Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos impuesta por el jefe provincial de Tráfico de Segovia a un conductor por un supuesto exceso de velocidad. El juez considera que, al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado, no puede garantizarse su correcto funcionamiento. Pero, además de anular la sentencia, la DGT ha sido condenada al pago de 400 euros en costas.
Los hechos que han sido ahora objeto de juicio se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año por el radar que la DGT tiene situado en el kilómetro 59,2 de la N-VI, un radar que, curiosamente, ostenta el récord de ser el más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas en un solo año, según un informe elaborado por AEA.
Sin embargo, ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los abogados de AEA en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo” y ha anulado la sanción impuesta de 300 euros y la pérdida de dos puntos, con expresa imposición de 400 euros de costas.
Según se recoge en el fundamento de derecho primero de la sentencia, “en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina”.
500 millones de euros en multas
Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones de denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.
Por ello, para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “este nuevo éxito obtenido por nuestros servicios jurídicos vuelve a poner de manifiesto la necesidad de tener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación y no de meros tramitadores de multas, frente a actuaciones arbitrarias de la Administración. Especialmente cuando el máximo responsable del tráfico en España ha reconocido abiertamente que la DGT es un organismo recaudador”.
Ya el año pasado, esta asociación destapó el hecho de que varios radares incrementaron exponencialmente su actividad. Así, por ejemplo, el radar situado en el kilómetro 371,2 de la A-8, en Asturias, pasó de formular 460 denuncias en 2018 a 26.039 en 2019. También los radares situados en el kilómetro 245,2 de la A-4, en Jaén y en el kilómetro 13,3 de la A-4, en Madrid, experimentaron el pasado ejercicio importantes subidas de más de un 4.000% y de un 3.000%, respectivamente.
A la vista de ese incremento de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias, donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, AEA considera que la DGT debería replantearse su política de radares al no estar consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación.
