Pedro Sánchez ha redoblado su ofensiva contra los ricos para justificar el cupo catalán pero también con vistas a financiarlo. "Por eso vamos a acotar los privilegios de las élites y vamos a gravar a los que tienen dinero para vivir 100 vidas", ha asegurado este miércoles en un insólito acto institucional de apertura de curso dedicado a cargar contra Lamborghinis e Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, después de varios anuncios que no se concretaban, desde 2021 el Gobierno ha aprobado medidas para gravar patrimonios que han pinchado, con una recaudación de poco más de 600 millones, muy inferior a las previsiones, que ya de entrada eran discretas.

Sólo una subida general del IRPF puede financiar el cupo pactado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, alertan fiscalistas y expertos, un alza que Fedea cuantifica en 13.000 millones. El Impuesto sobre la Renta, sobre todo los tramos de rentas bajas y medias, es el verdadero granero de la recaudación, el único que puede proporcionar estos ingresos.

Para situar la magnitud de la subida en juego, hay que recordar que el mayor aumento del IRPF de la historia, de hasta siete puntos, que lanzó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, pretendía recaudar 5.300 millones al año y sólo reunió 3.500 en su primer ejercicio.

Fedea estima en 'Las implicaciones financieras de un concierto catalán' que Cataluña recibirá de la caja común hasta 13.200 millones al año con el cupo catalán. Calcula que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales.

Pese a tratarse de un cálculo "muy cuestionable", la Fundación parte de la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat porque "se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema".

Esto, de entrada, porque a largo plazo, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, ha advertido el centro de estudios. El pacto sitúa además esta aportación entre los elementos transitorios del sistema.

Esto elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%. Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral.

Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o subir los impuestos a "la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos", concluye Fedea.

Si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, Fedea estima que tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña.

El IRPF recaudó 120.280 millones en 2023, con lo que el 29,5% del tramo estatal, del 50%, implicaría una subida de 18.000 millones. Desde Fedea explican a Vozpópuli que con sus cálculos están hablando de unos 13.000 millones de euros con datos de 2022 (ejercicio en que este impuesto reunió 109.485 millones), ya que hay que tener en cuenta que la parte catalana desaparece.

Si, en su lugar, el Gobierno optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio.

Ahora que el BNG reclama un cupo gallego y otras formaciones hacen lo propio, Fedea también ha calculado que extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.

El Gobierno asegura que ninguna comunidad va a perder, pero de momento sólo ha propuesto duplicar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo menor, cuya dotación presupuestaria en los dos últimos años ha sido de 432 millones de euros.

El pinchazo de las grandes fortunas

La aportación de la Comunidad de Madrid y de Andalucía al Impuesto de Patrimonio no ha llegado a 700 millones. La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado en julio los datos de cierre de Campaña de Renta y Patrimonio de 2023. En esta última, se han contabilizado casi 228.000 declaraciones y el importe a ingresar ha alcanzado los 1.911 millones de euros, 661 millones más que los que se ingresó en la de 2022, 1.250 millones, según las cifras definitivas que ha publicado este miércoles la AEAT. En 2022, su primer ejercicio, el impuesto a grandes fortunas recaudó 623,6 millones de 1.500 previstos. Los dos impuestos, Patrimonio y Grandes Fortunas, reunieron 1.873,6 millones en 2022.

El Impuesto sobre el Patrimonio recaudó 1.352 millones en 2021. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso el impuesto a grandes fortunas, tributo estatal creado para obligar a las comunidades que lo tenían bonificado a reinstaurarlo o a subir en todo caso la imposición patrimonial, especialmente dirigido contra Madrid y Andalucía. Este impuesto calca Patrimonio, pero sólo se hace efectivo si una comunidad lo tiene bonificado, y a diferencia de Patrimonio, lo ingresa el Estado y no la región.

