Quedan pocas sorpresas con la reforma de las pensiones a la espera del cierre ya final, de nuevo, de infarto, antes del 31 de diciembre. José Luis Escrivá tendrá que hacer malabarismos con sindicatos, Podemos y sus socios, las partes que más pesan, ya que el desacuerdo de la patronal se da casi por descontado. A lo que se suma la evaluación de la Comisión Europea. Pues bien, el punto de partida de dos de los flecos que faltan -que previsiblemente se suavizarán en aras de algún acuerdo-, la subida del cómputo y de las bases máximas, y el planteamiento que maneja el Gobierno con el tercero (el MEI), permiten diagnosticar que la reforma al completo supondrá un parche más. O sea, lanzar el problema de la insostenibilidad del sistema hacia adelante, con un déficit de 80.000 millones hasta 2050.
El Gobierno propone extender el periodo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, con lo que se descartan las peores 24 mensualidades, un cambio que se realizaría de manera progresiva, en principio hasta 2038, según ha trasladado el Ministerio de Inclusión sobre la primera mesa de negociación de la reforma de las pensiones que se ha reunido este lunes de manera formal desde el 12 de septiembre.
También se incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
Pues bien, este alza, si se hiciera sin poder elegir los mejores años, ni siquiera permitiría costear la subida de las pensiones de 2024. Elevar a 35 años el cálculo de las pensiones supondría un ahorro de 13.390 millones de euros en 2040 y de 24.960 millones en 2050, cuando sólo la indexación al IPC en 2022 va a costar en 2023 más de 15.000 millones con el IPC medio del 8,5% que se ha publicado este martes.
Pero es que se plantea con la elección de los mejores 28 años, con lo que el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura advierte de que los efectos de la medida serán neutros, redestributivos, ya que lo que se recaude con el impacto que tenga en los trabajadores con carreras largas se perderá con la rebaja a perfiles más vulnerables.
Esta reforma se acompaña de una subida de las bases máximas para la que se propone vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, el IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de un incremento de la pensión máxima. Según el borrador que maneja el Ministerio, se quiere que las pensiones máximas suban un 30% en este periodo.
Miguel Ángel García, del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura, calcula que la subida de la base máxima de cotización lograría al final del periodo una mayor recaudación máxima de 0,3 puntos porcentuales de PIB. Con datos de 2022, suponen cerca de 3.600 millones de euros al año, que sólo se alcanzarían al final del periodo, lo que puede suponer un acumulado de cerca de 15.000 millones hasta 2050, según cálculos de este periódico.
"Hay que recordar que este planteamiento es un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días", ha trasladado el Ministerio de Inclusión sobre una propuesta a la que se han opuesto sindicatos, patronal, Podemos y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ve injusta la ampliación del cómputo.
Enrique Devesa, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y del Grupo de las Universidades de Valencia y Extremadura, plantea en sus primeros cálculos que el impacto sea incluso menor a 0,3 puntos. Si se destoparan las bases máximas de golpe, el ahorro sería de unos 5.600 millones al año. Eso sí, contado con un IPC del 2%, ha estimado.
Subida extra de cotizaciones
A esto se suma que Escrivá prepara una subida de cotizaciones sociales de cerca de 70.000 millones, de la que el 80% recae sobre las empresas, que se suma a la de 30.000 millones que entra en vigor este enero, según ha informado este lunes Vozpópuli. Es la propuesta que negociaba hasta ahora con los sindicatos a espaldas de CEOE para zanjar el cuestionamiento de la Comisión Europea a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones y acompañar los dos flecos pendientes que se han discutido este lunes, la subida de bases máximas, que reportará en principio cuantías mucho más modestas, y del periodo de cómputo. Las tres cuestiones se incluirán en un Real Decreto-ley que debe estar aprobado antes del 31 de diciembre.
Se trata de convertir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de tipos de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero que pretende hacer sostenible la vinculación de las pensiones con el IPC, en 'automático', en lugar de semiautomático, lo que exige Bruselas. Es la crítica "técnica", según el ministro de Inclusión, que plantea la Comisión, una pega al mecanismo que ha ideado Escrivá que no le pone al que aprobó el PP y que ha derogado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Factor de Sostenibilidad.
La fórmula que contempla el Ministerio es extender el MEI de 2032 a 2050 sin de momento elevar la subida de 0,6 puntos. El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022 si se le añade la consolidación de la paguilla de 2022.
A partir de 2031, el MEI prevé una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces disponga de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se plantea que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, de hasta un límite del 0,8% del PIB, sin concretar cómo.
92.000 millones de déficit
Pues bien, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura estima que esta subida de cerca de 70.000 millones que supone llevar el MEI hasta 2050 no será suficiente para cubrir el déficit del sistema. En sus cálculos, ya preveían que se practiquen ajustes de 0,8 puntos de PIB, el máximo que permite el sistema, tanto aumentando cotizaciones como reduciendo gasto.
Esta insuficiencia resalta además si se compara con el ahorro que permitiría el Factor de Sostenibilidad, que en una proyección que han realizado, será de 7,7 puntos menos en PIB acumulado hasta 2067, año al que alcanzan las tasas de mortalidad. Esto es, un déficit de cerca de 92.000 millones, estimado con el PIB de 2021.
A esto añaden que ni siquiera con este incremento de los años en los que se aplica el MEI llega a ser automático, ya que no prevé la mejora de la esperanza de vida, a diferencia del Factor de Sostenibilidad.
Wesly
El problema de las pensiones es su sostenibilidad, su equilibrio entre ingresos y gastos. Si descartamos un sistema individualizado en el que las aportaciones de cada cual reviertan en la pensión futura de cada cual y apostamos por un sistema en el que los trabajadores cotizantes actuales paguen las pensiones de los jubilados actuales (que es el que tenemos), entonces hay que maximizar los ingresos, es decir, las cotizaciones. Para maximizar los ingresos hay que hacer dos cosas: reducir al máximo el paro y elevar las cotizaciones. Para reducir el paro hay que fomentar la creación de empresas y de empleo, reduciendo las trabas administrativas y dejando de penalizar y castigar a los empresarios, fomentando la cultura del esfuerzo y del reconocimiento del mérito. Para elevar las cotizaciones hay que subir los salarios a base de crear empleo de alto valor añadido con trabajadores altamente cualificados formados en escuelas en las que se premie el esfuerzo y el mérito y en las que no se admitan aprobados sin demostrar que se han adquirido las cualificaciones necesarias para merecer el título. Pero este gobierno va en sentido contrario, criminaliza a los empresarios que crean empleo, les pone todo tipo de trabas y obligaciones, y reduce el nivel de exigencia en la formación de los jóvenes, creando inútiles con título que las empresas no pueden aprovechar. Como digo, la solución consiste en incentivar la creación de empresas y de empleo de calidad, y mejorar la formación de los jóvenes para que puedan acceder a empleos de calidad. Justo lo contrario de lo que hace este gobierno.
Moltke
Se hace muy difícil seguir un articulo donde se mezclan cifras de este año, del año 2040, del 2050 con las sumas totales para diferentes periodos, hasta 2034, hasta 2050. El lector termina comparando peras con manzanas y pensando que el MEI es cuantitativamente lo que no es.