La OCDE ha participado en un evento en Madrid sobre su último informe de pensiones ‘Pensions at a glance 2017’ y ha dado nuevas y preocupantes cifras sobre el impacto que tendrán las últimas reformas que se han hecho en España sobre las prestaciones que recibirán los españoles el día de mañana. La conclusión es sencilla, pero dura: la tasa de sustitución puede caer del 83% actual al 46% en los próximos años.
¿Qué es la tasa de sustitución? Es la cuantía que supone la pensión media sobre el salario medio. Hoy en España ronda el 82% de media, pero en algunos casos llega incluso al 94,3%, tal y como dijo el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, hace unos meses en la Comisión de Presupuestos. Es una de las más altas de la OCDE.
De hecho, el responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, Hervé Boulhol, ha asegurado que la cifra supera en más de diez puntos la media de la UE, que está en el 71%, y en casi veinte puntos la de la OCDE, que está en el 63%. Pero las últimas reformas van a modificar esta situación.
Boulhol se refiere a la reforma del año 2011, que elevó la edad legal de jubilación a los 67 años y aumentó el periodo de cálculo de 15 a 25 años, y a la de 2013, que desarrolló un nuevo índice de actualización que sustituyó al IPC e introdujo el factor de sostenibilidad.
Solo la aplicación el factor de sostenibilidad a partir de 2019 reducirá 10 puntos la tasa de sustitución
Sin reformas, la tasa de sustitución habría seguido creciendo hasta el 87%. Con el cambio de 2011, la tasa se modera al 82%. Y el factor de sosteniblidad, la medida que vinculará las pensiones a la esperanza de vida de la población a partir de 2019, hará que baje otros diez puntos, hasta el 72%.
Esta cifra le puede venir bien a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que dijo la semana pasada en la Comisión del Pacto de Toledo que aún no sabía el efecto que iba a tener este factor en las pensiones. Una afirmación un tanto curiosa teniendo en cuenta que fue su propio equipo el que lo diseñó.
Pero ahí no acaba la cosa. El nuevo índice de revalorización también ajustará la tasa de sustitución. En este caso, la OCDE explica que el cálculo es mucho más difícil de hacer porque depende de lo que se vayan actualizando cada año las prestaciones. En el peor escenario, los pensionistas acabarían con tasas de sustitución del 46% cuando llegaran a los 80 años. En el mejor, del 65%.
Sostenibilidad, pero no suficiencia
Así que puede que los pensionistas no hayan perdido poder adquisitivo estos años, como también dijo la ministra el pasado miércoles, pero perderán mucho en los próximos ejercicios si no se hacen más reformas para asegurar que suficiencia de las prestaciones, una vez garantizada la sostenibilidad. El Pacto de Toledo está estancado y el Gobierno tampoco mueve ficha.
En cualquier caso, las reformas, sobre todo la última, harán que España deje de ser de los países más generosos para situarse en la media. De hecho, la OCDE cree que los cambios que se han hecho aseguran la pervivencia del sistema, algo fundamental teniendo en cuenta el tremendo reto que va a suponer el envejecimiento de la población.
En 2050 habrá 77 jubilados en España por cada 100 ciudadanos en edad de trabajar
Y es que en este mismo informe, se asegura que en el año 2050 habrá en España 77 jubilados por cada 100 ciudadanos en edad de trabajar, lo que hará que el país tenga dentro de 30 años la segunda tasa de dependencia más alta del mundo. Solo Japón estará por delante.
El organismo cree que España tiene una serie de limitaciones, con la edad media de salida del mercado laboral, que se va a estancar en los 65 años, o la falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación. Por eso la OCDE cree que las reformas son buenas, pero hay que seguir.
Además de fomentar más el empleo entre los más mayores, cree que hay que dar un fuerte impulso a la previsión social complementaria, puesto que España es de los pocos países en los que las pensiones se financia casi exclusivamente con ingresos públicos. Y considera esencial facilitar más información a los ciudadanos sobre la pensión futura para que puedan tomar las decisiones adecuadas.