El impuesto se presentó como temporal para 2022 y 2023, pero finalmente se ha hecho permanente, para lo que ha ayudado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado noviembre lo avaló y desestimó en primer lugar el recurso de la Comunidad de Madrid.

A continuación, Madrid y Andalucía anunciaron que reactivaban Patrimonio en 2023 para evitar que el Estado se siga llevando esta recaudación en Grandes Fortunas. La Campaña de 2023 que acaba de finalizar ha sido la primera para ellas.

Buena parte de estos casi 700 millones extra que ha recaudado Patrimonio cabe atribuirlos a Madrid. Pero se quedan por debajo de los más de 1.000 millones que Hacienda atribuía a Madrid en este impuesto. Antes de bonificar Patrimonio, Andalucía recaudaba 95 millones, y además ahora ha permitido elegir entre ingresarle Patrimonio o pagar grandes fortunas al Estado.

"Aquí vuelve a ocurrir como con el IRPF. Si quieres recaudar una cuantía significativa hay que tocar el primer tramo, no vale con los últimos, esencialmente porque todos los contribuyentes pasan por el primer tramo, y si por ejemplo, colocas un tipo incrementado por encima de 600.000 euros sólo lo pagarían unos 15.000 contribuyentes, el 0,007% de los declarantes", advierte Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House).

La recaudación del Impuesto de Grandes Fortunas de 2023, cuya campaña se ha celebrado en julio, y que se va a conocer en los próximos días, va a ser anecdótica, señala De la Torre.

En su segundo ejercicio, ya se esperaba que el desempeño del impuesto fuera pobre, incluso aunque Madrid y Andalucía no hubieran reactivado Patrimonio. Grandes fortunas tenía su mayor potencial recaudatorio en 2022 porque se lanzó con efecto retroactivo y sin avisar y no daba tiempo a prepararse. En 2023, en cambio, los asesores consultados dan cuenta de que se ha planificado con cuidado.

De los 623,6 millones ingresados de la campaña de 2022, Hacienda detalló que el 95% procedía de Madrid (555 millones), Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones).

Tampoco el desempeño de la subida a las rentas del capital en el IRPF ha sido mucho mejor. El alza en los Presupuestos de 2021 preveía ingresar 491 millones y consiguió 131 en 2021 y 339 en 2022.

¿Impuesto a grandes sucesores?

Desde hace un año ha circulado un rumor sobre que Hacienda estaría preparando una especie de impuesto de grandes herencias a imagen del de Grandes Fortunas para el que el aval del TC a este último ha despejado el camino.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había negado en público y en privado que fuera a armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Aseguraba que no había mucha recaudación que recuperar de un impuesto que ingresa cerca de 3.200 millones, y el rechazo parecía obedecer a la impopularidad de esta figura, que la mayoría de comunidades autónomas tiene ya bonificada cerca del 100%.

El pasado 28 de enero, Carlos Martín Urriza, de Sumar, le reclamó a Montero en una comparecencia en el Congreso un "impuesto de grandes herencias" que calque el de grandes fortunas y un "impuesto inteligente a la cadena de distribución". Montero le paró los pies apelando a que no preveía atender peticiones que no estén en el pacto de gobierno con Yolanda Díaz. Sin embargo, el acuerdo sí avala una armonización de Sucesiones.

Pues bien, el pasado 4 de junio ya se abrió a una armonización o subida de Sucesiones. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Montero declaró que la intención del Gobierno "es seguir trabajando en la armonización, sobre todo, de aquellas figuras que pueden ser un elemento a tener en cuenta en la inversión".

Justo antes, Montero había descartado una "armonización del IRPF". "Así que, seguiremos impulsando la armonización, sobre todo, de la mano del modelo de financiación", insistió. Para Montero, con los impuestos de Patrimonio y Sucesiones cedidos a las CCAA se ha producido un "vaciamiento fiscal de estas figuras" en España porque, primero Madrid, y después muchas más regiones, han decidido bonificarlas en torno al 100%.

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