El autoconsumo ya no es el demonio para el sector eléctrico tradicional. Después de haber presionado al Gobierno de Mariano Rajoy durante más de un año y conseguir que el Real Decreto que regulaba la autoproducción de electricidad se convirtiera en un infierno para este emergente sector renovable ("la legislación más restrictiva del mundo", según los expertos), el lobby eléctrico ha dado un giro radical en su actitud hacia este fenómeno.
De hecho, un gigante del sector como Iberdrola, que tanto ha bregado para que el Ejecutivo no aprobara una norma favorable al autoconsumo masivo que hubiera permitido que decenas de miles de hogares se 'desconectaran' de su eléctrica tradicional al producir su propia electricidad, es ahora el adalid de la autoproducción y hasta ha creado una línea de negocio bajo el rimbombante paraguas de 'Smart Solar'.
Los representantes de las grandes eléctricas reconocen en privado que el ex ministro, José Manuel Soria, y su lugarteniente Alberto Nadal, ejecutores de la política antirrenovable de Rajoy durante cuatro años de legislatura, "se pasaron tres pueblos" al aprobar una norma que fija costes, peajes y multas tan altas a los posibles pequeños productores individuales que hace inviable este tipo de instalaciones en hogares.
Las reuniones de todo el sector y la CNMC en la sede de KPMG se mantuvieron en secreto durante meses en un contexto de incertidumbre política por la falta de Gobierno
Las reuniones secretas de todo el sector bajo el auspicio de la consultora KPMG y la implicación directa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de las que Vozpópuli informó detalladamente, han puesto de manifiesto que desde todos los frentes energéticos, oligopolio incluido, se defiende "revisar el marco regulatorio para el desarrollo del autoconsumo y la generación distribuida de forma integrada con la revisión de la metodología de tarifas y la asignación de costes a los consumidores".
Así se desprende de las conclusiones de estos encuentros, recogidas en un documento resumen por la consultora. El PP, forme o no forme Gobierno, se queda solo porque el resto del arco parlamentario se ha comprometido a cambiar radicalmente el Real Decreto para que el autoconsumo se pueda desarrollar en España y porque ahora hasta las empresas energéticas que controlan el mercado se muestran favorables a dotar de una mayor laxitud a la polémica norma que Soria y Nadal colaron a pocas semanas de las elecciones generales del 20 de diciembre.
De los encuentros de la primavera pasada en la sede de KPMG se extraen otras conclusiones consensuadas por las partes. Hay que revisar el marco regulatorio actual del sector eléctrico y el modelo para afrontar la descarbonización (lucha contra las emisiones y el cambio climático) de la economía española, proceso que tendrá que ser financiado por todas las partes: empresas de todos los sectores, consumidores y el Estado.
Piden al nuevo Gobierno, si algún día se forma, que diseñe un marco impositivo (fiscalidad verde) para que todos los sectores contribuyan a financiar la descarbonización de la economía
Para alcanzar los objetivos fijados desde Bruselas, será necesario revisar los mecanismos de remuneración a la producción de energía eléctrica y la contribución de todos los sectores emisores a los costes de la descarbonización, así como "desarrollar instrumentos y mecanismos impositivos sobre las emisiones de gas de efecto invernadero para contribuir a la descarbonización, con un enfoque global de participación de todos los sectores emisores".
Hay una guerra abierta entre eléctricas y petroleras porque las primeras no quieren asumir solas vía impuestos eléctricos la lucha contra las emisiones y las segundas critican que el vehículo eléctrico será una forma de vender esa actitud verde usando energía proveniente de fuentes contaminantes.
El documento apuesta por revisar los mecanismos de remuneración a la producción de energía eléctrica y su impacto en la formación de precios en el contexto de una participación creciente de las tecnologías de costes fijos y, en particular, de las renovables.
En cuanto a la actividad de comercialización y el nuevo rol del consumidor, las prioridades de acción identificadas por KPMG en los debates son potenciar medidas que mejoren el nivel de satisfacción del consumidor y mejorar el diseño del bono social y su relación con la pobreza energética, así como revisar los incentivos y sistemas de penalizaciones actuales para determinadas formas de fraude e impago de comercializadoras y consumidores, entre otras cuestiones.