El plan de choque diseñado por el Gobierno para tratar de abaratar el precio de la luz trajo, entre sus primeras medidas, una agradable sorpresa para las grandes compañías eléctricas: la suspensión del impuesto sobre generación, una de las más habituales reivindicaciones de las empresas del sector en los últimos años. Su desaparición, por el momento temporal, supone un desahogo para la cuenta de resultados de las corporaciones y también para el bolsillo de los consumidores, aunque en una modesta proporción, toda vez que supondrá una rebaja aproximada de 18 euros al año para un recibo medio.
La medida fue anunciada durante la esperada comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados de la ministra del ramo, Teresa Ribera, que además manifestó la intención del Ejecutivo de completar el actual bono social con otro especial para las calefacciones en los hogares de los colectivos vulnerables. Soluciones a corto plazo para paliar un problema que, más allá de estas actuaciones urgentes, no parecen tener una solución ni sencilla ni que esté en manos de cualquier Gobierno.
La situación que se ha planteado con la notable subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, de carácter especial, como la definió Ribera, ha derivado en una confluencia de intereses con las compañías del sector, que se ahorrarán el pago de unos 1.500 millones de euros en el impuesto que se reducirá hasta prácticamente cero. Durante los últimos años, las empresas habían solicitado al Ejecutivo su eliminación, al entender que carecía del sentido que se le dio inicialmente y que sólo contribuía a encarecer innecesariamente el recibo.
El tributo se creó en 2012, con el aterrizaje en el Palacio de la Moncloa del primer Gobierno liderado por Mariano Rajoy, y su cometido era esencialmente contribuir a la reducción del abultadísimo déficit de tarifa que acumulaba el sistema eléctrico. Sin embargo, en los últimos años el desequilibrio se ha corregido y aunque el agujero sigue siendo grande, el sistema es capaz de generar superávits ejercicio a ejercicio, con lo que las compañías entendían que el impuesto sólo encarecía innecesariamente la actividad de generación.
Un impuesto sin sentido
La resistencia del Gobierno a eliminarlo ha hecho que las eléctricas hayan optado por generar electricidad en la vecina Portugal, con un impuesto mucho más reducido, e importarla posteriormente para su venta en España. Una situación que pasará a mejor vida a partir de que el consejo de ministros apruebe la suspensión del tributo, que gravaba la actividad con un tipo del 7%.
Sin embargo, la repercusión para el consumidor será inferior, toda vez que los impuestos son sólo un componente más del recibo. Los cálculos de compañías y expertos apuntan a que la rebaja para el usuario podría estar entre un 2% y un 3%, lo que supone 18 euros aproximadamente en un recibo medio, independientemente de que el cliente pertenezca al mercado libre o disfrute de la tarifa PVPC, que es la directamente afectada por las fluctuaciones del precio mayorista de la electricidad.
Mientras, las arcas del Estado se verán también afectadas aunque los ingresos extraordinarios que están llegando a través de los derechos de emisión de CO2 (precisamente, uno de los factores que está contribuyendo a la espiral alcista del precio de la electricidad) los está compensando con creces.
Reformas... con permiso de Bruselas
Las medidas anunciadas por Ribera forman parte de un plan de choque con un desarrollo más amplio, aunque las únicas medidas que, por ahora, podrán ponerse en marcha de forma casi inmediata serán la supresión del impuesto y la ampliación del bono social.
Para más adelante debe quedar la reforma del sistema eléctrico, en el que el Gobierno español, contrario a la formación de precios con un esquema marginalista, tendrá que vérselas con la Unión Europea. Una reforma de gran calado que no será fácil de implementar y menos con la situación de debilidad del partido en el Gobierno dentro del Parlamento español.
La propia ministra Ribera admitió en la Comisión que la posibilidad de rebajar el IVA del 21% de la luz para los colectivos vulnerables también está en manos de la Comisión Europea, que ha planteado numerosas dificultades a algunos gobiernos de la Unión que previamente habían tratado de implementar la medida.
Tensión de precios hasta enero
Mientras tanto, la recta final de año no se aventura sencilla para el mercado mayorista, para el que se avecinan nuevas turbulencias como consecuencia de la progresiva llegada del mal tiempo y las bajas temperaturas al Viejo Continente. Por lo pronto, los futuros siguen apuntando a precios elevados, por encima de los 70 euros, hasta enero.
Y mientras, la volatilidad del CO2 sigue en su punto máximo, con su consiguiente repercusión en el precio de la energía proveniente de las fuentes emisoras de gases contaminantes. Aquellas centrales a las que, ahora, el Gobierno da un involuntario espaldarazo con la suspensión de un impuesto que incluso podría convertir en rentables a algunas que ahora no lo son.
