La apertura del secreto de sumario del Caso Negreira prometía complejizar la situación del Fútbol Club Barcelona a nivel mediático pero también podría acabar haciéndolo a nivel financiero.
Y es que elementos hasta esta semana secretos para las partes como el testimonio de la exdirectora de compliance Sabine Paquer vuelven a poner al club en la diana de posibles reclamaciones por parte de acreedores como los de la reforma del Camp Nou en favor del Espai Barça, el principal pasivo de los culés a día de hoy. A los bonistas, la Junta Directiva de Joan Laporta debe informarles cada tres meses de los avances de la investigación judicial sobre la institución blaugrana en torno a los pagos que hizo al que fuera vicepresidente de los árbitros españoles entre 2001 y 2018.
La declaración de Paquer ha ido en paralelo a la influencia o no que podría haber ejercido José María Enríquez Negreira y su hijo sobre los árbitros que dirigían al Barça, por la que han testificado una veintena de árbitros aflorando posibles actos, cenas y fiestas en Barcelona.
La exdirectiva blaugrana de compliance ha asegurado que sus superiores no le informaron de los pagos, esto es, que pese a su volumen, dichas facturas por un montante total cercano a los ocho millones de euros fueron "omitidas" por la Ejecutiva culé a nivel contable, sin conocer el motivo para ello ni haber tenido constancia durante su tiempo en el cargo de la existencia de los 629 informes de "asesoramiento arbitral" que el presidente Joan Laporta ha reivindicado como prueba de que eran esos los servicios contratados y no se buscaba influir en las decisiones arbitrales.
La trascendencia ya contable de testimonios como el de Paquer amenaza con colocar al club en un nuevo escenario, más hostil, ante acreedores e inversores internacionales del Barça ya preocupados por la cuestión reputacional, con la filial audiovisual en medio de un turbulento proceso de salto al Nasdaq, y por la cláusula de integridad que rige al contrato original de la Superliga europea que el club impulsa junto a su archienemigo en el campo, el Real Madrid, como principal vía de escape a una posible conversión en Sociedad Anónima.
Por lo pronto, la versión del acuerdo con los bonistas por 1.000 millones de euros para financiar el Espai Barça cotejada por Vozpópuli contempla como supuesto de renegociación de condiciones e incluso devolución anticipada en favor de los acreedores el hecho de que estos puedan probar que la institución ha incurrido en un supuesto de "inexactitud en las manifestaciones", bien por declaraciones "inexactas" o engañosas" vertidas a nombre del Barça en documentos que los bonistas estimen que guardan relación con su acuerdo con el club. Entre ellos se encuentran los Documentos de Garantía trasladados por la institución blaugrana a los inversores que han pedido explicaciones por el caso Negreira y se han blindando ya frente a una condena penal y/o sanción deportiva.
Los frentes de dudas para los inversores del Barça por Negreira
De haber sido informada de los pagos al vicepresidente de los árbitros, la propia extitular de compliance del Barça dijo que habría iniciado "un expediente para saber en qué consistía el servicio, justificar los importes para saber el servicio concreto prestado, además de determinar la existencia de conflicto de interés", avanzó El Confidencial.
Un extremo que también podría verse profundizado si se confirma, como informó El Mundo, que los pagos a Negreira tampoco han sido objeto de fiscalización interna por parte del club en lo sucesivo hasta la fecha pese a las declaraciones en ese sentido de Laporta, como habrían confesado más responsables del departamento de compliance, siempre según el mismo medio.
En suma, de acuerdo a estos testimonios, el Barça habría incumplido su propio protocolo interno de cara a los pagos a Negreira.
A preguntas de Vozpópuli, desde la institución blaugrana no se habían hecho comentarios al cierre de esta edición. Según consta en la última documentación remitida por el club a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los bonos emitidos por el Barça conservaban, al cabo del tercer trimestre de 2023, la calificación crediticia BBB asignada por la agencia KBRA. De caer dos posiciones, los inversiones podrían reclamar un incremento de los intereses a su favor por los préstamos concedidos.
