Los partidos de la oposición, incluidos algunos socios de investidura de Pedro Sánchez como el PNV, han pedido en bloque al Gobierno que exonere a los planes de pensiones del pago del Impuesto sobre las Transacciones Financeras, la llamada 'tasa Tobin'. Piden también que, una vez aprobado, el plazo para su entrada en vigor sea de nueve meses y no de tres, lo que atrasaría aún más los planes del Ejecutivo.
Además de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox, que quieren tumbar este tributo, todos los grupos parlamentarios salvo ERC han introducido enmiendas parciales para pedir que los ahorradores que abran planes de pensiones privados para complementar la pensión pública el día de su jubilación no tengan que pagar este impuesto cada vez que el plan cambie sus posiciones y haga compras o ventas de títulos de la bolsa española.
El diseño del impuesto (un 0,2% para cada operación de compra o venta de acciones cotizadas en España con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros) establece que el sujeto pasivo del tributo -el que tendrá que pagarlo- será el intermediario que decida hacer esa compra o venta, pero el mercado y sus principales agentes asumen que esos operadores trasladarán al coste al cliente, en este caso, el ahorrador.
“El sujeto pasivo va a ser el intermediario financiero, pero cuando una entidad soporta un gasto adicional, aumenta su tarifa, y esto es algo que ocurre en este sector y en todos”, han advertido a Vozpópuli en varias ocasiones fuentes de Inverco, la patronal de los sociedades colectivas de inversión.
Desde el Gobierno, lo único que dicen a este medio es que "las enmiendas forman parte del trámite parlamentario y tocará a los partidos políticos discutir cuáles se aceptan y cuáles no".
El modelo italiano
Han pedido que se exonere a los planes de pensiones partidos como el PP, Ciudadanos y Vox -además de pedir enmiendas a la totalidad-, el PNV -en defensa de los sistemas de ahorro complementarios tan extendidos en el País Vasco-, y también el Grupo Parlamentario Plural -integrado por Junts per Catalunya (ocho diputados), Más País (dos), Compromís (uno), Coalición Canaria (uno), Nueva Canarias (uno), PRC (uno), Teruel Existe (uno) y el BNG (uno)-.
Esta exención estaba incluida en la propuesta inicial de Directiva Comunitaria, para proteger al ahorrador, por lo que los partidos piden que en España también se tenga en cuenta, máxime dado que la mayoría de planes de pensiones en los que ahorran los españoles invierten en bolsa española.
"Los sistemas complementarios de pensiones en España cubren a más de 8 millones de personas y presentan las siguientes características en cuanto a su base de aportantes: la aportación media es de 1.800 euros anuales (150 euros/mes); el 51,3% de los aportantes a Planes de Pensiones tiene rentas por debajo de 30.000 euros y el 72% por debajo de 42.000 euros (datos Agencia Tributaria 2017); y más del 40% de los activos en los que invierten los sistemas complementarios son de emisores españoles, con lo que su desarrollo no solo favorece unas mejores pensiones para los futuros pensionistas, sino que contribuye a financiar la economía española", expone el PNV.
Este partido señala además que tanto la normativa francesa como la italiana establecen una exención del impuesto sobre las transacciones financieras para los instrumentos de previsión social.
"En el caso de la normativa francesa, la exención se establece para los instrumentos de previsión social de empleo (sistema mayoritario, pues representa el 90%, frente al 10% del sistema individual), mientras que la italiana (donde la distribución de activos: 70% empleo/30% individuales es más similar a la española: 40% empleo/60% individuales) establece dicha exención para todos los instrumentos de previsión social".
Atendiendo a esta similitud, el PNV pide que España siga el ejemplo italiano y establezca una exención general para fondos de pensiones, mutualidades de previsión social, entidades de previsión social voluntaria del País Vasco, entidades aseguradoras en el ámbito de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones.
ERC pide que el 50% de lo recaudado vaya a las comunidades
El grupo parlamentario republicano (ERC) no se manifiesta en esta línea, sino que quiere endurecer el impuesto.
Ha introducido una enmienda para que se grave la compraventa de acciones con capitalización superior a 500 millones de euros, como en Italia, quieren también que grave las operaciones sobre derivados financieros y que el 50% del total de la recaudación se ceda a las comunidades autónomas.
"En el contexto actual es necesario garantizar una recaudación progresiva de recursos públicos y en este sentido, es importante ampliar el ámbito de aplicación de impuesto, en este caso, ampliando el número de adquisiciones de acciones que estarán sujetas al impuesto", señalan.
