El conflicto catalán ha paralizado el país y ha aplazado la tramitación de varios asuntos que los partidos tenían apuntados en su agenda y de los que depende, en parte, la estabilidad económica española. Entre estos temas se encuentra la reforma de los reguladores, que han negociado PP, PSOE y Ciudadanos desde el inicio de la legislatura y que, entre otras cosas, implicará la división de la CNMC en dos organismos independientes. Según ha podido saber Vozpópuli, las formaciones políticas estudian la creación de un departamento de control interno que se ocupe de auditar el funcionamiento de cada uno de estos organismos y de señalar la posible falta de independencia de sus dirigentes y de sus consejeros.
La medida ha causado cierta desconfianza entre algunos de los reguladores, entre otras cosas, porque todavía no se ha determinado quién designará a esta 'policía interna'. En otras palabras, temen que la propia persona que ejerza la función de 'compliance' no sea objetiva.
De hecho, durante las conversaciones se ha barajado que sea el Congreso de los Diputados o el propio Ministerio de Economía quienes nombren a estos auditores internos, lo que ha generado recelos en estos organismos.
Fuentes de Ciudadanos explican que esta medida persigue principalmente dos objetivos: por un lado, que autoridades como la CNMV o la CNMC cumplan con las misiones y objetivos que tienen encomendados; y, por otro, que sus actuaciones se ajusten a la la legalidad vigente. “Lo que queremos es que la existencia de este departamento se generalice por ley”, han manifestado.
La medida ha causado cierta desconfianza entre algunos de los reguladores, entre otras cosas, porque todavía no se ha determinado quién designará a esta 'policía interna'
Dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la figura de control interno ya existe y es elegida por su presidente con el objetivo de analizar el funcionamiento del organismo y cerciorarse de que no se extralimita en sus funciones. Una vez al año, emite un informe -que se publica sin necesidad de haber obtenido la autorización del Consejo- en el que señala las disfunciones de la institución y las malas prácticas que pueden cometer las personas que la conforman.
En 2015, fue especialmente crítico y denunció las limitaciones presupuestarias a las que se enfrenta este organismo, que ponen seriamente en peligro su imparcialidad. "El Gobierno debiera garantizar la independencia de la autoridad reguladora nacional (CNMC) mediante la asignación de los recursos humanos, materiales y presupuestarios suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones", expuso.
Consejo de Sabios
Otra de las medidas que los partidos podrían poner en marcha para tratar de mejorar el funcionamiento de las instituciones supervisoras de los mercados es la creación de un Consejo de Sabios. Esta instancia se encargaría de proponer y filtrar los nombres de los candidatos a ocupar los puestos en sus Consejos, lo que evitaría -o intentaría evitar- que los departamentos de toma de decisión de estos organismos estén compuestos por personas afines a los partidos políticos.
Ciudadanos pretende que el Comité esté compuesto por un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (contencioso-administrativo), un consejero permanente del Consejo de Estado, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un exjuez o abogado que haya ejercido en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y un catedrático de universidad.
Pese a que este paquete de reformas se ha negociado desde los primeros días de la legislatura, cabe recordar que los últimos consejeros de la CNMC se han designado por el tradicional sistema de cuotas entre los partidos. El PP propuso renovar a María Ortiz, el PSOE impulsó el nombramiento de Mariano Bacigalupo y Ciudadanos apostó por María Canedo. Por su parte, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea entraron en su Consejo después de que una sentencia del Tribunal Supremo considerara ilegal su destitución, en 2013, y obligara a readmitirlos.
