al inspector que recibió un incentivo cuantioso por la eficacia de su actuación no se le retrotrae, lo que añade perversión sobre perversión.
Los bonus a los inspectores de Hacienda son perversos, pero no se me ocurre otro sistema
P. Cuando habla de estos casos, me llama la atención que dice que no es posible que la empresa pida responsabilidades a la Agencia. ¿Ve indefensión no sólo de facto sino del marco legal?
R. La responsabilidad del Estado está regulada de forma muy restrictiva, tremendamente restrictiva, los casos en que un ciudadano ha conseguido una condena al Estado por responsabilidad se pueden contar con los dedos de la mano: se exige error en la aplicación de las normas, mala fe, muchos requisitos, los conocedores saben que conseguir que el Estado venga obligado a indemnizar a un particular por su actuación es poner una pica en Flandes. No es imposible, no está impedido legalmente, pero la proporción en que los tribunales la conceden es prácticamente nula. La legislación es muy restrictiva y el criterio de los tribunales es muy restrictivo, pero hay cuestiones que no son reversibles. Lo que resulta objetivo es que esos contribuyentes a los que han dado la razón los tribunales han tenido su patrimonio embargado. Lo que no es objetivo es el daño que les ha supuesto, el empobrecimiento: cuentas embargadas, saldos de clientes embargados, hay un perjuicio evidente pero, cómo se cuantifica, la cuantificación de esa responsabilidad, de los siete años de zozobra al que piden siete años de cárcel y 12 millones de euros, esa zozobra, esas noches de insomnio, la pérdida de estabilidad emocional, es inevaluable económicamente.
P. ¿Debería elegir el Parlamento a los directores de la AEAT como plantea la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda?
R. Siempre me ha parecido una mala idea, es un órgano administrativo y como tal debe ser dirigido, gestionado y controlado por la propia Administración, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que todas las designaciones de cargos que recaen en el Parlamento corren un serio peligro de que muchos cargos no se renuevan, como en el CGPJ. Malo es en ese caso, poro en el cargo del director de la Agencia Tributaria, del que dependen 28.000 funcionarios y el 85% del presupuesto de ingresos del Estado, no puede estar prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento. Me parece una idea más que mala.
Claro que hay margen para bajar impuestos como pide el PP, sobre todo en con gasto más eficiente"
P. ¿Debe la AEAT pronunciarse en el ya debate político sobre los efectos de la inflación en la recaudación, que el Gobierno niega?
R. En el debate político la AEAT no debe entrar, sí que es verdad que en sus informes de recaudación siempre ofrece una explicación de la evolución que tiene la recaudación. No se puede negar por nadie que el aumento de la inflación eleva las bases imponibles del IVA y aumenta la recaudación, es un hecho matemático, evidente, del mismo modo que la no actualización del IRPF supone también un aumento de la recaudación. Sí, la inflación provoca aumentos de recaudación, no sé cómo se han metido en ese berenjenal.
Es una simpleza defender que más gasto público dé mejor servicio: las mascarillas de Madrid no son mejores porque Luceño se llevara 6 millones"
P. Entonces, como pide el PP, ¿hay margen para bajar impuestos ahora mismo?
R. Sí. Hay margen para bajar impuestos como pide el PP, pero no sólo porque la inflación incremente la recaudación, sino porque yendo a la propuesta del PP, donde hay muchísimo margen es en la eficiencia en el gasto público. Pongo un ejemplo concreto: cuánto gastan en educación la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Madrid, 5.100 millones, y la Comunidad Valenciana, 5.500, con menos habitantes. El gasto per cápita es de 1.200 en la Comunidad Valenciana y 750 en Madrid. La pregunta es: ¿quién gasta mejor? En el Informe Pisa, en las diferentes materias educativas, la Comunidad de Madrid está mejor; en el INE, el indicador de calidad de vida, la parte que se refiere a sanidad, educación y trabajo, Madrid está mejor, En el Informe de 'Save the Children', en el indicador de equidad educativa, con parámetros como becas, equipamiento y actividades complementarias, Madrid está la 2, Comunidad Valenciana, la 11. Valencia gasta más, Madrid, mejor. Gastando menos da mejor servicio. Es posible reducir el gasto público dando mejor servicio. Hay que acabar con el mantra de la izquierda de que si bajo el gasto público, baja el servicio público. Si un colegio paga el doble que otro por las mismas sillas y libros, ¿está dado mejor servicio o está siendo ineficiente? Es una simpleza medir el servicio público por el gasto que genera. Otro ejemplo: las mascarillas de Madrid no son mejores porque Luceño se llevara 6 millones, no.
