El grupo de energías renovables Opdenergy se estrenará en Bolsa el próximo 7 de mayo. La empresa navarra controlada en su totalidad por los empresarios Gustavo Carrero Díez, Alejandro Javier Chaves Martínez y Francisco Javier Remacha Martínez quiere captar 500 millones de euros poniendo en el mercado el 47% de la compañía. Un salto que se producirá con sus tres dueños investigados por fraude.
Según detalla Opdenergy en el folleto de su Oferta Pública de Venta (OPV) emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa tiene "dos procesos penales en curso contra nuestros directores dominicales que involucran ciertos supuestos delitos corporativos y criminales. La compañía es parte en uno de estos procesos penales".
El primero de los procesos corresponde a la denuncia de Ana Zurdo, una antigua accionista de Opde Sur. Esta empresaria vendió su 5% de esta filial de Opdenergy que participó en el desarrollo de dos plantas solares en el sur de España que fueron vendidas a terceros en 2008 y 2009. Zurdo interpuso en 2017 una querella contra Opdenergy, en su calidad de administrador único de OPDE Sur, y Alejandro Javier Chaves Martínez y Gustavo Carrero Díez, en su papel de máximos accionistas de la energética. La accionista minoritaria les acusaba de fraude, administración desleal y falsedad documental asociada a la venta por parte de Opde Sur de las dos plantas solares mencionadas.
El otro frente judicial afecta directamente a los tres dueños de Opdenergy. Un accionista minoritario de Mecasolar Technologies interpuso denuncia penal contra Gustavo Carrero Diez, Alejandro Javier Chaves Martínez y Francisco Javier Remacha Martínez. Este empresario compartía control de esta empresa con Aldrovi, SL, Jalasa Ingeniería, SL Unipersonal y Marearoja Internacional, SL, las tres sociedades con las que los empresarios controlan su participación energética que busca cotizar en el parqué.
El empresario, cuyo nombre no ha transcendido, acusa a los dueños de Opdenergy de imposición de acuerdos abusivos en beneficio propio en perjuicio de otros accionistas y la vulneración del derecho de información en relación con una ampliación de capital social de Mecanizados Solares.
"No hay garantía de que se resuelva favorablemente"
Opdenergy explica a los inversores en su folleto que no puede asegurar que la justicia vaya a resolver a su favor. "No hay garantía de que estos o cualquier procedimiento futuro se resuelva favorablemente para los directores dominicales de la compañía o para nosotros, o que en el futuro no darán lugar a responsabilidades para nosotros o dichas personas", detalla.
"Cualquier violación o presunta violación de las leyes, regulaciones y orden público aplicables, por parte nuestra, nuestros directores u otras personas que actúen en su nombre, podría exponernos a nosotros o a ellos a sanciones penales y civiles, que podrían dañar el negocio de la compañía, los resultados de operaciones y situación financiera y podría tener un impacto significativo en nuestra reputación y, en consecuencia, en nuestra capacidad para ganar negocios en el futuro", añaden en el aparto de 'riesgos' a los que se expone la compañía.
Opdenergy investigará tras la OPV
Una situación ante la que Opdenergy prefiere no añadir nada más ante las preguntas de Vozpópuli. El folleto apunta que, una vez cerrada su OPV, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración analizará la situación de los consejeros dominicales afectados, de acuerdo con la recomendación 22 del Código de Buen Gobierno, y presentará su informe a la Junta Directiva para su consideración.
La Comisión de Nombramientos de Opdenergy, que se formará tras la salida a Bolsa y que se encargará de investigar estos procesos judiciales, estará integrada por la directora financiero de Arima Real Estate, Chony Martín, Cristina Fernández González-Granda y el propio Alejandro Javier Chaves Martínez.
"En el caso de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considere que su permanencia en el Consejo puede amenazar o perjudicar los intereses de la sociedad o se encuentren imputados penalmente o sujetos a procedimientos de ejecución, dichos consejeros dominicales deberán presentar su dimisión al consejo", concluye Opdenergy en este apartado de su folleto.
