La reforma laboral enfila la recta final de su viaje parlamentario con la discusión de las enmiendas en la comisión de Empleo. Esto sucederá el jueves para después trasladarse el debate al Senado. La foto final de la reforma, que será muy similar a la del decreto aprobado en febrero, se obtendrá a mediados de junio.
La última reunión mantenida por Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) con la dirección del PP se celebró el pasado 7 de mayo. A la cita acudieron, entre otros, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, el jefe de la oficina Económica, Álvaro Nadal, y la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez. La impresión no pudo ser más penosa: en lo que más hincapié hicieron los sindicatos fue en su aspiración a recuperar el poder perdido en la negociación colectiva y en el mantenimiento de los fondos destinados a formación.
Lo primero depende de la reforma laboral que se discute en el Congreso y lo segundo del proyecto de ley de Presupuestos que se tramita en paralelo en la Carrera de San Jerónimo. Y a las dos demandas, el PP ha dado un no rotundo.
Con el decreto de la reforma laboral los sindicatos y la patronal han perdido el control sobre 1.000 millones para formación
Los sindicatos han perdido influencia en la negociación colectiva, y también mucho dinero, porque ahora el convenio de empresa es prioritario sobre el convenio del sector. De esta forma, se ha conseguido desarticular el poder que tenían las centrales en numerosos ámbitos de producción, en los que regían las reglas acordadas hace dos décadas. La flexibilidad incorporada a la reforma va mucho más allá ya que las empresas solo necesitan avisar ahora con dos semanas de antelación si deciden recortar salarios o cambiar los horarios si hay razones económicas y organizativas que lo justifiquen. Cualquier compañía que sufra caída de ingresos o de ventas durante dos trimestres consecutivos puede desentenderse de lo pactado en los convenios y esto escuece también a los sindicatos.
Además, con la nueva reforma laboral, las centrales han perdido buena parte de los ingresos que obtenían a través de los expedientes de regulación de empleo. Los trabajadores afectados pagaban a los sindicatos por la asesoría jurídica hasta 400 euros, más un porcentaje variable de la indemnización. La desaparición de la autorización administrativa para la tramitación de los ERE ha sido un duro golpe para ellos.
Méndez y Toxo han canalizado sus aspiraciones a través de las enmiendas de IU y del PSOE
Como el PP les ha dado calabazas, Méndez y Toxo están intentando canalizar el rescate de su autoridad en la negociación colectiva a través de las enmiendas que defienden en el Congreso Izquierda Plural y el PSOE, en este último caso contradiciendo algunas de las pautas de la propia reforma laboral que hizo el Gobierno de Zapatero en la negra etapa de Celestino Corbacho como ministro de Trabajo.
Los sindicatos aspiran también a otro imposible: recobrar los 1.000 millones de euros que los Presupuestos ahora en trámite les retiran para formación. En el ajuste que ha hecho desde Hacienda Cristóbal Montoro, hay una partida por este importe que pierde la Fundación Tripartita para la Formación (Forcem) que sale del antiguo servicio público de empleo. UGT y Comisiones gestionaban casi 500 millones de este presupuesto, al margen de los recursos que recibían de comunidades y ayuntamientos, que se han visto también muy menguados.
