La lucha emprendida por la Unión Europea contra su propia industria automovilística está generando un gran malestar en uno de los sectores de mayor peso económico y que más empleo genera. A la intención de prohibir en 2035 la comercialización de coches de combustión –algo que en estas últimas semanas está encontrando la fuerte oposición de países como Alemania, Italia o Austria–, se suma la entrada en vigor de una nueva normativa de emisiones todavía más restrictiva que afectará a fabricantes y usuarios.

Así, el presidente de Volkswagen Group España, Francisco Pérez Botello, ha advertido del riesgo de que se cierren líneas de producción e, incluso, fábricas de automóviles con la implantación de esa norma Euro 7 que pretende reducir aún más las emisiones de los nuevos vehículos de combustión.

Pero además de afectar a la industria, cree que la implantación de la norma Euro 7 producirá un incremento de unos 2.000 euros en el coste medio de un vehículo –a sumar al alza de los últimos dos años por la falta de componentes y la crisis energética– y ha señalado que eso incide más en un coche que cuesta 18.000 euros que en otro que cuesta 50.000, afectando por ello principalmente a las rentas más bajas. Y es que para lograr minimizar aún más los niveles de emisiones las inversiones de los fabricantes suponen cuantías millonarias para desarrollar una tecnología que en poco más de una década quedaría prohibida.

Ha señalado que esto puede poner en riesgo la fabricación de coches pequeños y medianos, que ha recordado que son los que más se fabrican en España, y ha indicado que esos 2.000 euros de coste en un coche pequeño puede provocar una caída de las ventas de más del 20%.

Para Pérez Botello, es un contrasentido que se obligue a los fabricantes a hacer inversiones que se rentabilizan a muy largo plazo para reducir sólo en un 4 % las emisiones de los coches, cuando por lo que habría que trabajar es por conseguir retirar los vehículos antiguos, que son responsables del 80 % de las emisiones.

Una norma sin sentido

En su opinión, no tiene sentido esa mejora marginal de las emisiones que se persigue con la Euro 7, cuando lo que se debería hacer es atacar la antigüedad del parque automovilístico y ha apuntado que entre el 70% y el 80% de los coches que hay en España son antiguos.

Ha añadido que la solución es quitar los coches que emiten seis veces más que los nuevos y no meter automóviles que contaminan un 5% menos, al tiempo que ha pedido que no se obligue a los fabricantes a invertir en una norma Euro 7, cuando ya en la Unión Europea (UE) se ha propuesto la fecha de 2035 para que a partir de entonces no se puedan vender vehículos de combustión.

Ha recordado que el mercado del automóvil es global y que con esto se está dañando a la industria europea, y ha advertido de que existe el riesgo de que se cierren líneas de producción o, incluso, fábricas por no ser rentable producir coches con arreglo a la norma Euro 7.

En cuanto a la fecha de 2035 para que ya no se puedan matricular coches nuevos de combustión, ha dicho que en la industria del automóvil valoran "la estabilidad y la certeza", y que la fecha le parece bien pero "con matizaciones", como que se desarrollen las infraestructuras para el vehículo eléctrico, pues el sector, que pone en el mercado en España 200 modelos electrificados, ha hecho ya sus deberes.

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