El total de moratorias aprobadas para aliviar situaciones de dificultad económica derivadas del coronavirus ha aplazado el pago de un montante de 48.883 millones de euros, que los bancos tendrán que esperar a recuperar.
Estas moratorias -que recaen sobre hipotecas y préstamos al consumo- se destinan a los clientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o a aquellos sectores más afectados por la pandemia, y que no tienen que seguir pagando sus hipotecas ni tampoco devolviendo el crédito mientras no tengan capacidad económica para ello.
Según los últimos datos recopilados por el Banco de España, se han concedido en España moratorias sobre 226.644 hipotecas, en las que quedan por pagar 20.300 millones de euros. También se ha aplazado la devolución de 391.904 préstamos, cuya deuda asciende a 2.883 millones, y 666.699 moratorias concedidas a ciertos sectores, con un volumen pendiente de devolución de 25.700 millones.
Un 70% de los beneficiarios de los 1,28 millones de moratorias aprobadas son trabajadores asalariados, mientras que el restante son trabajadores autónomos.
De estos últimos, la mayoría de los que han tenido aplazamientos porque no podían cumplir con sus obligaciones bancarias operan en los sectores del comercio, la hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción. "Estos sectores de actividad representan casi el 80% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso hasta la fecha", explica el supervisor.
Moratorias para empresas de sector turístico y transporte
Además de estos tres tipos de moratoria, el Ejecutivo aprobó en el real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, y en el real decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, una moratoria urgente para apoyar al sector turístico y al transporte y vivienda, respectivamente. Ambas incluyen la novedad de que no se dirigen sólo a personas físicas sino que cubren también a empresas.
Por el momento, se han concedido 78 moratorias sobre inmuebles en los que se desarrolla una actividad turística, que en conjunto acumulan un saldo pendiente de amortización de 91 millones de euros. Del sector de transportes se han concedido 314 de 477 solicitudes, y la deuda asciende a 26 millones de euros.
