El Ejecutivo se comprometió a dar trabajo, formación o prácticas a cualquier nini en un periodo de cuatro meses desde el momento en el que se apuntasen telemáticamente al nuevo registro electrónico único. Sin embargo, el Real Decreto-Ley 8/2014 que regula la Garantía Juvenil omite cualquier plazo, debido a los problemas de las Comunidades Autónomas para aplicarlo. Los 850.000 jóvenes a los que se pretendía beneficiar con esta ambiciosa medida corren el riesgo de que la iniciativa encalle.
El Plan de Garantía Juvenil es la gran apuesta del Gobierno para dar una oportunidad a cientos de miles de jóvenes sin formación ni experiencia laboral. De inspiración europea, el 80 por ciento de los fondos los aporta la UE. Pero el problema radica en que Europa sólo adelanta entre un 1 y un 3 por ciento de los 1.887 millones comprometidos. El resto los desembolsará una vez se haya puesto en práctica el programa con éxito. De modo que las CCAA y el Gobierno han de rascarse los bolsillos y costearlo ellos mismos al tiempo que están inmersos en un proceso de ajuste presupuestario.
Por más que las Comunidades sean las titulares de la competencia, apenas cuentan con margen para cumplir con sus objetivos de déficit y, por lo tanto, van a tener muy difícil encontrar en otra parte los fondos con los que implementar la Garantía Juvenil. Es más, varios consejeros autonómicos de Hacienda han advertido a sus homólogos de Empleo de que no pueden sacar los dineros de otras rúbricas. “El techo de gasto de las Autonomías no se puede subir a menos que haya dinero fresco”, explican.
Y todo ello deja el plan en mantillas, a riesgo incluso de que una parte del dinero europeo pueda perderse, si bien el Gobierno dispone de hasta tres años para gastarlo. No es de extrañar que Bruselas ya haya alertado sobre la falta de financiación y recursos para llevar a buen puerto el plan.
Así las cosas, ¿cuál ha sido la solución del Ejecutivo? Por si acaso, pese a haberlo anunciado a bombo y platillo, el Gobierno ha renunciado a legislar en el Real Decreto-Ley el plazo de los cuatro meses que prescribe la UE.
De hecho, la Recomendación del Consejo Europeo del 22 de abril de 2013 define la Garantía Juvenil y establece que los Estados velen porque todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.
En cambio, en el artículo que lo regula en España reza tal que así (ver aquí documento):
Como pueden comprobar, no aparece por ningún lado el plazo de los cuatro meses. Y otro tanto ocurre en el resto del decreto. Se ha dejado fuera. La idea por lo tanto es no comprometerse a hacerlo en cuatro meses en tanto en cuanto no se sabe si las Autonomías estarán en disposición de atender la demanda. En principio, se tendrá que desarrollar por defecto en cada Comunidad en la medida en que ésta pueda.
No obstante, el Ministerio de Empleo sostiene que está comprometido con el plazo de los cuatro meses incluso a pesar de que al tener una tasa de paro juvenil superior al 30 por ciento Bruselas le permite superar ese plazo.
España no es el único país que está sufriendo enormes dificultades para hacer realidad este programa. Un país téoricamente con menos problemas como Suecia ha rechazado adoptarlo al no contar con los recursos de la UE por adelantado.
Por el momento, de los países en la cola para desarrollarlo, sólo Francia ha recibido el visto bueno europeo. La mismísima canciller Merkel se quejó el pasado 27 de junio de que la Garantía Juvenil no estuviese en funcionamiento seis meses más tarde de la fecha en la que estaba previsto que entrase en vigor para toda Europa. “No estoy señalando a nadie, pero parece incomprensible lo que está sucediendo. No echo la culpa a la Comisión o los Estados miembros… Simplemente estoy diciendo que el resultado es éste y que necesitamos cambiarlo”, declaró Merkel tras el Consejo Europeo refiriéndose a la Garantía Juvenil.
