De puertas para fuera, el acuerdo parece imposible. Que la crisis del coronavirus no ha ablandado las posturas de ninguno de ellos.
Andrea Orcel reclama la incorporación al cargo para el que fue nombrado, consejero delegado de Santander. O una indemnización de 112 millones de euros. Su no contratación por el banco ha dejado su brillante carrera financiera en el barro. Podía haber sido consejero delegado de UBS de no haber aceptado la oferta de Botín. Ahora quiere acallar en los tribunales a todos aquellos que le tachan de pesetero, y por ello presentó demanda contra el banco, admitida a trámite en junio de 2019.
Para Ana Botín, el hecho de que el exbanquero de UBS grabara conversaciones privadas con ella, aleja toda posibilidad de pacto. La presidenta del Santander ya ofreció a Orcel, de acuerdo a esas grabaciones, un puesto como presidente en una compañía cotizada española por su no contratación como consejero delegado del primer banco español. Y no fue suficiente.
Santander mantiene que no hubo contrato, a pesar de que hizo público el fichaje de Orcel a través de todos los medios posibles
"No queremos un acuerdo", aseguran a Vozpópuli fuentes cercanas a los dos partes. Pero no hay mejor solución que un acuerdo extrajudicial. Orcel y Botín disponen del 'verano del coronavirus' para negociar y evitar el juicio.
Como ha informado este periódico en exclusiva, el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el día 14 de septiembre para la celebración de la vista previa. Los abogados de ambas partes acudirán al juzgado para exponer sus versiones, y el magistrado admitirá o rechazará las pruebas que se hayan presentado.
De ir a juicio, aparentemente quien tiene más que perder es Ana Botín. La presidenta de Santander se arriesga, si decide mantener el proceso judicial, a que tanto el banco como ella misma sufran un profundo desgaste de imagen, y se cuestionen las prácticas de gobierno corporativo de la entidad.
El primer banco español argumentó el no fichaje de Orcel aludiendo al elevado precio que hubiera supuesto
El 25 de septiembre de 2018 Santander comunicó el fichaje de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado. El 15 de enero de 2019 el banco informó que no seguía con la contratación.
La razón esgrimida por la entidad para justificar el cambio de decisión fue que el importe que debía pagar era demasiado elevado, y que la cifra final difería de la prevista inicialmente al no haber sido posible que UBS aceptara pagar bonus debidos a Orcel, lo que incrementaba el precio que tendría que asumir Santander.
Hasta ahora, Santander ha centrado el foco de su defensa contra la demanda de Orcel, en términos muy generales, en mantener que el contrato firmado no era tal, que se trataba de una "carta oferta".
Andrea Orcel ya no tiene nada que perder; Santander y Ana Botín, sí
Pero después de que el banco hiciera público el fichaje, a través de comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los medios, a sus accionistas, con vídeos, mensajes en redes sociales..., discutir si hubo o no contratación parece ridículo.
"Encantada de que Andrea Orcel se una a nosotros como CEO del Grupo. A medida que continuamos transformando Santander, su experiencia es invaluable. Bienvenido Andrea", escribió en Twitter Ana Botín el 25 de septiembre de 2018.
Mantener que la frustración del fichaje se debió a que, en lugar de 50 millones de euros, la contratación de Orcel sería 60 o 70 millones -las cifras son aproximadas-, como defiende Santander, tampoco tiene buen encaje.
No sólo porque el consejo de administración del grupo perciba cada año entre 25 y 30 millones de euros; sino porque a un banco como Santander se le supone la capacidad suficiente como para estimar el coste de un fichaje como el de su consejero delegado con la suficiente antelación y previsión. Mas aun antes de comunicar al mundo su contratación.
Mantener abierta la posibilidad de juicio sólo parece obedecer a motivaciones personales. Andrea Orcel ya no tiene nada que perder. Santander y Ana Botín, sí.
El primer banco español tiene que valorar la posibilidad de tener que admitir ante sus accionistas que, por las razones que fueran, la contratación de Orcel fue un error. Lanzar el mensaje de que el coste de la indemnización es un mal menor comparado con lo que habría podido ocurrir de haber seguido adelante con el fichaje.
"No queremos ningún acuerdo", insisten fuentes cercanas a las dos partes. Santander y Orcel firmarán cláusulas de confidencialidad para tratar de ocultar la cantidad pactada de la indemnización. Solo si hay acuerdo antes del próximo 14 de septiembre.
