Economía

Iberdrola y Endesa recurrirán los nuevos cementerios nucleares del Gobierno

Los dueños de las centrales esperan una incremento de sus costes de 'como mínimo' 120 millones al año por el plan de residuos nucleares que presentó el Ejecutivo

  • Central Nuclear de Ascó. -

Los dueños de las centrales nucleares no están conformes con el nuevo plan que tiene el Gobierno para su cierre y gestión de los residuos nucleares. Iberdrola y Endesa, principales dueños de los siete reactores operativos en España, planean recurrir los costes de esta estrategia para crear siete cementerios nucleares en cada central, según informan a Vozpópuli fuentes cercanas al sector nuclear. 

Las empresas saben desde el pasado 27 de diciembre que el Gobierno mantiene es más ambicioso con su hoja de ruta. La duda ahora es cuánto les va a subir la factura anual. El sector espera que Iberdrola y Endesa, también a Naturgy y EDP que son dueños minoritarios de estas centrales, sufran un incremento de, como mínimo, un 25% de las aportaciones económicas que pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). 

Esta tasa se sitúa en estos momentos en 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad que producen, que se traduce en 450 millones de euros al año. Y cada euro por megavatio que sube la tasa supone 60 millones más al año por está aportación. Las previsiones más prudentes es que suba hasta los 10 euros/MWh, que elevaría a 570 millones el pago, y otras más 'catastrofistas' apuntan a un repunte hasta los 13 euros/MWh que dispararía la factura a Iberdrola y Endesa hasta 750 millones de euros anuales. 

Desde las empresas prefieren no hacer declaraciones a la espera de que se oficialice esta tasa tras conocerse la estrategia. El Gobierno confirmó antes de finales de año que las centrales nucleares en España cesarán su actividad entre 2027 y 2035, que las cerrará tres años después del cese de su operación y que creará siete almacenes temporales en cada central para después llevarlo en 2073 de forma definitiva a un almacén geológico profundo que todavía no está localizado. 

Este 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR) vale 20.220 millones de euros y se financia bajo la premisa de que ‘quien contamina, paga’. Es decir, lo pagarán los dueños de las centrales nucleares. No obstante, tendrán que esperar hasta el momento en el que se desvele la nueva tasa para recurrir, porque este PGGR no se abre a recurso al ser una planificación. 

Siete cementerios nucleares 

El sector espera que suba la tasa porque el plan del Gobierno de poner siete almacenes temporales en vez de uno, como estaba previsto anteriormente, es más caro. Sólo esta decisión añade 2.000 millones más a la factura del plan de cierre. Desde que se aprobó en 2019 el desmantelamiento ordenado de las centrales nucleares, el Gobierno y el sector han negociado dos opciones para gestionar los residuos radiactivos. 

Por un lado, se pretendía llevarlos hasta un único almacén temporal centralizado (ATC), con la ciudad conquense de Villar de Cañas como principal candidato, y décadas después trasladarlo hasta el esperado almacén geológico profundo. La otra opción, y la definitiva, ha sido construir siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en cada una de las centrales a la espera de ese almacén profundo. Para el sector la decisión de los almacenes centralizados es un indicador de la “ineficiencia” de la política pública nuclear y son las empresas las que deben asegurar sus costes. 

En el corazón de la central nuclear de Ascó: un motor económico con fecha de caducidad
Trabajadores de la central nuclear de Valdellós Foro Nuclear

“La solución adoptada con almacenes temporales en cada una de las centrales y un Almacén Geológico Profundo (AGP) en servicio en 2073 implica que no se podrán liberar hasta casi finales de siglo los emplazamientos nucleares, lejos de las recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes del año 2050”, manifestaban este lunes desde el Foro Nuclear, asociación que agrupa a los principales dueños de las centrales nucleares y que está liderada por Iberdrola y Endesa. 

Las empresas consideran que la mejor opción sería extender la vida de las centrales. “Mantener la operación del parque nuclear español va en la línea de la resolución aprobada en la reciente COP28, contribuye a reducir las emisiones y a conseguir el objetivo del Net Zero de la Unión Europea, a reducir la factura de la luz de familias y empresas y ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan, ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible en el Fondo Enresa”, añaden. Una alternativa que este plan de residuos descarta en absoluto. 

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