La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mete el pie en el acelerador en la negociación de los Presupuestos, que llevaba semanas paralizada, con vistas a que los apruebe el Consejo de Ministros el próximo 4 de octubre. No se prevé de momento que se active el viernes 30 un Consejo de Ministros extraordinario. La señal que ha lanzado es la convocatoria a los sindicatos de los funcionarios el próximo miércoles. Tanto si prevé negociar su subida salarial, como si hace como el año pasado y ofrece un alza cerrada -su falta de predisposición a negociar llevó a CSIF a manifestarse este domingo, cuando parece que va a ofrecer una subida del 3%-, es preceptivo que les convoque para comunicárselo y eso se hace en el momento final de la negociación, en el que tendrá que poner ofertas encima de la mesa que puedan desatascar el parón que venía denunciando Podemos.
De momento, el ala socialista del Gobierno sólo ha ofrecido a sus socios de manera clara los impuestos a banca y energéticas y, desde este miércoles, el impuesto a grandes fortunas. Todos ellos son propuestas de los morados que fueron cuestionadas y rechazadas en el pasado y que Pedro Sánchez ahora se ha apropiado. El problema de los dos primeros impuestos es que se anunciaron en junio y julio y el primer efecto ya se da por amortizado. En cuanto al impuesto a grandes fortunas, se ha acogido primero con escepticismo y luego con ironía en privado en Podemos, dado que acumulaba crítica tras crítica del Ministerio de Hacienda y que fue rechazado en el Congreso por el Grupo Socialista el pasado 7 de junio.
Con el anuncio improvisado de este gravamen, el PSOE creía lograr la cuadratura del círculo: en primer lugar, contestar al PP en la batalla fiscal que se ha desatado esta semana con el anuncio el lunes de que Andalucía suprime el Impuesto de Patrimonio y deflacta la tarifa del IRPF como la Comunidad de Madrid, lo que han replicado en distinto grado Murcia y Galicia.
En segundo lograr, el Gobierno ofrecía esta opción en forma de armonización fiscal por la puerta de atrás justo cuando una delegación de la Comisión Europea ha aterrizado en España para fiscalizar las reformas del Plan de Recuperación y, en concreto, la de las pensiones, pero ha trasladado que espera que Sánchez cumpla con su compromiso de armonizar Patrimonio y Sucesiones, lo que prometió que estaría en vigor el primer trimestre de 2023.
A su vez, los socialistas creyeron que con el anuncio de la creación de un impuesto a grandes fortunas engrasarían el apoyo de Podemos.
Los morados recelan de la fórmula que crea ahora a contrarreloj Hacienda después del anuncio improvisado, un impuesto que además no va en Presupuestos, y que se ha anunciado temporal, pero que ellos quieren que sea permanente. Para apoyar las Cuentas, exigen otros elementos de reforma fiscal como una subida del IRPF para rentas altas y en el Impuesto sobre Sociedades.
El partido lleva varias semanas advirtiendo de que debe incluirse una partida de 400 millones para dar un cheque bebé de 100 euros al mes a todas las mujeres. Pero hay más, quieren permisos más largos de paternidad y maternidad. En concreto, hasta 6 meses. Además, Podemos presiona por lograr la gratuidad del material escolar, por meter 800 millones más para Dependencia (que depende del Ministerio de Ione Belarra) y reducir el IVA de los productos de higiene femenina al 4%.
El escollo del gasto en Defensa
El conflicto más importante ha surgido con el gasto en Defensa que Sánchez quiere elevar en estas Cuentas después de haber incrementado ya otros créditos. Desde el ala socialista se viene insistiendo en que este incremento se va a hacer y que es un compromiso con nuestros socios de la OTAN especialmente pertinente en el contexto geopolítico actual, pero la negativa de los morados estaría llevando a Hacienda a diluir su presencia en varias partidas.
Podemos también quiere derogar la Ley Mordaza que, dicen, "no tendría que haber estado en vigor ni un minuto tras la salida de Rajoy de la Moncloa" y desatascar la ley de vivienda para que ponga las viviendas de la Sareb a disposición del parque público de vivienda. Todo ello será usado como moneda de cambio en la negociación presupuestaria, donde Podemos quiere demostrar que cumple con sus promesas.
Una vez que se validen los Presupuestos en el Consejo de Ministros, entrarán en el Congreso y el Gobierno deberá lograr el apoyo de sus socios en una negociación que se anticipa más complicada con ERC. Los Republicanos son el hueso duro de roer una vez más. Pese a que el conflicto político está menos tenso tras la crisis de Pegasus.
