La credibilidad de la reforma financiera se juega en varios frentes. Uno de ellos, las subastas de Catalunya Caixa y Banco de Valencia. Dos procesos que se encuentran ya en la fase de auditoría y que pueden sufrir una importante alteración en las próximas semanas. La banca ya no esconde que ambas pujas se enfrentan al peligro de quedar desiertas debido al alto precio que tendrá que pagar el sector, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), por cada uno de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) que reciban los compradores. Según los cálculos de algún banco que interviene en uno de los procesos, las pérdidas futuras de ambas entidades, que quedarían cubiertas por el EPA, podrían superar los 30.000 millones.
"El segundo decreto de provisiones sobre el ladrillo hace prácticamente inasumible poder acudir a las subastas puesto que las entidades tienen que cubrir muchas obligaciones en los próximos meses", aseguran el directivo de un banco, que pide tiempo para que el sector pueda asumir tantas regulaciones. "Muchas entidades están ya al límite", explican desde una antigua caja que reconoce que la derrama que prepara Economía sobre las aportaciones futuras del sector al FDG puede ser la puntilla que las extrangule.
La posibilidad de que alguna, o las dos, pujas puedan quedar desiertas preocupa la sector por el daño a la imagen de la banca española frente a los mercados. Incluso el presidente de un banco reconoce que tanto Catalunya Caixa como Banco de Valencia deberían seguir en manos del Estado durante más tiempo hasta que varias entidades pudieran estar en disposición de volver a pujar en igualdad de condiciones. "Habría que hacer como con Bankia, sanearlas y ponerlas a la venta a medio plazo y no antes del verano como es el plan", explica este banquero.
Otro directivo insiste que "lo normal es que todo se pospusiera" hasta que se conozcan las valoraciones de la banca española que van a efectuar Roland Berger y Oliver Wyman. "No podemos entrar en ningún proceso hasta que no sepamos en qué condiciones nos vamos a quedar nosotros y en qué condiciones se va a quedar el resto", insiste.
En el Gobierno conocen desde algunas semanas la dificultad que va a suponer cerrar con éxito estas subastas. De ahí, que se haya encargado al grupo Citi que empiece a sondear en el mercado norteamericano la búsqueda de potenciales inversores para estos procesos.
Liberbank y Popular, las primeras bajas
El impacto del nuevo decreto ha encarecido ambas subastas en 3.500 millones, según los cálculos que maneja Economía, por el deterioro que sufrirán los balances de ambas entidades, como adelantó el lunes Vozpópuli. Esta situación provocará que las entidades se replanteen seguir en el proceso. De hecho, Liberbank y Popular han sido las primeros bancos que han decidido retirarse de la subasta por el Banco de Valencia. Entre algunos de los pujadores se descontaba, antes del segundo Plan Guindos, que el EPA de 5.000 millones previsto por el Banco de España tendría que incrementarse en, al menos, otros 1.500 millones, como ha venido informando este medio.
En el caso de Catalunya Caixa, el sector estima que el comprador recibirá un nivel de protección similar al que consiguió el Sabadell para protegerse de las pérdidas de la CAM: cerca de 20.000 millones de euros en 10 años.
Sólo cinco entidades (Santander, BBVA, BMN, Ibercaja y Unicaja) se encuentran en proceso de 'due diligence' del Valencia. La puja por Catalunya Caixa también ha entrado en el proceso de auditoría. En ella participan Santander, BBVA, Sabadell, Popular, Kutxabank y JC Flowers. Los postores presentarán sus ofertas en firme a finales de mayo, para Banco de Valencia, y antes del 16 de junio en el caso de Catalunya Caixa.
La entidad valenciana, intervenida desde noviembre pasado, sufrió unas pérdidas entre enero y marzo de 189 millones de euros y su mora se sitúa en el 16,37%. La entidad ha cifrado en 827 millones el coste del decreto de febrero, a los que se suman otros 509 millones en provisiones por créditos promotores que están al corriente de pago. Catalunya Caixa cerró 2011 con unas pérdidas de 1.335 millones de euros. El real decreto aprobado hace dos semanas le supondrá una dotación adicional de 995 millones de euros netos.
