La Organización Impulsora de Discapacitados está sufriendo reveses judiciales desde que la Dirección General de Juego la declarara "ilegal" en diciembre de 2014. La transparencia del entramado empresarial de Dionisio González está en tela de juicio, con varias decenas de empresas. Pero además, las autoridades competentes de varias comunidades autónomas (especialmente Valencia, Murcia y Andalucía) parecen haber decidido librarle guerra sin cuartel a esta organización que factura unos 56 millones de euros anuales en lotería utilizando el mismo número de la ONCE .
Este mismo mes de agosto, el TSJ de Murcia ha avalado a la Consejería de Hacienda regional y su decisión de decomisar los útiles y el dinero intervenidos a la OID por ilegal. La organización argumentó que Murcia era incompetente para ponerle esa sanción, así como la inexistencia de un desarrollo reglamentario de juego legalmente permitido. En abril de este año la sala Contencioso-Administrativa de este tribunal multó con 250.000 euros a la organización.
La región de Murcia, y singularmente la ciudad de Cartagena (donde los vendedores de OID triplican a los de ONCE) es una de las que más implantación tiene de la organización. Por ello algunos colectivos de discapacitados pidieron "erradicar definitivamente" la organización.
Por otra parte, en Valencia la organización con sede en Talavera de la Reina (Toledo) acumula ya 14 expedientes sancionadores por parte de la Conselleria de Hacienda desde 2002. Se trata de sanciones por valor de unos 2 millones de euros por ejercer su actividad sin autorización. De todos estos expedientes, la mayoría se han inicado en el último lustro (entre 2012 y 2015). Este año, además, ya se ha abierto otro que está pendiente de resolución.
La propia Subdirección General de Juego, dependiente de la Conselleria de Hacienda, considera que ejerce la actividad fuera de la ley. De igual modo el TSJ de la Comunidad Valenciana ha desestimado dos recursos impuestos por la OID contra sanciones. "Queremos erradicar toda actividad que se lleve a cabo fuera de la legalidad, y entre ella la OID", escribió este organismo en una carta de principio de este año. El objetivo es "prevenir los efectos negativos del juego no autorizado", asegura.
En Andalucía, por su parte, el último caso fue la incautación de más de 70.000 cupones y 1.000 boletos 'rascas' en Huelva por parte de la policía municipal. Ocurrió en junio de este año y la propia organización denunció después a la policía por extralimitarse en sus funciones.
La OID se defiende
Este diario ha contactado con los servicios jurídicos de la OID, pero han preferido no responder a los requerimientos. Sin embargo, hemos podido hablar con un responsable de Cataluña que han expresado su versión: "Los mossos d'esquadra nos saludan y hasta nos compran boletos porque saben quienes somos y que no somos ilegales. A todos los vendedores que empiezan con nosotros les damos un escrito de la Audiencia Nacional en 1994 que reconoce que no hay delito de estafa en nuestro caso. Tampoco tenemos ni una sola denuncia por impago de premios. Con respecto a los decomisos de boletos que de tanto en tanto se anuncian, hemos demandado al gobierno autonómico y a la Policía Nacional porque no son competentes para ello. En Huelva hicieron una gran incautación y finalmente acabaron devolviendo los boletos. En las Canarias, donde vendemos mucho más que la ONCE, también se nos quitaron boletos y al cabo de unos años se devolvieron, aunque ya no valían. La base por la que no somos ilegales es que el sorteo de la ONCE es de titularidad estatal y lo puede utilizar cualquier español".
Dentro de la OID no se cree que se vaya a cerrar la organización: "Esto sería un escándalo total y haría que saliera todo a la luz".
Problemas por no pagar la Seguridad Social
Además de estos problemas con las autonomías, OID tiene enfrentamientos con algunos de sus exempleados. Algo que no debería ser extraño si se tiene en cuenta que asegura tener 3.000 colaboradores por toda España, un número alto de relaciones mercantiles con colaboradores que se quedan con un 30% de los ingresos de la lotería que consiguen vender. Algunos de ellos son discapacitados, aunque no es una condición 'sine qua non' para trabajar con ellos. La organización, que cuenta con anuncios en internet en su nombre en los que se asegura que provee "contrato en Seguridad Social y pagas extras", ha sido denunciada en un juzgado de Valencia precisamente por no pagar la Seguridad Social a uno de sus empleados.
La demanda por reconocimiento de relación laboral y cotizaciones, que ha sido comprobada por este diario, denunciaba una situación de ilegalidad que, según el demandante, es habitual en la asociación. Se le dijo que se le inscribiría en la seguridad social para luego comprobar que no estaba: "Es al finalizar la relación laboral con la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), cuando se advierte por el compareciente que no ha sido dado de alta en el régimen general de seguridad social, con lo que se encuentra que no se ha procedido a liquidar las correspondientes cotizaciones". Según el demandante, el valenciano Diego Nevado, "en realidad no pueden dar de alta a empleados para realizar una actividad ilegal", calificativo este último que ha sido reafirmado por las autoridades competentes. Así, frente a los 3.000 empleos que publicita la organización, en sus distintas sociedades figuran en realidad algo menos de 200.
"Suelen demandar a los más débiles, que saben que no tenemos dinero para pagar un buen abogado y hacer justicia"
Según este afectado, la estrategia de esta organización con las demandas legales es muy clara: "El departamento juridico de la OID se las sabe todas y siempre suele demandar a los mas debiles que saben que no tenemos dinero para pagar un buen abogado y hacer justicia. Pero en mi opinion el principal responsable de que la OID y otros cupones sin licencia sigan existiendo es de la ONCE que si se involucrara mas y con los ingresos que tiene podria acabar con ellos. Además hay que tener en cuenta que Dionisio González Otero era vendedor de Prodiecu, que era una lotería ilegal que cerró y lo único que hizo fue copiar la actividad de esta organización". En el caso de Nevado, su enfrentamiento con OID le ha llevado a querellarse de nuevo por injurias y calumnias supuestamente realizadas por responsables regionales de esta organización.
La Organización Impulsora de Discapacitados ha negado a este periódico información sobre en qué consiste su obra social, sobre cuántos empleados tiene o cuánto dinero reparte en premios. Datos que en cualquier caso sí que son accesibles con facilidad en la memoria de la ONCE, la organización con la que se pretende igualar a nivel legal.
